El Gobierno de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa desvelar quiénes son las 30.000 personas que en 2012 se acogieron a la amnistía fiscal. A pesar de que fue una medida aprobada por el Ejecutivo de Rajoy nada más llegar al poder para conseguir aflorar unos 40.000 millones de euros en bienes ocultos (Hacienda recaudó un total de 1.191 millones), en el equipo económico de los socialistas no tienen claro que dar a conocer los nombres y apellidos de los beneficiados de la Declaración Tributaria Especial (DTE), el famoso modelo 750, sea la mejor decisión. Existe una división entre ellos.
Rodrigo Rato, la familia Pujol, los Franco... Son algunos nombres de los afortunados que hace ahora seis años pudieron regularizar el dinero o propiedades que tenían ocultas al Fisco. Sin embargo, aún quedan miles y miles de particulares cuya identidad no se conoce. Por eso, durante su etapa en la oposición, Pedro Sánchez pidió en más de una ocasión al Gobierno de Rajoy que publicara quiénes se habían acogido a dicha amnistía fiscal. "La amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy", la llamó.
Ahora, una vez alcanzada La Moncloa, el equipo económico de Sánchez se divide entre quienes son partidarios de dar a conocer dicho listado y quienes se niegan en redondo. Las fuentes consultadas por La Información aseguran que miembros destacados del entorno del presidente se muestran favorables a su publicación. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre ha arremetido con dureza contra la aministía fiscal del PP que calificó como una decisión para "que los ricos tengan todas las herramientas para llevarse el dinero fuera, que no se les castigue y que tengan que tributar menos".
En el grupo que se opone a publicar la identidad de los amnistiados fiscales se encuentran altos cargos del Gobierno de Sánchez. Algunos de ellos eran diputados y, ya en su etapa en la oposición, se mostraron contrarios a que se diera a conocer el nombre de los beneficiarios. Las mismas fuentes sitúan en este bando a un grupo de socialistas capitaneados por Pedro Saura, actual secretario de Estado de Infraestructuras y que fue el cerebro económico del grupo parlamentario socialista.
Otras fuentes desvelan que cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se abrió hace un año en el Congreso a divulgar la lista de la amnistía fiscal recibió en su despacho del Ministerio la visita del propio Pedro Saura. Explican que en esa reunión el entonces portavoz económico del PSOE explicó que su postura era la de no desvelar las identidades y seguir manteniéndolas en secreto.
Fuentes del PP afirman, por su parte, que en el actual primer partido de la oposición la situación es similar a la del Gobierno. Hay, por tanto, diputados partidarios de dar a conocer los nombres de los amnistiados y otros que no lo son. Un dato: el que fuera responsable de Hacienda durante los últimos seis años y medio, Cristóbal Montoro, se muestra favorable a divulgar el listado de los particulares que aportaron la declaración tributaria especial.
Hay que recordar que en noviembre de 2016 los 30.000 beneficiados de la amnistía fiscal recibieron una carta en la que se les explicaba que el Congreso de los Diputados había aprobado una Proposición No de Ley (de Ciudadanos) en la que se instaba al Gobierno a "realizar con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria". El departamento de Montoro les informaba de que la Agencia Tributaria estaba realizando "un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes presentadores del modelo 750 para garantizar que dichos contribuyentes han realizado una regularización completa de toda su situación tributaria".
El Tribunal Constitucional nos da la razón sobre la amnistía fiscal del PP. Montoro debe asumir responsabilidades. https://t.co/ZGjfHcTXJG
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de junio de 2017
Hace justo ahora un año, el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal del PP al considerar que el Gobierno favoreció "la conducta de quienes incumplieron su deber de tributar". Esa decisión del alto tribunal provocó que el Congreso reprobara al ministro Montoro, pero los evasores respiraron tranquilos ya que en el mismo fallo se recogía que las declaraciones tributarias no podían ser revisadas. Ese día Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo popular debía "asumir responsabilidades". Quedaba justo un año para que ganara la moción de censura.
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