"Hay que dejar zanahorias" para el final de la legislatura, dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado mes de junio, cuando el Gobierno comenzó a negociar con Ciudadanos los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin embargo, nueves meses después y en plena vorágine de protestas de jubilados indignados el Gobierno ha rectificado y parece que sí va a rebajar el IRPF. Lo adelantó Javier Maroto este martes, afirmando que el Gobierno quiere eximir del pago del impuesto de la Renta a quienes cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros, lo que, según dijo, les permitirá ganar poder adquisitivo "por la vía de no pagar" este tributo. Sin embargo, pese a que parezca un anuncio nuevo, todo está negociado y preacordado desde el pasado verano.
Falta menos de una semana para que el Consejo de Ministros extraordinario del Martes Santo apruebe los Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno aún no ha anunciado cuál será la medida concreta para contentar a los pensionistas que se incluirá en este proyecto de ley que luego tendrá que negociarse en el Congreso y Senado. Se ha hablado de un cheque fiscal a los jubilados de mayor edad y también de eximir o rebajar el pago del IRPF a las rentas más modestas. Fuentes del Gobierno no concretan cuál será esa 'zanahoria' y se limitan a la declaraciones de Maroto como posible medida estrella de las que han llamado 'las Cuentas de la recuperación'.
"Mariano Rajoy ya ha eliminado el IPRF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales); ahora queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión", afirmó Maroto. Se trata, según fuentes cercanas al Gobierno, de un movimiento para intentar recuperar la iniciativa en un asunto peliagudo para el Ejecutivo y que se ha ido complicando con el paso de los días, con miles y miles de jubilados echados a la calle y que amenazan con provocar una primavera caliente en forma de protestas.
Sin embargo, esta propuesta ya estaba negociada y preacordada. No es nueva. El pasado verano, PP y Ciudadanos iniciaron una negociación para aprobar tanto el techo de gasto como los Presupuestos Generales del Estado. Celebraron varias reuniones de alto nivel y a las que asistieron representantes con galones por ambas partes: el ministro Cristóbal Montoro, y los secretarios de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, por parte de Hacienda; y, por parte de Ciudadanos, Luis Garicano, juntos a los diputados José Manuel Villegas, Toni Roldán y Francisco de la Torre.
De esos encuentros salió un acuerdo y un preacuerdo: el pacto cerrado consistía en una rebaja del IRPF en 2018 por un valor cercano a los 2.000 millones de euros para aliviar fiscalmente rentas más desfavorecidas, vulnerables y con menores ingresos. Y el compromiso consistía en una exención del impuesto de la renta a quienes cobren menos de 14.000 euros anuales y una reducción en los rendimientos del trabajo para los contribuyentes con un sueldo inferior a 18.000 euros (Maroto habló de 17.000). Así se habló para que fuera plasmado en unos Presupuestos de 2018 cuya negociación se congeló por el proceso independentista de Cataluña.
3,2 millones de rentas y 1,7 millones de pensionistas
Según los cálculos del Gobierno, esta medida preacordada hace ocho meses, tendría, de llevarse finalmente a efecto, un impacto de unos 2.300 millones de euros para el erario público y supondría un ahorro de entre 33 y 60 euros al mes para los contribuyentes, dependiendo del tramo de renta en que estuvieran encuadrados. Según los datos de la Agencia Tributaria, el ajuste fiscal beneficiaría en total a unas 3,2 millones de rentas de las que más de la mitad, en torno a 1,7 millones, son perceptores de pensiones. Tomando como referencia esta proporción, el impacto de la medida para los pensionistas estaría en torno a los 1.300 millones de euros aproximadamente, que viene a ser una cifra muy aproximada a lo que le habría costado a la Seguridad Social actualizar en 2018 las pensiones en función del IPC, algo más de 1.400 millones.
En otras palabras, la medida provocará lo que se denomina una transferencia de costes. Lo que el Gobierno, con cargo a las ya deficitarias arcas de la Seguridad Social, se habría gastado en actualizar las pensiones en función del IPC, lo empleará de igual forma en mejorar el poder de compra de los pensionistas, pero a través de una exención fiscal que desplazará el gasto - en este caso, la pérdida de ingresos - a las arcas del Estado, con el añadido de que beneficiará a las pensiones de nivel medio y dejará fuera a los pensionistas de mayor poder adquisitivo. Un argumentario difícil de batir por los que proponen una actualización del IPC para todos los pensionistas...
1.300 millones de euros
Será el ahorro fiscal para los pensionistas con ingresos anuales de entre 12.000 y 17.000 euros de la medida anunciada por el PP. El coste para las arcas del Estado será similar al que hubiera tenido para la Seguridad Social actualizar las pensiones en función del IPC.
Existe, no obstante, una clara diferencia en cómo el Gobierno y el PP anunció la rebaja del IRPF el pasado verano y en las palabras que pronunció Maroto este lunes. En julio de 2017 se vendió el acuerdo con Cs como una medida fiscal para aliviar a las rentas más bajas; sin embargo ahora se ha destacado que es una propuesta que afectará especialmente a esos jubilados que están saliendo a la calle para reclamar una pensión digna. Con esa estrategia el Ejecutivo de Rajoy trata de vender que está bajando los impuestos y que ha tenido un gesto con los pensionistas, aunque su disposición inicial no fuera esa.
Lo cierto es que el Gobierno tiene un mayor margen para bajar el IRPF con respecto al que tenía el pasado verano. Se están mejorando las previsiones de crecimiento de la economía española (el Banco de España acaba de hacerlo) y la recaudación es mayor desde entonces. De hecho, el propio Montoro desveló en el Congreso que nuestro país ingresó en 2017 198.000 millones de euros, en torno a 2.900 millones menos que lo que había calculado. El Estado, por tanto, tiene más dinero disponible para gastar.
Hay que destacar que en el preacuerdo que alcanzaron PP y Cs en julio también se incluían deducciones en el IRPF a los trabajadores que se dediquen al cuidado de dependientes. Se espera, por tanto, que se incluya un gesto con este grupo en los próximos Presupuestos con el objetivo de facilitar la contratación en el sector de cuidado de personas necesitadas. Esta novedad no ha sido anunciada aún por el Gobierno.
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