Limitar las cicatrices de la crisis y seguir conteniendo los costes sociales de la pandemia. Por insólito que pueda parecer las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la orientación que debe tener la política económica en esta fase de la crisis generada por el coronavirus no difiere gran cosa de las prioridades marcadas por el Gobierno de España. Acostumbrados a los tirones de orejas del organismo internacional por su resistencia a aplicar las reformas estructurales necesarias para mejorar su tejido productivo, el respaldo entusiasta del Fondo a iniciativas como los ERTE, el Fondo Sepi o el Ingreso Mínimo Vital han venido a mostrar un rostro diferente de uno de los organismos internacionales más criticados en España por su papel durante la crisis financiera de hace una década.
El alineamiento del FMI con esos hitos de la gestión gubernamental no han impedido al organismo con sede en Washington aprovechar el habitual balance de la situación económica en España en el marco del llamado Artículo IV para instar al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas de reforma ante la eventualidad de que un deterioro de la crisis sanitaria arrastre al país a una recaída económica. El Fondo ha puesto especial interés en advertir a las autoridades españolas de que el escenario base que sustenta sus previsiones - caída de la economía del 12,8% en 2020 y rebote del 7,2% en 2021 - está sujeto a un puñado de incertidumbres que en su inmensa mayoría amenazan con empeorar ese cuadro macro, entre las que la incapacidad del país para controlar los rebrotes del virus es una de las más importantes.
El informe hecho público este miércoles por la institución invita de forma expresa al Gobierno a prepararse para un deterioro de la situación económica, con sus consecuencias en forma de incremento del paro, aumento de las suspensiones de pagos y repunte de los impagos al sector financiero, y a adoptar de manera preventiva las medidas necesarias para poder paliar las consecuencias de un escenario de esa naturaleza. En opinión de los analistas del FMI la primera de ellas debe ser estar predispuesto como Gobierno a hacer lo que sea necesario para contener un eventual deterioro de la situación, incluso cuando ello acarree nuevos esfuerzos financieros. "En caso de producirse un acusado deterioro de las perspectivas económicas, (las autoridades) deberían estar dispuestas a intensificar temporalmente el apoyo en función de las necesidades derivadas de la pandemia".
El 'bazuka' preparado...y las ideas claras. Cerrada no sin trabajo la prórroga de los ERTE hasta el próximo 31 de enero y con un horizonte de mantenimiento parcial del instrumento a lo largo de 2021 en función de la evolución de la situación económica, el Fondo Monetario Internacional insta al Gobierno a empezar a pensar en la siguiente fase, la que exigirá que una parte de los trabajadores hoy protegidos por un ERTE acaben en el desempleo por la inviabilidad de sus empresas o al menos su incapacidad para salir adelante con la plantilla que tenían antes de la crisis.
"Con el tiempo, las prestaciones por desempleo deberían convertirse gradualmente en la red de seguridad predominante", asegura el informe del FMI, que considera que la transición de los trabajadores en ERTE sin expectativas laborales al desempleo facilitará la reasignación de puestos de trabajo hacia otros sectores con más expectativas de futuro y mitigará el riesgo "de mantener a trabajadores en empresas y sectores inviables". Para hacerlo bien, el FMI advierte a España de que la transición debería hacerse de manera gradual para evitar un 'shock' de desempleo y tendría que pasar por reforzar al menos temporalmente la red de protección al desempleo, facilitando el acceso a la misma de los damnificados por los cambios económicos y replanteándose la duración y la cuantía de las prestaciones para ofrecer la cobertura adecuada.
Red de seguridad para las empresas y para los bancos
A ojos del FMI el plan de contingencia del Gobierno no puede quedarse en ser un 'escudo social' sino que también debe crear un 'escudo económico y financiero'. El Fondo da por hecho que la retirada de las medidas de apoyo a la liquidez dispuestas por el Gobierno, principalmente a través de las líneas ICO con garantía estatal, va a disparar las solicitudes de suspensiones de pagos. La estrategia ante esta situación debe ser, según el Fondo, mantener e incluso mejorar los esquemas de apoyo con fondos públicos a empresas viables y solventes, con problemas puntuales de liquidez, y por otro lado mejorar la regulación de las suspensiones de pagos de modo que se mejoren los incentivos para reestructurar las deudas de las empresas privadas, incluso en lo que hace referencia a las deudas con el sector público.
La última pieza del circuito de dominó y el último muro de contención para evitar una crisis sistémica es el sector financiero. El FMI augura que a medida que vayan venciendo las medidas de apoyo a los prestatarios - moratorias, préstamos ICO, etcétera- el riesgo de crédito de las entidades se deteriorará y empezarán a incrementarse los activos de riesgo, poniendo contra las cuerdas a un sector que ya arrastra problemas de rentabilidad.
El informe del FMI señala que en este contexto será crucial que las entidades adopten las medidas necesarias para estabilizar su capital e intentar mejorar sus ratios de rentabilidad, incluyendo fusiones en el sector como la ya anunciado entre Bankia y Caixabank, pero entiende también que tanto el Gobierno como los supervisores tienen un importante papel que jugar, no sólo a través del mantenimiento de las medidas de alivio ya aprobadas sino en la vigilancia estrecha del sector para detectar lo antes posible los riesgos que afloren para la estabilidad financiera.
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