El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo encargado de costear los salarios e indemnizaciones por despido no abonados por las empresas insolventes o en concurso de acreedores, redujo sus pagos en 2020 un 13% respecto al año anterior, hasta los 453 millones de euros, su menor nivel desde 2008, punto de inicio de la Gran Recesión en España. La red de seguridad desplegada por el Gobierno para mitigar el impacto de la pandemia en el tejido empresarial ha permitido que, contra todo pronóstico, este indicador clave en momentos de crisis se haya desplomado, al menos temporalmente, ya que expertos y analistas de diferentes ámbitos económicos advierten de que, una vez encajado el primer envite de la Covid, se avecina una oleada de quiebras en los próximos meses.
En concreto, el año pasado, el Fogasa hizo pagos a un total de 63.753 trabajadores de 15.442 empresas en concurso o insolventes, por valor de 452,9 millones de euros, según los datos de la Secretaría de Estado de Empleo y Seguridad Social recopilados por La Información. Esta cantidad es inferior en 68 millones de euros al desembolso del ejercicio anterior y supone la más reducida desde 2008, cuando se abonaron 434 millones. Hay que recordar que los pagos de este fondo marcaron un máximo histórico en 2014, uno de los peores años de la crisis anterior en cuanto a destrucción de empresas y empleo, cuando se alcanzaron los 2.288,6 millones de euros en prestaciones tras resolver un atasco de más de 150.000 expedientes que acumularon periodos medios de tramitación de más de 12 meses.
Tras la experiencia de la crisis anterior, precisamente para evitar un nuevo colapso de los expedientes similar al que sí se ha vivido en esta ocasión en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Gobierno modificó la normativa en mayo de 2020, en el pico de la emergencia sanitaria, y estableció un máximo de tres meses para la resolución de los expedientes por parte del Fogasa, ante el riesgo de que la pandemia pudiera provocar un repunte de las insolvencias empresariales. Sin embargo, ese escenario no ha llegado a materializarse aún porque medidas como los ERTE o la propia moratoria concursal, que suspende el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores y la obligación del juez de tramitar las solicitudes, han contenido por el momento la sangría del tejido productivo.
Así se deduce de la estadística mercantil del Colegio de Registradores, difundida este lunes, en la que se aprecia un descenso del 5,6% en los concursos de acreedores en 2020 respecto a 2019. En total, se registraron 3.428 concursos en un ejercicio marcado por la ralentización del proceso concursal durante el estado de alarma y por la propia moratoria que amplió los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre (después se ha prorrogado hasta el 14 de marzo de 2021), impidiendo también la presentación de concurso necesario, con objeto de ayudar a las empresas en dificultades que pudieran ser rentables. Esto produjo un desplome de los concursos en el entorno del 80% en meses como abril o mayo y un repunte a partir de septiembre, hasta cerrar el año con un alza superior al 30% en diciembre (19,5% en el cuarto trimestre), que sin embargo no cambió el signo del conjunto del año (-5,6%).
A la vista de esas cifras, desde el Consejo General de Economistas vienen advirtiendo de que hasta ahora la moratoria concursal y las limitaciones de la actividad judicial han provocado un reflejo irreal de la salud del tejido empresarial y de que cuando llegue el deadline se producirá una descompresión que amenaza con provocar el colapso de los juzgados. En este sentido, el 'Atlas Concursal 2020', que elabora el Registro de Economistas Forenses -órgano especializado del CGE en materia de insolvencias-, vaticina una avalancha próxima de insolvencias empresariales, con un alza de más del 40% en 2021, y recomienda acudir a mecanismos de refinanciación y reestructuración, así como de mediación y segunda oportunidad, para preservar el tejido productivo.
El Banco de España también augura un repunte significativo de las quiebras una vez expire la moratoria concursal. En un reciente informe en el que hizo balance de las cicatrices que la crisis sanitaria puede dejar en el tejido productivo doméstico estima que el desplome de la rentabilidad de los negocios como consecuencia de los cierres forzados y la caída repentina de la demanda, así como el endeudamiento para hacer frente a esta situación, ha conducido al 40% de las empresas a una realidad de presión financiera elevada. El supervisor matiza que la mitad de ellas acumuló en el pasado un colchón suficiente para sortear el golpe, pero en un tejido empresarial dominado por las pymes y los autónomos, hay entre un 15% y un 19% de las empresas que están condenadas a la quiebra .
El desplome de los pagos del Fogasa se produce, por tanto, en la antesala de una oleada de quiebras. España se encuentra en una suerte de "calma tensa" que el economista Javier Santacruz atribuye directamente a los ERTE, que en el pico de la crisis llegaron a dar cobertura a nada menos que 3,6 millones de trabajadores. "Los impagos de salarios por parte de las empresas han caído considerablemente, de modo que este indicador se ha desacoplado de lo sucedido en otras crisis, al menos por el momento, mientras duren los ERTE", insiste este experto. Hay que recordar que, según los últimos datos, todavía están protegidos por estos expedientes más de 755.000 trabajadores y existe un riesgo elevado de que un alto porcentaje de ellos sea expulsado del mercado laboral una vez el Gobierno retire el actual esquema de protección y el Fogasa tenga que hacerse cargo de sus indemnizaciones.
La factura de las indemnizaciones
En este sentido, cabe recordar una propuesta de la patronal madrileña CEIM, que el pasado mes de septiembre pidió al Gobierno que facilitase el tránsito del ERTE (temporal) al ERE (definitivo) cuando el pago de indemnizaciones por despido ponga en peligro la viabilidad de la empresa. Para esos casos en los que estuviera en riesgo la supervivencia de la compañía, los empresarios de la capital reclamaron que el Fogasa asumiera el 50% del coste de las indemnizaciones por despido, frente al máximo que asume en la actualidad (el doble del salario mínimo, con un tope de un año). Según las estimaciones de Santacruz, el coste de medio millón de despidos rozaría los 3.700 millones de euros, de modo que si el Fogasa se hiciera cargo de la mitad, necesitaría 1.850 millones, frente a los 831,4 presupuestados para 2021.
Con todo, el Gobierno no es ajeno a los augurios de economistas y prestigiosos organismos nacionales e internacionales que vaticinan una avalancha de quiebras y, en aras de amortiguar la salida masiva de efectivos del mercado de trabajo, ha diseñado toda una red de seguridad que tiene su reflejo en los Presupuestos de 2021. Para empezar, ha incrementado el presupuesto del Fogasa un 4,4%, hasta esos 831,4 millones, y ha duplicado la aportación del Estado tanto a este fondo como al SEPE, hasta 295 millones. Además, el propio gasto previsto para prestaciones por desempleo crece un 20%, hasta superar los 25.000 millones de euros. En paralelo, se han reforzado las ayudas para trabajadores despedidos por reestructuración y cierre de empresas y se ha incrementado un 40% la previsión de exenciones en el IRPF por las indemnizaciones por despido y cese.
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