Las empresas huyen de la inestabilidad. No es ningún secreto. La prosperidad rara vez arraiga en entornos convulsos. La Declaración Unilateral de Independencia aprobada este viernes por el Parlament catalán y la automática aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, con el aval del Senado español, han terminado por perfilar la clase de escenario que espanta a los inversores y mete en un embrollo a las empresas que localizan su actividad en ese territorio.
El Departamento de Economía de la principal organización empresarial catalana, Foment del Treball, ha elaborado un informe en el que trata de estimar el impacto que tendría sobre la 'movilidad empresarial' - es decir, sobre la salida de empresas del territorio catalán- de "un cambio significativo en el contexto político en Cataluña", como el que sin duda se ha producido este viernes.
El contexto está marcado por las cifras oficiales del Registro de la Propiedad que cuantifican en cerca de un millar las empresas catalanas que han procedido a cambiar su sede social tras el 1-O.
Lo que sostiene el trabajo de los analistas de Foment es que en "un entorno de incertidumbre jurídica permanente" se producirían dos fenómenos significativos. Por una parte, la relocalización progresiva fuera de Cataluña de bienes y servicios hasta ahora producidos en este territorio por parte de las empresas que ya han trasladado su sede social y fiscal; por otra, nuevas decisiones de traslado de la sede social fuera de Cataluña por empresas hasta ahora domiciliadas en el territorio.
Una amenaza para el 40% del empleo en Cataluña
El fenómeno, matizan los analistas de la organización, se concentraría en las empresas de tamaño mediano y grande, un universo formado por unas 7.000 compañías, según los datos del instituto estadístico catalán (Idescat), y que es responsable al menos del 40% del empleo en Cataluña, si se extrapolan los datos a nivel nacional, ya que no existe dato alguna oficial a nivel regional.
La patronal catalana relativiza el impacto real experimentado hasta ahora por la actividad económica en Cataluña a cuenta del desplazamiento de sedes sociales de importantes empresas hacia otros territorios. Su equipo de analistas entiende que estos movimientos carecen de impacto económico significativo "porque la actividad de la empresa permanece en el ámbito original", si bien sí señala que puede acarrear efectos negativos a medio plazo en términos de imagen y reputación.
El asunto es que esa deslocalización formal o administrativo se traducirá en el traslado de centros de actividad y trabajo a medida que la incertidumbre crezca, entre las empresas que desarrollan bienes y servicios que puedan ser fácilmente desplazados.
"Los riesgos son más relevantes en el medio plazo", advierte la organización, "en la medida que se pueda ver limitado el desarrollo de ciertos planes de inversión si el entorno de incertidumbre jurídica permanece", como parece ser. En ese escenario, auguran, habría impactos negativos sobre la inversión y el empleo, y las empresas tendrían serios incentivos para relocalizarse en otros territorios menos convulsos.
Eso en lo se refiere a los efectos directos que Foment considera que se concentrarán en el tejido empresarial de mediano y gran tamaño, pero, claro, la economía está interconectada y esas empresas grandes y pequeñas suelen tener una importante responsabilidad en el mantenimiento del tejido empresarial de menor tamaño que suele actuar como proveedor de servicios o beneficio indirecto de la capacidad motriz de las grandes. Por esa vía Foment entiende que el ámbito de la microempresa también sufriría.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios