Con 50 votos a favor y uno en contra. Así salió adelante el visto bueno de la patronal al acuerdo con el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales para regular la situación laboral de los repartidores de plataformas digitales. Solo Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, se posicionó en contra del texto pactado en el ámbito del diálogo social, según revelan a La Información fuentes presentes en el cónclave empresarial telemático celebrado el miércoles a última hora de la tarde. De este modo, el líder de la patronal catalana respaldó la postura de empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats, que defienden el modelo de autónomos frente al criterio del Tribunal Supremo, que ha sentenciado que los conocidos como riders son trabajadores por cuenta ajena.
Algunos de los socios que participaron en el Comité Ejecutivo que alumbró el 'sí' a la regulación de las plataformas de reparto y, con él, el octavo acuerdo de la legislatura entre los interlocutores sociales, definen como "enérgica" la defensa que hizo Sánchez Llibre del posicionamiento que mantienen las plataformas de delivery líderes del sector sobre el modelo actual con el que operan en el mercado, así como su rechazo al texto final, que parte de la laboralización de los riders y amplía el derecho de información a los representantes sindicales al ámbito de la parte del algoritmo que incide en la relación laboral, no solo de las personas dedicadas al reparto, sino en todos los puestos de trabajo vinculados a plataformas digitales.
El presidente de la patronal catalana se topó con el respaldo unánime al texto de las distintas patronales territoriales y sectoriales representadas en el Comité Ejecutivo. La madrileña CEIM, la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme, los autónomos de ATA, la banca, las eléctricas, la logística, la construcción, las tecnológicas, los seguros... la patronal valenciana o la andaluza, y el resto de autonómicas, son solo algunos ejemplos de organizaciones empresariales que se posicionaron a favor del acuerdo, incluidas aquellas de sectores que operan con plataformas digitales. Todas, menos Foment. "Sánchez Llibre se quedó solo, frente a una postura comúnmente aceptada de que hay que cumplir la sentencia del Supremo", analiza uno de los participantes en la votación.
Quien es la voz de los empresarios catalanes en la CEOE descartó así plegarse a la voluntad mayoritaria y defender el posicionamiento unánime de la patronal. Una postura que desencajó a algunos de los presentes en el Comité, que recuerdan cómo durante el último año, incluso las organizaciones representantes de los sectores más azotados por la crisis económica provocada por la pandemia, como el turismo o la hostelería, han defendido la unidad empresarial, dando su apoyo a numerosos acuerdos alcanzados con el Gobierno durante la emergencia sanitaria, a pesar de considerar en muchas ocasiones que no se ajustaban del todo a sus necesidades o que se quedaban cortos en cuanto a protección de estas actividades. E inciden en que se trata precisamente de las actividades más golpeadas por la Covid.
La intervención de Sánchez Llibre fue, en boca de los presentes, "vaga de argumentos". Frente al discurso, por ejemplo, del presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien defendió que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores autónomos, sino asalariados, porque así lo han determinado medio centenar de sentencias y la jurisprudencia del Supremo, además de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en numerosas actuaciones, y también el Congreso de los Diputados y el Senado. Los empresarios, defendió Amor, deben "lealtad institucional" al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial. Otros socios coincidieron con el representante de los autónomos en defender los compromisos de responsabilidad social y el trabajo digno. Se mencionó, incluso, el caso del rider fallecido en Madrid tras chocar con un camión de la basura.
Fue un Comité muy largo, con muchas intervenciones, que acabó ya entrada la noche y que finalizó con el visto bueno de la CEOE al acuerdo, pese a la negativa de Foment. La posición de los empresarios no estaba clara en las pasadas semanas, pero finalmente, un alcance del texto considerablemente más acotado respecto a las intenciones iniciales del Ministerio, inclinó la balanza hacia el 'sí'. La cúpula de la patronal hizo el análisis de recorrer todos y cada uno de los borradores llevados por Trabajo a la mesa del diálogo social y concluyeron, básicamente, que de lo que se pretendía a lo que ha quedado hay un trecho en el que los empresarios han salido ganando.
No en vano, el Ministerio de Trabajo llegó a plantear en lo que bautizó como "Anteproyecto de ley contra la huida del derecho del trabajo a través de las nuevas tecnologías" la laboralización del conjunto del colectivo de trabajadores de las plataformas, la creación de un registro específico obligatorio para estos operadores y la obligación de revelar por completo los algoritmos aplicados a la organización de la actividad, la 'fórmula de la Coca-Cola' de las compañías. El texto final, en cambio, se circunscribe a los riders, elimina el registro e incorpora una modificación en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que habla de los derechos de información, para obligar al conjunto de plataformas informar sobre la fórmula matemática o algorítmica que incide en las condiciones laborales.
Trabajo llegó a plantear la laboralización de todos los trabajadores de plataformas y la creación de un registro obligatorio
Otra de las modificaciones que ha logrado la CEOE en el contenido de la nueva regulación es el reconocimiento explícito en la norma de que las plataformas pueden subcontratar a otras empresas e incluso a trabajadores por cuenta propia, al quedar excluido de la presunción de laboralidad el artículo 1.3. del Estatuto, en particular el apartado f, que regula "la actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma". Esto da un margen importante a las plataformas para no tener asumir el coste de laboralizar a todos sus riders. Adicionalmente, ante picos de demanda, deberán contratar trabajadores temporales.
Pese a estos logros de los negociadores de la patronal, desde la asociación de plataformas de servicios bajo demanda (APS), que representa a Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, critican "las cesiones" de la CEOE en las negociaciones, ante lo que la patronal asegura que se han mantenido reuniones prácticamente diarias con estas empresas y que sus propuestas han sido respetadas en el texto final. En contraste, desde Just Eat, que opera con contratos laborales, aplauden el acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social porque "generará la seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los trabajadores y asegurar que todos los operadores del sector puedan desarrollar su actividad con las mismas reglas".
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