Foment del Treball pone deberes a la Generalitat de Cataluña. La patronal considera que el actual modelo de financiación autonómica y el exceso de tributos propios de la administración catalana no favorecen la actividad económica y empresarial y disuaden la atracción de inversiones y de talento a Cataluña. Para intentar solucionarlo la organización presidida por Josep Sánchez Llibre propone una reforma del marco regulatorio del sistema fiscal que se aplica en Cataluña a empresas y ciudadanos con el propósito de equipararlo al resto de comunidades autónomas de España y también a las principales capitales europeas.
El objetivo, aseguran, pasa por no perder posiciones en el ránking de los territorios y capitales europeas más dinámicas y competir en igualdad de condiciones, "de modo que la fiscalidad no represente un obstáculo, sino que, por el contrario, estimule la localización de inversiones y capital humano en Barcelona y las principales comarcas de Cataluña".
Los empresarios catalanes proponen que el Impuesto sobre el Patrimonio, temporalmente suprimido en 2008/2010 y que se recuperó en el 2011 en un escenario de desplome de los ingresos tributarios, sea eliminado. Recuerdan que Madrid y La Rioja han establecido una bonificación del 100% y del 75% del impuesto, respectivamente; y que Cataluña tiene, junto a Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana, el mínimo exento más bajo (500.000€). Foment, por tanto, plantea su supresión o la bonificación del 100%, ya que, según consideran, su contribución a la redistribución del sistema fiscal es mínima, como consecuencia de su escasa capacidad recaudatoria y los elevados costes de su gestión. Sólo reduce en un 0,03% la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares españoles, añaden.
Foment también propone a la Generalitat la reducción del importe del límite máximo de los fondos de pensiones y de los planes de empleo, que fue fijado en noviembre de 2014 en 8.000 euros. Antes de 2011, los mayores de 52 años podían hacer mayores aportaciones a los planes de pensiones (que era de 12.500 euros más 1.250 euros por cada año de edad a partir de 52 años, con el límite máximo de 24.250 euros).
Ante la situación del sistema de pensiones, aseguran, debe incentivarse (en este caso diferirse) el pago del impuesto de la renta de las personas físicas para que cada persona pueda responsabilizarse más de su pensión, con el ahorro, y por lo tanto, debe revertirse este criterio tan estricto que a lo largo de la crisis se ha hecho del límite máximo a aportar a los planes y fondos de pensiones, volviendo al sistema de un límite mayor para todos, y aumentando para los mayores de 52 años hasta los 24.250 euros.
Sobre el IRPF, Foment llama la atención sobre el hecho de que Cataluña tenga el tipo mínimo más alto, con un 21,5% (12% en la parte de la tarifa autonómica, y 9,5% en la estatal). También cuenta con el tipo máximo, con un 48% (25,5% en la tarifa autonómica, y 22,5% en la estatal), junto con otras Comunidades como Andalucía o Asturias. El más bajo, en cambio, se sitúa en Madrid con un 18,5% de tipo mínimo conjunto y un 43,5% el tipo impositivo máximo conjunto.
Foment denuncia que la recaudación que se obtiene por los tipos máximos es exigua, pero su efecto espejo es relevante ante los ejecutivos que deben de decidir sobre donde ubicar una nueva actividad. Seguramente a corto plazo su resultado es inapreciable, pero a medio y largo plazo puede ser relevante y en sentido contrario, concluyen los empresarios catalanes.
El equipo de Sánchez Llibre también pone sobre la mesa reducir los tipos para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Así como aproximar el de Sociedades a la media europea. "Foment propone establecer un Impuesto sobre Sociedades que permita mejorar la financiación propia mediante un tipo más reducido para pymes y para los beneficios no distribuidos, y considera esencial mantener en el futuro la deducción del 100% por doble imposición, como hasta ahora y la eliminación del pago mínimo del mismo", plantea la patronal.
Foment propone, asimismo, fijar el tipo reducido del IVA (del 10%) a las siguientes actividades: gimnasios, debido a que constituyen un elemento esencial en la prevención de la salud; gastos de sepelio o por decesos, ya es un dispendio relevante de la economía familiar, y hay que revertir la subida del tipo impositivo del reducido al general adoptada en la crisis; servicios básicos, como el suministro de agua, electricidad y gas; parques de atracciones, por su capacidad de arrastre sobre la actividad turística, siendo España la segunda potencia mundial, por ingresos turísticos en su Balanza de Pagos; peluquerías, recuperando el tipo que tenían antes de la crisis, y que se realizó en base a ser un tipo de actividad muy intensiva en trabajo, y presente en todo el territorio nacional; coste de la energía empleada por los regadíos; por los trabajos forestales de apertura de caminos y por los verdes ornamentales, para potenciar el sector agrario.
También sugiere fijar el tipo de IVA superreducido (4%) a los sectores de la carne y la pesca; y a todos los servicios sociales de dependencia del sector privado por justicia social.
Lucha contra la economía sumergida
La patronal catalana insta al Gobierno a la elaboración de un plan estratégico a cuatro años para reducir la economía sumergida en diez puntos en relación al PIB. En total, los ingresos ascenderían a 100.585 millones de euros en el conjunto de los cuatro años, si se hiciera de forma gradual. A partir del cuarto año se logran unos ingresos recurrentes de 40.234 millones anuales.
Foment considera que reducir el volumen de economía sumergida –que en España registra una tasa muy superior al de los principales países de la UE -alcanza un volumen similar al 25,2% del PIB-, supondría ese impacto por incremento en la recaudación por impuestos.
El informe de los empresarios catalanes ilustra, por ejemplo, que, si España lograra reducir la economía sumergida al registro de Alemania, que representa un 15,6% del PIB del país, las arcas públicas aumentarían sus ingresos en 38.625 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,6% de recaudación por impuestos.
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