La operación de rescate de las nueve radiales y autopistas de peaje construidas durante los años de vino y rosas y quebradas casi de inmediato por la mala planificación y los errores de gestión dejará una cicatriz de al menos 1.000 millones de euros en las cuentas del Estado, según la información proporcionada este jueves por fuentes del Ministerio de Fomento.
Esa será la factura mínima que le tocará asumir al erario público por la quiebra de la Autopista AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la Circunvalación de Alicante, la AP-7 en sus tramos Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera, la Autopista Eje Aeropuerto M-12 y las radiales 2 (Madrid-Guadalajara),3 (Madrid-Arganda), 4 (Madrid-Ocaña) y 5 (Madrid-Navalcarnero).
El plan de Fomento pasa por esperar a la liquidación de las empresas concesionarias de estas vías de peaje, recuperar la titularidad legal de las vías de peaje y adjudicarlas nuevamente a operadores privados en unas condiciones más acorde con la realidad del mercado. En esa sucesión de acontecimientos, que el Ministerio espera que se sustancie en el curso de los próximos doce meses, Fomento asume que tendrá que hacer frente a una factura de alrededor de 2.000 millones de euros - al menos así se comunicó a Bruselas en el avance del Plan Presupuestario para 2018- por lo que considera como la adquisición de unos activos que tienen un valor de mercado por el que hay que pagar. Se puede explicar así o considerar, por el contrario, que esos 2.000 millones representan la responsabilidad patrimonial a la que debe hacer frente el Estado por contribuir a poner en marcha unas infraestructuras ruinosas que en ningún momento siquiera se acercaron a los objetivos de tráfico y rendimiento económico con el que se adjudicaron a sus empresas concesionarias.
El Gobierno, no obstante, confía en abaratar esa factura por dos cauces. En primer lugar mediante la materialización de las fianzas que constituyeron en su día las empresas concesionarias, con el respaldo de los bancos, para dar cobertura financiera a sus planes de construcción y explotación, y que el Gobierno se considera en el derecho legal de exigir para sí. De este modo, Fomento estima que puede recuperar entre 250 y 300 millones de euros.
La segunda vía es la re-adjudicación a concesionarios privados antes de final de año de las vías de peaje ahora rescatadas y cuya titularidad asumirá la Sociedad Estatal de Transporte Terrestre (Seittsa) a lo largo de este año, con sus 700 empleados, sus costes asociados (servicios de auditoría, de gestión..) y sus singulares circunstancia, con un sobrecoste agregado que Fomento reduce a apenas 400.000 euros. El caso es que el Gobierno confía en obtener entre 750 y 1.000 millones de este proceso de re-adjudicaciones según sus cálculos prelimimares, cuya base arroja no obstante algunas dudas razonables.
La primera de ellas parte de la propia desconfianza de Fomento en conseguir llegar al rango más alto de la horquilla. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, admitía este jueves en declaraciones a las radios que esta cifra era bastante "aspiracional". La segunda viene de cierta inconsistencia en el método de cálculo utilizado. Según fuentes del Ministerio, se ha llegado a esa estimación del valor concesional de las autopistas de peaje a partir de estimaciones sobre el tráfico esperado y el precio razonable de los peajes...si bien admiten también que éste último no se puede prejuzgar y que hay un estudio sobre tráficos esperados en marcha que puede influir sobre esa estimación. Vamos, que está todo por determinar.
Pero hay más. Los 2.000 millones de euros de responsabilidad patrimonial que prevé asumir el Estado están muy lejos tanto de las aspiraciones tanto de los fondos de inversión que se hicieron con los paquetes de deuda de las concesionarias y que hoy son sus principales acreedores, como de las propias empresas concesionarias que elevan esa factura a 5.600 millones de euros, lo que augura un largo y enconado conflicto judicial. Éste, no obstante, no se resolverá a corto plazo y en caso de generar un gasto extra al Estado no tendrá que asumirse hasta dentro de un puñado de años.
El último elemento de incertidumbre viene de Europa, siempre atenta al modo en que los Estados resuelven sus conflictos con las empresas para evitar posibles tratos de favor. Fuentes del Gobierno admiten que Bruselas supervisa la operación, con más ahínco cuando es bastante probable que muchas de las empresas concesionarias de la construcción de estas vías concurran de nuevo para optar a su explotación a finales de año.
Guía para un rescate 'exprés'
El Gobierno tiene la sana intención de sustanciar todo el proceso en 2018 para limitar al máximo la trascendencia contable del asunto. Consideran que haciéndolo así conseguirán que Europa considere la operación como un efecto coyuntural sobre el déficit y no obligue al Gobierno a incluir las minusvalías de la operación dentro del déficit público que Bruselas tiene en cuenta a la hora de considerar si se han cumplido o no objetivos
Esto implica un exigente calendario de eventos que, a grandes rasgos seguirá la siguiente secuencia:
- Febrero. Seittsa asume la gestión de la R-4 tras su reciente liquidación.
- Marzo. Fomento espera que a partir de ese mes la sociedad estatal asuma también la gestión de otras siete autopistas cuyo proceso de liquidación está avanzado: R-2 (Madrid-Guadalajara), M-12 (Eje Aeropuerto), R-3 (Madrid-Arganda del Rey), R-5 (Madrid-Navalcarnero), AP-36 (Ocaña-La Roda), Ciralsa o Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera-.
- Junio. Fecha límite fijada por Fomento para sacar a licitación las autopistas de peaje rescatadas, incluyendo la AP-41 - cuyo proceso concursal va más retrasado-. Fuentes del Ministerio aclararon que la licitación se hará en dos lotes: en uno se incluirá la Circunvalación de Alicante y el tramo Cartagena-Vera de la AP7; y en el resto todas las demás.
- Diciembre. Fomento confía en poder adjudicar antes de que finalice el año las nueve autopistas de peaje rescatadas.
La otra gran duda es cuando se materializará el pago de la responsabilidad patrimonial de la Administración, estimada en 2.000 millones de euros pero cuyo cálculo definitivo se realizará cuando se hayan liquidado todas las empresas concesionarias y la IGAE haya dado el visto bueno a la estimación de Fomento. Desde Fomento se aclara que el Ministerio tiene seis meses para realizar ese cálculo desde el cierre del proceso de liquidación de cada radial y que, posteriormente, no hay ley que estipule un plazo específico para hacer frente a esa compensación, aunque el Ministerio admite que se abonará a las concesionarias antes de que finalice el año.
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