Fomento elimina líneas de media distancia para ahorrar 51 millones en 2015

El Consejo de Ministros aprobó hoy un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público, con el objetivo de ahorrar hasta 51 millones en 2015.
A través de este plan, el Gobierno garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, según informó el Ministerio de Fomento.
En concreto, el Departamento que dirige Ana Pastor ha establecido un plan de racionalización de los servicios de media distancia, que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público.
A su juicio, el criterio "fundamental e irrenunciable" es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera.
El plan, sobre la base de estudios rigurosos y datos objetivos según Fomento, establece como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15% también podrán declararse como OSP, teniendo en cuenta criterios de cohesión y vertebración territorial.
De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios, y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús. Con ello, se logra un mejor ajuste que permite mantener las oportunidades de viaje. Junto a ello, otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.
El Plan de racionalización de servicios supondrá un ahorro progresivo hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales de costes directos.
En la actualidad, según Fomento, hay servicios ferroviarios que muestran importantes ineficiencias. El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%.
En estos servicios de menor aprovechamiento, se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.
PLAZOS
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las OSP se revisarán cada dos años. Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.
En caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, dicha comunidad autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.
Por otro lado, Renfe Operadora continuará prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones (Avant) en las mismas condiciones que lo viene haciendo en la actualidad y antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente sujetar a tales obligaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte.
Además, Renfe Operadora continuará prestando desde el 1 de enero de 2013 los servicios ferroviarios de transporte de viajeros sobre la red de ancho métrico que en la actualidad presta Feve, en virtud de su integración en esa fecha.
Antes del 30 de junio de 2013, el Consejo de Ministros definirá qué servicios resulta pertinente sujetar a obligación de servicio público para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transportes. Este plan forma parte del proceso de reorganización y optimización de los servicios ferroviarios que se viene desarrollando en 2012 y que incluye la reducción de gastos corrientes, adelgazamiento de la estructura directiva y mejora de la política comercial.