Los agentes implicados en el proceso de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril -que arrancará con la apertura a la competencia privada de los tramos del AVE a partir del mes de diciembre de 2020- han dado por buena la estimación de que dicho proceso se traducirá en un incremento de demanda del 50% por este servicio y que una parte relevante de este repunte vendrá del cambio de modo de transporte por parte de viajeros que hoy utilizan para sus desplazamientos el autobús por una cuestión básicamente de rango de precios.
Hay escépticos, entre los que se cuenta el presidente de Renfe, Isaías Táboas, que en una reciente jornada sobre el asunto puso en duda la capacidad del proceso liberalizador para generar semejante nivel de atracción sobre los viajeros de otros modos de transporte -escarmentado por la experiencia de la liberalización del tráfico de mercancías, según confesó-, pero entre consultores, reguladores y potenciales inversores existe la convicción de que ese trasvase de producirá.
Con este clima como telón de fondo, el Ministerio de Fomento acaba de dictar una resolución, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, que obliga a las empresas concesionarias de las 82 rutas de servicio regular de viajeros que todavía gestiona la Administración General del Estado -en 1993 eran 145- a incrementar el nivel de detalle de la información que ya vienen ofreciendo al Ministerio desde hace más de 15 años sobre los tramos que gestionan.
Hasta ahora, las empresas concesionarias tenían la obligación de informar trimestralmente de "cada uno de los tráficos que integran la concesión", entendido el concepto 'tráfico' como los trayectos entre el punto de partida y las diferentes paradas que contemple la ruta en cada uno de sus horarios, incluido el destino final, de modo que vencido cada trimestre cada empresa concesionaria debía informar de manera global a Fomento del número de viajeros 'movido' a cada uno de los puntos de destino incluidos en la ruta.
Lo que pretende Fomento es obtener una información todavía más detallada. Ya no le basta con tener una foto general del volumen de viajeros que las concesionarias mueven a cada destino cada tres meses, quiere conocer al detalle los viajeros movidos en cada ruta y en cada expedición, entendida ésta como cada circulación independiente con horario y calendario diferenciado, realizada entre la totalidad o una parte de los núcleos de población comunicados por el servicio.
Las concesionarias deberán revelar los viajeros de cada ruta y de cada expedición, los movidos en vehículos adscritos al contrato de la concesión -los que se entiende que son necesarias para cubrir el servicio con un adecuado nivel de calidad-, los que se desplacen en vehículos de refuerzo de la empresa concesionaria del servicio y también los que completen el recorrido en vehículos de refuerzo solicitados a otros transportistas, un método que según el último informe realizado por Fomento al respecto 'soluciona' el 9% de los desplazamientos.
Fuentes de la patronal del sector, Confebus, admiten que la resolución de Fomento les obligará a proporcionar alguna información adicional, pero no aprecian ninguna relación de esta maniobra con el proceso de liberalización ferroviaria que, aseguran, "está por ver" que reste tráfico a las empresas de transporte por carretera.
Según los datos del Observatorio del Transporte de Viajeros por Carretera, las empresas concesionarias de las 82 rutas estatales movieron en 2017 cerca de 29 millones de viajeros (28.837.475) tras experimentar un incremento del 2% respecto a 2016 y registrar una ocupación media del 23,61% en los trayectos operados. La empresa concesionaria más importante es Alsa, que también quiere competir dentro de la liberalización del mercado ferroviario.
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