El hecho de que el erario público vaya a tener que compensar a las empresas concesionarias de las cuatro radiales y las cinco autopistas de peaje declaradas en quiebra con una cantidad no inferior a 2.000 millones de euros no implicará que el Gobierno vaya a obligar a los nuevos concesionarios de esas autopistas a aplicar peajes más baratos. Según fuentes del Ministerio de Fomento, el Gobierno no tiene la intención de predeterminar ninguna condición tarifaria a los futuros responsables de la explotación de estas vías y el precio que se estipule en los pliegos de concesión que el Ministerio tiene previsto sacar este mismo año dependerá de los estudios de demanda de tráfico que ya se han encargado a una empresa especializada y a las horquillas que el mercado - es decir, las empresas- estén dispuestas a pagar.
El nuevo proceso de adjudicación de las autopistas de peaje quebradas iniciado este mes de enero por Fomento con la activación del procedimiento administrativo para la reversión de la propiedad de las mismas hacia el Estado se limitará exclusivamente a los servicios de explotación y mantenimiento de las vías. Dado que el anterior también incluía en el coste de la concesión el gasto asociado a la construcción de las mismas era razonable una cierta expectativa sobre la posibilidad de que el aligeramiento de las responsabilidades de los futuros concesionarios se pudiera traducir en tarifas más baratas para los usuarios.
Desde Fomento no se rechaza que el proceso pueda derivar finalmente en una rebaja de las tarifas, pero se descarta que ése vaya a ser un objetivo prioritario en la configuración de los pliegos, es decir, que vaya a determinar la oferta a las potenciales concesionarias. El asunto, explican, se ha puesto en manos de una consultora especializada para afinar lo máximo posible tanto los precios de licitación como las tarifas asociadas al mismo y no incurrir en errores del pasado, y para ello se estará a los resultados de los informes de sensibilidad sobre demanda y tarifas. Lo que se sabe de momento es que la intensidad media diaria de tráfico en las autopistas de peaje rescatadas fue de 4.200 vehículos en 2017 después de experimentar un incremento del 8,6%, superior al 7,6% de 2016 y al 5,2% de 2015.
Hay otros factores en liza. Fomento está analizando una serie de alternativas que afectan a la M-50, la M-12 y la autovía de aproximación a Alicante que también podrían influir sobre el precio futuro de los peajes, en función de que se decida incluir una o varias de estas vías en el segmento de pago dentro del proceso de adjudicación que se llevará a cabo este año.
En marcha el rescate a las radiales
El Ministerio de Fomento anunció este jueves la activación del proceso de rescate de las cuatro radiales y las cinco autopistas de peaje puestas en marcha durante los años de la burbuja y cuya quiebra ha obligado al Estado a salir en su rescate para mantenerlas en funcionamiento.
En los próximos doce meses el Gobierno tiene la intención de sustanciar la reversión a propiedad del Estado de todas estas vías, la transferencia de su gestión a la Sociedad Estatal de Transporte Terrestre (Seittsa) y su adjudicación a operadores privados con un coste estimado para el erario público de en torno a 1.000 millones de euros.
Si el plan se cumple, en 2019 las autopistas estarán ya siendo explotadas por sus nuevos dueños con un horizonte de gestión de 25 años y en unas condiciones que garantizan su sostenibilidad a medio plazo.
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