Lunes, 16.09.2019 - 04:57 h
Explotará durante cuatro años más las autopistas rescatadas

Fomento pone fecha a la liberalización definitiva del tren: diciembre de 2020

A partir de entonces, las empresas privadas podrán entrar a competir en tráfico de Alta Velocidad y Larga Distancia frente a Renfe.

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Fomento pone fecha a la liberalización definitiva de Renfe: diciembre de 2020. / L.I.

El Gobierno ha fijado diciembre de 2020 como fecha de la liberalización del transporte de viajeros en tren, de forma que a partir de entonces empresas privadas podrán entrar a competir en tráfico de Alta Velocidad y Larga Distancia con Renfe, que verá así roto su actual monopolio.

Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que modifica la Ley Ferroviaria, para adecuarla a este plazo de liberalización fijado por la UE para toda Europa. En virtud de esta modificación legal, a partir de diciembre de 2020, "cualquier empresa que disponga de licencia de operador ferroviario y del correspondiente certificado de seguridad puede entrar a prestar servicios en competencia con Renfe", según informó Fomento en un comunicado.

De esta forma, el Gobierno pone fecha a la apertura de un mercado que anualmente mueve unos 22 millones de pasajeros y genera una facturación de unos 1.000 millones de euros, si bien presenta además un potencial de crecimiento por el aumento de la demanda y la puesta en servicio de nuevas líneas AVE. Esta apertura a la competencia de 2020 sólo afectará a los servicios de AVE y Larga Distancia, toda vez que el Ejecutivo ya aprobó el pasado viernes que Renfe siga teniendo el monopolio de los trenes de Cercanías, Media Distancia (regionales) y Avant (lanzaderas) diez años más prorrogables por otros cinco.

El Gobierno atribuye esta decisión a su intención de preservar estos trenes, los considerados de servicio público y para los que Renfe recibe subvención pública, de las "incertidumbres propias de un proceso de liberalización inédito" y a la necesidad de "asegurar la continuidad en su prestación". El Ejecutivo puede seguir confiando estos servicios con subvención pública a Renfe a pesar de la liberalización gracias a que la normativa europea sobre liberalización que ahora se traspone establece para ellos un periodo de transición por el que pueden continuar en manos de los operadores "incumbentes o dominantes" de cada Estado, es decir, de los que los gestionan actualmente.

La apertura a la competencia del tráfico de viajeros en tren tendrá así lugar quince años después de que en 2005 se liberalizara el transporte ferroviario de mercancías, una apertura que, en el caso de España ha supuesto que operadores privados le hayan 'robado' a Renfe el 38% de un mercado que, no obstante, es exiguo en el país.

Al mismo tiempo, y en la misma reunión de este viernes, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, a seguir explotando durante cuatro años más las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis y han sido rescatadas por el Estado. Así se establece en el acuerdo por el que se modifica el convenio por el que el Estado encarga a Seittsa la gestión de estas vías. El Ejecutivo ha aprobado una adenda a este convenio toda vez que el actualmente vigente concluía a finales de este mes de diciembre. Con la modificación se habilita a Seittsa a que pueda explotar estas vías cuatro años más, recuerda Ep.

La norma por la que Seittsa se convierte en una nueva empresa nacional de autopistas también la habilita a realizar todas las inversiones que sean necesarias para que las autopistas "se mantengan en un óptimo estado de conservación". Además, le faculta para fijar y cobrar los peajes de las autopistas que, tal como ya avanzó Fomento, a partir del próximo 15 de enero bajarán una media del 30% y serán gratuitos durante la noche con el fin de ganar tráfico y aumentar los ingresos.

El Ministerio de Fomento se da así cuatro años más de plazo en la gestión de estas nueve vías en tanto tiene congelado el plan heredado del anterior Gobierno para sacarlas a concurso con el fin de volver a ceder su gestión a empresas privadas y, al tiempo, levantar recursos para afrontar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). La RPA es el importe que, por ley, el Estado tiene que pagar a las exconcesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que no les dio tiempo a amortizar en el tiempo en el que las explotaron.

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