El Gobierno financiará con fondos europeos el despliegue por los cascos urbanos de las principales ciudades españolas de los conocidos popularmente como 'foto-rojos', los dispositivos tecnológicos que permiten 'cazar' gracias a una cámara de alta resolución a los vehículos que rebasan los semáforos una vez que la señal luminosa ya se ha puesto en rojo. Este tipo de instalaciones empezó a implantarse hace unos años en algunas ciudades españolas, pero una serie de reveses judiciales por su falta de acreditación técnica por parte de los organismos habilitados al efecto inhibió su despliegue que ahora el Ejecutivo pretende impulsar de nuevo.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha incluido los planes para instalar este tipo de dispositivos entre las actuaciones financiables con fondos europeos dentro del 'Programa de digitalización del transporte autonómico y de transformación de la movilidad en entornos metropolitanos', que estará dotado con más de 1.000 millones de euros y cuyos proyectos empezarán a desplegarse según la programación gubernamental a finales del año 2022, según se recoge en las bases reguladores de las convocatorias de ayuda para este programa que fueron aprobadas el pasado 17 de agosto por orden ministerial.
El Ministerio ahora dirigido por Raquel Sánchez Jiménez ha decidido incluir la instalación de 'foto-rojos' entre las inversiones elegibles para ser financiadas con fondos europeos dentro de lo que la convocatoria denomina como 'medidas de enforcement' - a las que otros se refieren en el sector como infraestructuras inteligentes - que no son otra cosa que dispositivos tecnológicos orientados a regular el tráfico en los cascos urbanos,y entre los que también se incluyen por ejemplo los dispositivos de control de velocidad con lectura en panel que permiten al conductor controlar la velocidad real a la que circula en un tramo con velocidad limitada.
El Gobierno entiende que este tipo de dispositivos tecnológicos de control, al igual que otras medidas como la iluminación y señalización reforzada de pasos de peatones en puntos especialmente vulnerables (colegios, centros de mayores, parques infantiles...) o la instalación de resaltos, zonas de prioridad peatonal o pavimentos diferenciados entre aceras y calzada, puede contribuir a "calmar el tráfico rodado" y en última instancia fomentar un cambio de modos de transporte hacia otros más sostenibles. El objetivo último de la instalación de los 'foto-rojos' no sería por tanto recaudatorio, al menos sobre el papel del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, sino que sería un incentivo para empujar a los conductores que utilizan el vehículo privado en sus desplazamientos hacia el transporte público o hacia otros modos de transporte más sostenibles, como la bicileta o el desplazamiento a pie.
De hecho, las actuaciones que el Ministerio está dispuesto a sufragar con fondos europeos en el marco de este programa alcanzan a muchos más ámbitos: habilitación de carriles exclusivos solo para transporte público, apertura de carriles exclusivos para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal o la adecuación de los espacios urbanos para la habilitación de itinerarios peatonales o ciclistas.
Pese a tratarse de competencias en su mayor parte cedidas a comunidades autónomas y ayuntamientos, el Gobierno acordó con éstos el pasado mes de mayo que será el Ministerio de Transporte el que decida sobre los proyectos a sufragar, que podrán ser presentados por municipios de más de 50.000 habitantes, de más de 20.000 habitantes que tengan planes de movilidad sostenible y por asociaciones de municipios.
Un dispositivo rodeado de polémica
El auge de los 'foto-rojos' en las ciudades españolas desde hace unos años ha desencadenado una respuesta judicial por parte de las asociaciones de conductores, que los observan como una herramienta recaudatoria más y no tanto como una infraestructura de movilidad inteligente, como la presenta ahora el Gobierno en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ofensiva jurídica de las asociaciones de defensa de los intereses de los conductores alcanzó su hito más significativo hace algo más de tres años cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró no sujeta a derecho una sanción grave impuesta por el ayuntamiento de la localidad valenciana de Catarroja a un conductor por saltarse un semáforo en rojo con paso de peatones a partir de una imagen tomada por uno de estos dispositivos. El Supremo asumió el criterio de la defensa de que esa clase de dispositivos efectúan mediciones lumínicas, pero sin estar sujetas a ningún control metrológico por parte de las autoridades competentes lo que invalida sus resultados y las sanciones impuestas por imágenes tomadas por esos dispositivos. El revés judicial llevó a ayuntamiento como el de San Sebastián a retirar estos dispositivos de sus calles.
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