Fondos demandantes de Argentina lanzan juego virtual para "seguir el dinero"

  • Los fondos de inversión que demandaron a Argentina en EE.UU. por la deuda soberana impagada desde 2001 han lanzado un juego de naipes por internet que invita a seguir la ruta de presuntas maniobras de lavado de dinero que atribuyen a miembros del Gobierno argentino y empresarios afines.

Buenos Aires, 29 oct.- Los fondos de inversión que demandaron a Argentina en EE.UU. por la deuda soberana impagada desde 2001 han lanzado un juego de naipes por internet que invita a seguir la ruta de presuntas maniobras de lavado de dinero que atribuyen a miembros del Gobierno argentino y empresarios afines.

El juego difundido por el grupo de presión American Task Force Argentina se llama "Follow the money" ("Siga el dinero") y es considerado por medios oficiales del país como una maniobra de presión para que el Gobierno argentino cumpla el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que le obliga a pagar a los fondos demandantes.

Cada carta tiene los datos de uno de los presuntos implicados en una supuesta trama de lavado de dinero que involucraría a miembros del Gobierno argentino, como el vicepresidente Amado Boudou, así como a empresarios cercanos al kirchnerismo.

A los supuestos implicados se les asigna un nivel de importancia en la operación basado en una puntuación medida en número de "ratas".

American Task Force prevé continuar difundiendo nuevas cartas para que el lector vaya juntando la información que completaría la trama denunciada por los fondos especulativos, según informaron medios locales.

Por el momento, en la página web se pueden descargar seis cartas con datos sobre Boudou, Guido Forcieri (exfuncionario del Ministerio de Economía), los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Ernesto Clarens y la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

El juez Griesa ordenó a Argentina pagar 1.300 millones de dólares, más intereses, a los fondos especulativos que no aceptaron los canjes de deuda planteados por el país en 2005 y 2010, para resolver el cese de pagos de la deuda pública declarado en 2001.

El Gobierno de Cristina Fernández aduce que no puede cumplir el fallo, que quedó en firme a finales del pasado junio, porque desencadenaría un aluvión de demandas por parte de los acreedores que sí aceptaron las quitas de la reestructuración.

El 93 % del total de acreedores canjeó su deuda en esas reestructuraciones.

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