El Gobierno afirma que rescates bancarios foráneos no violan leyes mexicanas

México, 19 mar (EFE).- El Gobierno aclaró hoy que "los programas de apoyo de Gobiernos extranjeros" a la banca de sus países "no violan la legislación" de México, que prohíbe la participación de autoridades extranjeras en bancos locales.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que en las intervenciones realizadas por los Gobiernos en los últimos meses no hubo "una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano".

La aclaración oficial se presenta después de una polémica surgida sobre la presunta ilegalidad en que se encontraría Banamex, debido a que la Administración estadounidense se convirtió en la propietaria del 36% por ciento de su matriz, Citigroup, algo que prohíben las leyes mexicanas actuales.

Ello se concretó después de que el Citi fuera rescatado con una inyección de 45.000 millones de dólares, una operación que buscó convertir 25.000 millones de dólares en acciones preferentes.

Tras la misma Banamex insistió en que la intervención de las autoridades estadounidenses en el capital social de Citigroup no afecta al banco mexicano y "no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico de México".

Otros bancos con participación foránea son el Santander Mexicano, con capital del Grupo español Santander; BBVA-Bancomer, filial del también español BBVA; el HSBC, filial mexicana del grupo británico Hong Kong Shangai Banking Corporation (HSBC), y el canadiense Scotiabank, que compró el mexicano Inverlat.

Numerosos analistas advirtieron entonces que la presencia del Gobierno estadounidense en el capital de Citi, y de Banamex, violaba las leyes mexicanas y por lo tanto se debería cancelar su licencia para operar en México.

Hacienda recuerda que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que "no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales (empresas) extranjeras que ejerzan funciones de autoridad".

El Gobierno mexicano argumentó que esta "norma no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales ni la participación mayoritaria de inversión extranjera".

La secretaria recordó que la normativa data "de hace mas de veinte años" y no alcanza a regular la situación actual del sistema financiero mexicano, donde tras la crisis de mediados de los años noventa entidades extranjeras se hicieron con el control de cuatro de los cinco mayores bancos del país.

Según Hacienda, las recientes intervenciones realizadas en países desarrollados han permitido "restablecer la viabilidad" de los sistemas financieros de esas naciones, y tuvieron un efecto positivo.

Agregó que las mismas no significaron compras "directas" de acciones de los grupos financieros mexicanos, por lo que no se vulneran las leyes bancarias del país.

Pese a todo, Hacienda reconoció que el marco legislativo actual presenta carencias por lo que el Gobierno presentará una iniciativa de reforma para "reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional" que incluirá además un régimen de excepciones.

En este sentido, el Gobierno prevé "evitar que (las entidades con capital foráneo) distribuyan dividendos al exterior cuando pudiera afectarse la solvencia y solidez de las instituciones establecidas en México".

Además establecerá que tres años después de haber entrado en el régimen de excepción la entidad deberá "colocar al menos el 25% del capital social entre el gran público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores".

"De persistir esta situación por un período adicional de tres años se exigirá que dicha colocación supere el 50% del capital social", agrega el comunicado de la SHCP.

La futura ley incluirá un régimen de sanciones para las entidades financieras que incumplan la nueva normativa.