La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha enviado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un paquete de alegaciones a la propuesta para subastar 3.300 megavatios de nueva capacidad de producción de energías renovables este otoño, en el que alerta del gran freno que suponen las restricciones locales que se plantean para el desarrollo de este tipo de energías, tanto por la escasa adjudicación que se les ofrece, como por las complicaciones que supone para que puedan acceder los pequeños productores de este tipo de generación eléctrica.
La parte reservada para las producción de energía solar fotovoltaica apenas llega al 20% del total de la subasta planteada (entre 600 y 700 megavatios) frente al desarrollo de la eólica, pero la capacidad de acceso de las plataformas más pequeñas que puedan formarse en los núcleos rurales o comarcales se queda incluso muy por debajo de ese montante, en apenas la mitad, dadas las condiciones duras que se imponen. Fuentes del sector recuerdan que, de entrada, se obliga a los productores pequeños a tener cuatro socios a nivel local y reservarles el 25% del capital en los municipios en los que vayan a instalarse, algo que, si bien puede valorarse de forma positiva, limita mucho las posibilidades de dinamización social y de inversión de la población general de esas comarcas.
Para Unef, el mejor sistema sería el ‘crowdfounding’, de forma que no se restrinja la aportación local solo al capital, sino también a la financiación, con posibles emisiones de bonos remunerados de los que puede beneficiarse todo el mundo. “Además -señala la asociación en su documento-, es esencial que estos requisitos sean flexibles en su cumplimiento. Si el desarrollador demuestra que puso a disposición de los ciudadanos de la zona la participación en el proyecto en condiciones razonables de mercado y con publicidad suficiente y estos no quisieron participar, no debería considerarse como incumplido”.
Otro de los criterios que desde la patronal de los pequeños promotores fotovoltaicos se advierte como contrario a los intereses de un mayor reparto social de los beneficios de este tipo de tecnología se centra en la limitación de las plantas a una potencia de no más de 0,5 kilovatios por habitante, algo que supone que para tener una plataforma de 5 megavatios, que sería el mínimo rentable y lógico, hay que centrarse en poblaciones de más de 20.000 habitantes en un radio cercano a la explotación. Esa restricción de la subasta de Ribera beneficiaría a las zonas más pobladas y de mayor renta, pero limitaría al mínimo las opciones de muchas comarcas de las dos Castillas, entre otras CCAA, alertan los técnicos del sector.
Desde Unef no se entiende como se puede plantear este reparto como una palanca para la participación local en los proyectos, “cuando nos encontramos ante la primera subasta de estas características, por lo que establecer demasiadas condiciones o limitaciones puede poner en riesgo el éxito de la misma”. A su juicio, lo más conveniente ahora para el desarrollo de las pequeñas producciones fotovoltaicas, que fomentan el desarrollo de la generación distribuida a menor precio en plena tensión de la factura de la luz, sería “comenzar con una primera subasta abierta sin el tipo de limitaciones que se plantean y en función del resultado de la misma, analizar la conveniencia o no de introducir restricciones en el futuro”.
Es más, una de las peticiones que los pequeños productores realizan a la ministra Ribera de cara a la adjudicación de capacidad productiva a la energía fotovoltaica, pasaría por establecer un límite de la producción adjudicada a un único proyecto del 30% en cada una de las reservas de capacidad planteadas en la subasta del Ministerio, de forma que no aumente la concentración de negocio en los grandes productores del sector. “La promoción de proyectos de pequeño tamaño se justifica por la necesidad de fomentar la presencia del mayor número posibles de agentes para garantizar un mercado permanentemente competitivo, por el interés social de aumentar el número de actores que pueden participar de forma directa o a través de cooperativas en la producción de energía eléctrica, la posibilidad de optimizar tanto la utilización de las infraestructuras eléctricas como el impacto ambiental y territorial”, señalan desde la asociación.
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