Madrid, 22 ene.- La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ha pedido hoy al Defensor del Pueblo que agilice la tramitación de las 11.500 reclamaciones de daño patrimonial presentadas hace un año ante el Ministerio de Industria.
Los productores fotovoltaicos, tras una reunión con el adjunto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, anunciaron su intención de presentar la semana que viene una queja formal por el retraso en la respuesta a esas reclamaciones por parte de Industria.
Asimismo, pedirán formalmente a esa institución que medie ante el ministerio para reabrir una negociación en la que se revisen los cambios normativos acometidos desde 2010 y que, según Anpier, tienen a 44.000 plantas fotovoltaicas (el 80 %) al borde de la quiebra.
El sector atribuye esa situación a los recortes de primas aprobados en 2010 y al impuesto que grava la generación de electricidad desde comienzos de 2013.
En un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, la asociación fotovoltaica expresa su indignación por el "evidente hostigamiento" que sufre el sector fotovoltaico "por parte de los últimos Gobiernos del Estado".
También asegura que con los cambios normativos se han vulnerado principios constitucionales como "la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima".
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