Recelo de grupos ecologistas 

El 'fracking' y la nuclear ganan adeptos al calor de la crisis energética europea

La llegada del invierno, el alza en la factura eléctrica y la sombra de la dependencia energética rusa, a pesar de su "chantaje", relanza el debate sobre el uso de estas alternativas, incluso prohibidas en algunas zonas.

El 'fracking' despierta muchos recelos en España.
El 'fracking' despierta muchos recelos en España.
BNK España

Las diferentes estrategias nacionales diseñadas por los países europeos para reducir su independencia energética de Rusia han resucitado el debate acerca del uso de energía nuclear o de la fractura hidráulica o 'fracking' para la extracción de gas, una técnica prohibida en numerosos estados, incluido España. Si primero fue el Reino Unido el que se replanteó -sin éxito- levantar el veto durante el breve mandato de Liz Truss, ahora es Alemania la que pide explotar sus propios yacimientos de gas sin poner en riesgo el agua potable, un reclamo del que recelan los grupos ecologistas, contrarios al fracking.

Este proceso, también conocido como fracturación o estimulación hidráulica, se utiliza generalmente para la extracción de gas natural no convencional que se encuentra en las fracturas y los poros de ciertas formaciones geológicas, como el gas pizarra o "shale gas". En concreto, consiste en inyectar agua a grandes presiones junto con una serie de aditivos químicos, para provocar fisuras milimétricas en la roca por las que fluirá el hidrocarburo hasta llegar al pozo.

Energía nuclear, ¿a favor o en contra?

Cubrir las necesidades de hogares e industria ante el invierno es el eje del debate del sector energético en Europa, que intenta encajar las medidas y nuevas inversiones que se requieren dentro de la transición ecológica y el pacto verde. La energía nuclear siempre aparece en estos debates, una opción que el Gobierno de España descarta, que no los partidos de la oposición, mientras Francia intenta potenciar para lograr la independencia energética de los combustibles fósiles o de terceros países. Emmanuel Macron ha basado todo su futuro en renovar el parque de centrales que ya tiene -la mayoría, con graves problemas de seguridad y corrosión-, además de proponer otras nuevas.

El sector nuclear no se da por vencido en Europa y apuesta por reinventarse, son cada vez más las voces que piden facilitar la puesta en marcha de pequeños reactores nucleares modulares (SMR), que son capaces de producir hasta 300 MW de potencia eléctrica y podrían ser una alternativa válida a las centrales de cogeneración.

En el caso de España, el alto precio de la electricidad es el detonante para que Vox lleve al Pleno del Congreso una propuesta de someter a referéndum las políticas públicas en materia de energía. Según argumentan en el texto, recogido por Europa Press, España tiene la posibilidad de producir "la mayor parte" de la energía que exige la demanda nacional, pero las políticas desarrolladas en las últimas décadas han "multiplicado" la dependencia energética de España de otros países. Santiago Abascal pide adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para reducir las facturas energéticas, incluyendo en todo caso el impulso de las reformas normativas que sean precisas para rebajar los impuestos a la energía.

La iniciativa también pide remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que derogue las prohibiciones de exploración, investigación y explotación de los recursos energéticos. Por último, el texto reclama impulsar la energía nuclear, favoreciendo la extensión de la vida útil de las centrales existentes y la instalación de otras nuevas y respaldando su inclusión en la taxonomía de la Unión Europea (UE).

El fracking en EEUU y la revolución del gas pizarra

Aunque era empleado con frecuencia desde 1940 en pozos convencionales, tuvieron que pasar décadas, hasta poco después del cambio de milenio, para que la fractura hidráulica se abriera paso en la opinión pública, coincidiendo con la irrupción de las nuevas tecnologías y del concepto de innovación. Nacida en EEUU, la "Shale Revolution" -denominada por los expertos en España como Revolución (silenciosa) del Gas de Esquisto- supuso un "cambio radical" en la situación energética internacional, como advirtió la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. Y es que, con las reservas descubiertas desde Texas a los Apalaches, el gigante norteamericano pasó de ser un país importador a posicionarse como exportador de gas no convencional, con proyectos de regasificación para los posteriores envíos de gas natural licuado (GNL) hacia otros territorios.

En un documento de 2013, técnicos del Parlamento Europeo estimaban que el gas de esquisto había constituido el 23% de la producción de gas de EEUU en 2010, muy por encima del 14% que había marcado un año antes, consolidándose como una industria a seguir en plena recuperación de la crisis financiera. Los últimos datos de la Administración de Información Energética de EEUU (EIA por sus siglas en inglés) muestran cómo, desde entonces, la producción de este hidrocarburo no convencional se ha disparado cerca de un 390% hasta 2020.

A pesar de esta permisividad, un estudio de la Red Global por los Derechos Humanos y el Medioambiente (GNHRE) admite que, en 2019, un año antes de la pandemia, se intensificaron las limitaciones al fracking para proteger el agua y la salud pública, en Oregon, Washington y Florida.

Instalaciones para extraer gas mediante la técnica de fracking.
Instalaciones para extraer gas mediante la técnica de fracking.

© Flickr / www_ukberri_net

Alternativa en época de crisis

Mientras al otro lado del Atlántico Barack Obama, como presidente de los EEUU, respaldaba públicamente la técnica en 2013, Europa ya había optado por la postura contraria, con Francia como primer país en prohibir la fractura hidráulica en 2011. Le seguiría Bulgaria en 2012; ese mismo año, Dinamarca declaró una moratoria manteniendo las licencias existentes, si bien la petrolera francesa Total acabó por abandonar su proyecto en el país escandinavo en 2015.

Pero Europa viviría en 2014 una crisis entre Rusia y Ucrania a cuenta de Crimea que también causaría tensiones -aunque menores- en el mercado del gas y del petróleo, lo que hizo que se sucedieran titulares en prensa que situaban al fracking como alternativa para asegurar el suministro en un contexto de conflicto. Especialmente para los países del centro de Europa, más expuestos y dependientes a los combustibles rusos.

Es más, la Comisión Europea llegó a recomendar a los socios que adoptaran medidas para proteger el medioambiente de los riesgos de dicha práctica, a la par que reconoció los beneficios que ésta podía tener. En 2015, Alemania aprobó un proyecto de ley que permitía, a partir de un año después, prospecciones de fracturación hidráulica con unos "límites estrictos" que grupos ecologistas, la oposición y algunos diputados de los partidos del gobierno veían insuficientes.

Paralelamente, otros países, como Países Bajos, anunciaron moratorias; también lo hizo Escocia, que decidió no conceder nuevas autorizaciones a la espera de estudios técnicos y de consultar a su población. En mitad de esta corriente, en 2017, Alemania dio un paso más y se posicionó en contra del fracking más polémico, el del gas de esquisto, permitiendo solo cuatro sondeos de prueba con fines científicos.

Ahora, la guerra en Ucrania y el "chantaje" energético ruso -como dice la Unión Europea- han hecho saltar las alarmas hasta el punto de que el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha pedido levantar la moratoria. Lo hace siguiendo la línea de la exjefa del Ejecutivo británico Liz Truss, que anunció, antes de su salida, el levantamiento del veto al fracking; no obstante, su sucesor, Rishi Sunak, confirmó a finales de octubre que volvería a prohibirlo.

El 'fracking' en España

España no es ajena a esta práctica, como recoge el borrador del Plan Estratégico de Fractura Hidráulica en Castilla-La Mancha, realizado en 2019 por la Empresa pública de Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa). A nivel estatal, durante años no existió ningún desarrollo legal o regulatorio al respecto desde la Recomendación europea de 2014.

Los permisos de investigación solicitados se concentraron en País Vasco, Asturias, Cantabria, La Rioja y parte de Castilla y León, y en el norte de Ebro hasta los Pirineos, pero acabaron por fracasar. Desde la entrega en vigor de la Ley de Cambio Climático, en mayo de 2021, no se pueden otorgar nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional.

Una realidad controvertida para compañías como Repsol, que en los últimos meses ha cuestionado si tiene sentido sustituir el gas ruso por el de EEUU -principal suministrador de España este año-, que dispone de precios locales bajos de los que no se beneficia Europa y es muy abundante por el fracking, una técnica prohibida aquí.

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