Francia y España: dos reformas de las pensiones bajo una única causa

Los franceses han llenado las calles para protestar por la reforma de las pensiones. Hace dos semanas, el Gobierno de Emmanuel Macron hizo pública su voluntad de aumentar de los 62 a los 64 años la edad mínima para jubilarse. Una decisión que ha generado un gran malestar entre los sindicatos y los ciudadanos galos, que no están dispuestos a empeorar sus condiciones para jubilarse. De aprobarse, esta medida iría acompañada de un alargamiento del periodo de cotización para percibir la cuantía completa, que pasará de 42 a 43 años. La insostenibilidad del sistema de pensiones francés comparte numerosos puntos en común con las carencias del modelo español. Por ello, cada cual a su manera está tratando de reconducir su déficit. 

España y Francia son los dos de los países del entorno europeo con la edad ordinaria de jubilación más baja, según los últimos datos publicados por Eurostat. Al mismo tiempo, en sus economías destaca la baja productividad en comparación con los países del norte de Europa, las bajas tasas de empleo y excesivo peso de las pymes en el tejido productivo. Algo que provoca que los dos territorios se parezcan mucho en la cuestión de las pensiones públicas. En la misma línea, Francia se coloca como el tercer país que más destina a estas partidas, con el 14,3% del Producto Interior Bruto (PIB), sólo por detrás de Grecia e Italia. Mientras que España, con el 11,6%, si bien no llega a tanto, también se sitúa por encima de la media de la OCDE (8,5%).

A ello se suma que la edad efectiva de jubilación es de 60,8 años, según el Ministerio de Trabajo francés. Mientras que en España la cifra está en 62,1 años para los hombres y 61,3 para las mujeres, según datos de las Seguridad Social. Este hecho, unido a que ambos países tienen una esperanza de vida altísima, provoca que sean los dos países en los que un nuevo pensionista tiene más tiempo por delante para cobrar su prestación: más de 26 años para las mujeres y del orden de 22 años para los hombres. 

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El problema es que a esta situación no le acompaña un mercado laboral lo suficientemente solvente como para compensar a través de las cotizaciones la elevada inversión en estas retribuciones. En otras palabras, ninguno de los dos sistemas tiene suficientes trabajadores como para pagar las pensiones actuales (en España ya hay dos trabajadores por cada pensionista), mucho menos para pagar las jubilaciones futuras que, en consonancia con la subida de los salarios, serán más altas Todo ello a pesar de que los impuestos al trabajo en Francia y España ya están entre los más altos del mundo. Si se observan las cotizaciones sociales medias (entre empresas y trabajadores), se puede ver que los galos contribuyen con el 27,5% del salario y los españoles con el 28,3%.

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El gabinete de Macron tiene un claro objetivo al emprender esta reforma: alcanzar el equilibrio en el sistema, amenazado por un déficit de hasta 14.000 millones a partir de 2030 si no se reconduce la situación. Según la legislación actual, el periodo de cotización debe establecerse en 43 años a partir de 2035, pero el Gobierno de Macron quiere adelantar este calendario y exigir 43 años cotizados a partir de 2027. Todas aquellas personas que no hayan cotizado todo este tiempo verán su pensión reducida. Un cambio con el que aspiran a ahorrar 18.000 millones y que podría llevar a cincuenta mil personas a aplazar su salida este año, de acuerdo con el Consejo Superior de Finanzas Públicas francés. 

Pero la reforma no se limita a abordar la edad y el periodo de jubilación, sino que también incorpora algunas medidas de corte social. En este sentido, el texto establecerá en 1.200 euros las pensiones de jubilación mínimas para todos aquellos jubilados con una carrera completa, es decir, con 42 o 43 años jubilados. Aunque se trata de una mejora que beneficiará a pocas personas, dado que la mayor parte de los ciudadanos que cobran estas cuantías no disponen de la carrera completa (sobre todo mujeres). También cuestionan esta supuesto beneficio los más jóvenes, conscientes de que cada vez resulta más complicado cotizar ese número de años. Con todo, esta subida de las mensualidades mínimas le gana de largo a las pensiones mínimas españolas, la mitad de las cuales no alcanzarán los 1.000 euros ni con la revalorización prevista para este año.

Pese al rechazo mayoritario de la opinión pública, el Gobierno francés ha aprobado este lunes su reforma, contra la que se manifestaron más de un millón de personas el jueves, y empezará su trámite parlamentario en el pleno de la Asamblea Nacional (cámara baja) a partir del 6 de febrero, antes de su llegada al Senado (cámara alta). Tanto la izquierda como la extrema derecha ya han adelantado que votarán en contra.

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En general, con el paso de los años, cada vez resulta más complejo salir del mercado de trabajo. En España desde hace más de una década, las condiciones para la jubilación anticipada, cuya edad mínima ya ha aumentado 13 meses este último año, se han endurecido junto a los requisitos de la jubilación ordinaria con el fin de salvar la hucha de las pensiones. De esta forma y de acuerdo con lo recogido en la Ley 27/2011, la edad de jubilación ha aumentado para aquellas personas que no lleguen a 37 años y nueve meses cotizados, situándose en los 66 años y cuatro meses. 

Con el mismo fin que Macron, el Gobierno de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo el pasado 2021 sobre la reforma de las pensiones con los representantes sociales y empresariales. Entre las medidas que se adoptaron destaca la subida conforme al IPC, que este 2023 se ha ejecutado por primera vez, aplicándose un plus del 8,5% a todas las cuantías contributivas. Pero si ya fue complejo acercar posiciones por aquel entonces, en esta segunda negociación entre los sindicatos, la CEOE y el Ministerio de Seguridad Social, el asunto está todavía más tenso. De hecho, el Gobierno continúa ultimando los últimos flecos del plan que debe presentar a Bruselas para percibir el pago los Fondos de Recuperación en abril.

Esta segunda fase de la reforma de las pensiones lo protagonizan, en buena parte, las rentas más altas. Se plantea el aumento de las bases de cotización máximas para que los salarios más altos aporten más a la Seguridad Social, lo que conlleva el aumento progresivo de las pensiones máximas. Si bien el origen del desencuentro lo desencadenó la propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años. Una opción que tanto los socios de Gobierno como los representantes sociales descartan tajantemente. Estos últimos también han amenazado con movilizaciones en caso de que el Ejecutivo saque adelante estas propuestas sin contar con su aprobación.