La gestión Covid... Contratos bajo lupa, vacunas caducadas y el fiasco del Radar

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma para afrontar la crisis sanitaria provocada por la Covid, que ha dejado en algo más de dos años 107.000 muertos en España y más de 6,3 millones en todo el mundo. Moncloa tomaba la decisión solo tres días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciese un llamamiento general para que los países activasen y ampliasen sus mecanismos y protocolos de respuesta a emergencias a causa de la Covid. Pese a todo, China, donde surgió el virus, ya llevaba meses sufriendo los efectos de la pandemia y acumulando muertos. Este contexto obligó a los gobiernos a afrontar una situación crítica, caótica en algunos momentos, extremadamente difícil y desconocida y eso llevó a errores en la gestión, aunque también aciertos, que en el caso de España tienen que ver, entre otras cosas, con la alta tasa de vacunación y las medidas económicas diseñadas para combatir la crisis económica generada por la pandemia.

En nuestro país, algunos asuntos mal llevados, fundamentalmente por la urgencia y excepcionalidad a la que obligaba la Covid, siguen presentes más de dos años después pese a que este verano será el primero sin restricciones y solo uno de cada cuatro españoles sigue realmente preocupado por la pandemia, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El pasado viernes, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) daba a conocer un extenso informe que concluía con un apercibimiento -los organismos públicos no son multado incluso cuando cometen infracciones graves- contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por la gestión del conocido como Radar Covid. 

El organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital firmó en 2020 un contrato con la empresa tecnológica Indra para desarrollar una intuitiva App que serviría para ayudar a controlar la propagación de la Covid-19 a través de la identificación de los posibles contactos estrechos de casos confirmados a través de la tecnología Bluetooth. Sin embargo, el proyecto, que se había desarrollado con cierto éxito en otros países, resultó un fiasco en España, y con la puesta en marcha de la aplicación se vulneraron hasta ocho artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La herramienta, según ha reconocido el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, costó 3,5 millones de euros, sin impuestos. La apuesta tecnológica del Ejecutivo solo registró el 1,4% de los contagios -122.325 positivos- de los que se produjeron en España. La App se ha descargado hasta ahora en 8,5 millones de ocasiones, pero muy pocos la han utilizado.

Europa y el Tribunal de Cuentas tratan de fiscalizar los contratos Covid, que realizaron si apenas control y que dispararon los precios

Las contrataciones millonarias de servicios y las compras de productos -test, vacunas, mascarillas, respiradores... - realizadas por las administraciones públicas y decenas de organismos están en el punto de mira de la nueva Fiscalía Europea, que empezó a funcionar hace ahora un año e investiga centenares de denuncias de particulares españoles. La adquisición de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid, que apuntó al cobro de comisiones, y el suministro al ayuntamiento de la capital de productos sanitarios por parte de empresas ajenas al sector han protagonizado, de momento, los titulares, pero la urgencia con la que actuaron prácticamente todas las administraciones hará disparar nuevos casos.

El Tribunal de Cuentas se ha encargado en los últimos meses de fiscalizar estas compras y en su último informe, de mayo, se centra en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y en adquisiciones que rondan los 540 millones de euros. Entre otras cosas, destaca que los expedientes examinados no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicación, algo justificado por la contratación de emergencia. Señalaba que para la selección de empresas adjudicatarias se acudió a diversos organismos españoles, pero cuando no se tuvo más remedio acudió al mercado asiático. Pese a todo, apunta que uno de cada cinco contratos fiscalizados, sobre todos los adjudicados al principio de la pandemia, presentaron incidencias, fundamentalmente por la falta de verificación sobre la capacidad de los suministradores. El Tribunal de Cuentas señalaba que, pese a la situación de emergencia, deberían formalizarse por escrito los contratos.

Más duro fue un informe anterior, que en el que se fiscalizaron contratos que sumaron 2.000 millones de euros adjudicados a dedo por las administraciones solo entre marzo y mayo de 2020. Destacaba en este caso que la escasez de mascarillas, guantes, respiradores o test de autodiagnóstico hizo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diese el visto bueno para que todo el sector público comprase material sin concurso y sin criterios definidos. La consecuencia fue la adquisición a precios desmesurados de mascarillas. Así el Banco de España pagó casi diez euros por unidad de mascarillas FFP2, cinco veces más que Radio Televisión Española en el mismo mes.

Mientras, otro de los asuntos todavía presentes es la caducidad de las vacunas adquiridas a cuatro laboratorios durante la pandemia en competencia con otros países y unos momentos de total escasez. Una vez que las dosis caducan, el único recurso es destruirlas, pero también, en algún momento, se dio la posibilidad de suministrarlas a otros países antes de que esto sucediese. A finales de marzo, el Ejecutivo reconocía, en otra respuesta parlamentaria, que tenía 15,1 millones de vacunas almacenadas de forma temporal, en un momento en que prácticamente toda la población ya ha sido inmunizada. Estas dosis podrían estar a punto de caducar y ser destruidas, algo que ya ha sucedido con un millón en poder de la Administración estatal.