Fraude a Hacienda: las múltiples puertas de los morosos para evitar la cárcel

Entre los nombres de la lista de morosos hecha pública ayer por la Agencia Tributaria aparecen algunas personas con causas abiertas por delitos fiscales. Es el caso, por ejemplo, del exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato o de Mario Conde, expresidente de Banesto, que se juegan la cárcel por lo abultado de sus deudas con Hacienda. Sin embargo, contra otros de los integrantes de ese repertorio de presuntos defraudadores fiscales no consta que se hayan abierto procesos criminales. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el límite?

Para que un fraude fiscal pase de ser castigado con una mera sanción administrativa -como en el caso del efímero exministro de Cultura Màxim Huerta- a una infracción penal, lo defraudado debe superar los 120.000 euros, tal y como establece el artículo 305 del Código Penal. Además, para que exista delito contra la Hacienda Pública, ese monto debe haberse evadido en un solo ejercicio. Eso explicaría la ausencia de procesos contra muchos de los morosos de la lista que pueden haber acumulado fraudes inferiores a ese límite en varios ejercicios.

En ese caso, deben pagar la cantidad defraudada, los intereses de demora y la sanción correspondiente que, al extenderse en varios años, puede alcanzar cifras muy altas. Sin embargo, si el delito fiscal se prueba ante un juez o tribunal, se arriesgan a penas de hasta 5 años de cárcel. En este último caso, además, la multa se dispara y alcanza lo que el condenado haya dejado de pagar, pero multiplicado por 6. Todo ello siempre que no se les aplique la llamada "excusa absolutoria", es decir, que regularicen sus obligaciones antes de que Hacienda les abra inspección o Fiscalía, la Abogacía del Estado o una comunidad autónoma se querelle contra ellos.

La 'lista Falciani'

Esto fue lo que ocurrió con varios de los 659 contribuyentes españoles que aparecieron en la 'lista Falciani', entre ellos el fallecido Emilio Botín, ex presidente del Santander. Hacienda, en una decisión muy controvertida que justificó por la falta de credibilidad inicial de ese repertorio de defraudadores, les dio un plazo de 10 días para que regularizaran su situación. De esa manera 306 consiguieron no enfrentarse a un juicio por delito fiscal aunque sus deudas superaran los 120.000 euros en un ejercicio.  

Pero, además, para que exista delito contra la Hacienda Pública, la actividad defraudadora del sujeto tiene que ser intencionada, es decir, tiene que haber dolo y no ser meramente involuntaria. "En muchas ocasiones, el contribuyente reconoce la deuda pero no puede pagarla, y esa deuda va creciendo con los intereses, el recargo de apremio, las posibles sanciones...", explica el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. "Es lo que seguramente ha pasado a algunas de las personas de la lista, pero sobre todo a las empresas", añade.

Evitar la prisión con condena

Pero incluso habiendo sido juzgado y condenado por un delito fiscal el defraudador puede llegar a librarse de la cárcel. Esa es la vía por la que ha evitado la prisión, por ejemplo, Lionel Messi. El delantero del FC Barcelona pactó con el fiscal una condena a 21 meses por tres delitos fiscales que, al no llegar a los dos años, le permitió no ingresar. La pena que, en principio, le habría correspondido no podía haber bajado de los tres años (uno por cada una de sus infracciones penales), pero la Audiencia de Barcelona le aplicó la atenuante de reparación del daño por haber devuelto lo evadido. 

Fue la misma estrategia que han seguido algunos grandes empresarios españoles con problemas fiscales, surgidos normalmente de discrepancias técnicas con la inspección susceptibles de ser interpretadas de distinta manera. Algunos de ellos consiguen evitar la cárcel tras comprometerse a pagar una cantidad determinada a Hacienda para sufragar la cuota defraudada y la correspondiente multa, con lo que logran que les apliquen atenuante de reparación del daño. Así, las penas de reclusión que les suelen ser impuestas son sustituidas por multas.