La economía española ha entrado de lleno en fase de desaceleración y el frenazo amenaza con torpedear el acuerdo que alcanzaron los partidos políticos para garantizar la actualización de las pensiones en función del coste de la vida. El Pacto de Toledo retomó ayer el contacto, tras unas largas 'vacaciones' que comenzaron allá por el mes de febrero, cuando Unidas Podemos se levantó de la mesa coincidiendo con la convocatoria de las elecciones generales de abril. Ahora, la comisión parlamentaria echa a andar en plena incertidumbre sobre la repetición electoral –que llevaría nuevamente a su disolución– y con el objetivo de retomar las recomendaciones que dejaron aparcadas hace más de medio año.
Hay que recordar que en la recomendación segunda del acuerdo que rubricaron los partidos en febrero, con el consenso de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís (solo quedó fuera Esquerra Republicana) se incluyó la subida de las pensiones cada año "en base al IPC real" e incluso se abrió la puerta a mejoras adicionales. Eso sí, estas ganancias de poder adquisitivo, diferenciadas de la revalorización ordinaria, deberían financiarse con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), siempre y cuando "lo permita la situación económica".
Pero los analistas constatan ahora que, encarando ya el último trimestre, la situación económica no es la misma que a principios de año. Los principales indicadores macro, incluidos los del mercado laboral, ya se resienten. Y en esta nueva coyuntura no parece lógico, al menos no para todos los partidos, retomar las recomendaciones justo en el punto en que se dejaron. No en vano, aquel acuerdo fue fruto de dos largos años de trabajo en una comisión que ha sido, sin duda, la que más dedicación implicó para los partidos en la pasada legislatura, según recuerdan fuentes parlamentarias conocedoras de su desempeño.
El PP lo dejó claro ayer antes de comenzar la sesión de constitución del grupo de trabajo en el Congreso. El diputado 'popular' José Ignacio Echániz condicionó la continuidad de las anteriores recomendaciones al contexto económico, alegando que el actual no es el mismo que el de "hace un año o dos", y aclaró que "en la medida que se abra la comisión, si se abre, tendremos que revisar cuál es la situación económica de ese momento". Es más, Echániz llamó a "repensar todos los instrumentos necesarios" para que las pensiones "no sólo sean sostenibles hoy, sino que lo sean en el futuro" y apostó por condicionar la mejora de estas prestaciones a la coyuntura económica, si bien su posición inicial, dijo, es "mejorarlas en el mejor sentido, desde el punto de vista del crecimiento".
Fuentes del PP consultadas por La Información matizan que en estos momentos se trata de "actualizar" las recomendaciones y adaptarlas a la actual coyuntura y sugieren la introducción de un mecanismo de "ajuste automático", en función del crecimiento del PIB, en la fórmula de revalorización de las prestaciones. "No se va a modificar el pacto radicalmente, pero hay que volver a buscar el acuerdo y adecuarlo a la nueva realidad económica", insisten.
Los 'populares' no olvidan, además, que si se disuelven las Cortes el próximo 23 de septiembre para la celebración de otros comicios en noviembre, un escenario que parece bastante probable, la Comisión decae con el resto de iniciativas parlamentarias y no volvería a constituirse, como pronto, "hasta enero o febrero de 2020". En definitiva, otro año perdido en la carrera por la reforma del sistema de las pensiones.
De cualquier manera, el PP echó ayer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del PSOE, que mantiene su apuesta por rubricar y renovar las recomendaciones que quedaron aparcadas en marzo, según dejó claro la portavoz socialista en la comisión, Mercè Perea. En la misma línea se posicionó su homólogo en el PNV, Íñigo Barandiaran, que quiso poner en valor el trabajo realizado durante la pasada legislatura, donde los grupos alcanzaron acuerdos en buena parte de las recomendaciones del Pacto, y pidió que esto no quedara "en el olvido".
La subida de 2020, en el aire
Por su parte, Yolanda Díaz, portavoz de Unidas Podemos, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez se dio seis meses para fijar un nuevo método de revalorización de las pensiones, que el tiempo se ha agotado y que sigue en vigor la fórmula aplicada por el PP y por la que las pensiones solo subirán un 0,25% siempre que el sistema esté en números rojos (déficit). Esto deja pocas garantías a los pensionistas de mantener su poder adquisitivo en 2020, si bien desde la formación morada sostienen que el Ejecutivo está a tiempo de aprobar la revalorización por la vía del decreto. "Claro que hay tiempo para aprobar un real decreto, como se ha evidenciado cuando se ha querido", zanjó Díaz.
Según se adelantó en estas páginas, en estos momentos el Gobierno en funciones explora todas las vías legales posibles para poder subir las pensiones con la inflación. Nueve millones de pensionistas están en vilo, porque a falta de solo cuatro meses para que acabe el año todavía no saben cuánto cobrarán de pensión el próximo año. En público, el propio presidente en funciones se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de este colectivo el año que viene aunque no logre ser investido. Pero lo cierto es que en estos momentos tiene las manos atadas por la ley, aunque los ministerios de Trabajo y Hacienda están convencidos de que tienen margen de maniobra.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios