Problemas para el Gobierno

Frente político para obligar a Montero a hacer fijo al que lleve 3 años de interino

ERC y Unidas Podemos hacen frente común con las plataformas de interinos para forzar al Gobierno a aceptar la consolidación automática de los trabajadores que lleven más de tres años en esa situación.

La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 17 de marzo de 2021. La oposición pregunta hoy al Gobierno sobre su gestión de la pandemia un año después de su inicio. Además, se tomará en cuenta el impacto que que la pandemia ha tenido en la salud mental de los ciudadanos. Asimismo, el PP y Ciudadanos pedirán cuentas sobre su trabajo al todavía vicepresidente, que ha anunciado su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
17 MARZO 2021;SESION DE CONTROL;GOBIERNO;
E. Parra. POOL / Europa Press
17/3/2021
La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el Congreso.
Europa Press

La solución al problema de los interinos empleados de manera abusiva por la Administración durante los últimos años amenaza con convertirse en uno de los culebrones parlamentarios del próximo otoño. La aspiración del colectivo de consolidar su puesto de trabajo en la Administración con los mismos derechos que cualquier funcionario sin necesidad de pasar por una  oposición - lo que se ha dado en denominar la lucha por la 'fijeza' - ha encontrado en los principales socios parlamentarios del Partido Socialista, Unidas Podemos y ERC, la complicidad que no encontraron en el exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, bruñidor del acuerdo con los sindicatos mayoritarios que pretende solventar el problema mediante el impulso de un gigantesco proceso de estabilización, vía concurso-oposición y con especial reconocimiendo a la experiencia acumulada por los interinos en su puesto de trabajo.

La solución que, según los sindicatos mayoritarios (CCOO, CSIF y UGT), ofrecía un marco de seguridad jurídica inalcanzable en el resto de alternativas, fue sin embargo enmendada por el Parlamento, que forzó al Gobierno a aceptar dos modificaciones sustanciales: aceptar la estabilización automática sin oposición de los interinos que llevaran más de diez años en el mismo puesto y cuya plaza no se hubiera sacado a convocatoria pública, y la supresión del carácter eliminatorio de la oposición, lo que habilitaría a todos los interinos que se presentaran a las convocatorias de estabilización a llegar a la fase del concurso, donde sus méritos y su experiencia puntuaría por encima de los del resto de aspirantes.

Andaba el Ministerio de Hacienda analizando el modo de encajar jurídicamente las cesiones realizadas para conseguir la tramitación parlamentaria del proyecto, cuando se le ha abierto un nuevo frente, aún más desafiante. ERC y Unidas Podemos, los principales socios parlamentarios del Partido Socialista, han trasladado a las plataformas de interinos con las que ya se han reunido su disposición a llevar a sus enmiendas al proyecto de ley presentado por el Gobierno la propuesta de impulsar la estabilización automática sin oposición de todos los interinos que lleven más de tres años en esa situación, en línea con las sentencias judiciales que califican como un abuso la permanencia de los trabajadores en ese régimen durante un periodo mayor a ese plazo.

De momento se trata únicamente de una declaración de intenciones. Los sindicatos ya habían advertido a ERC y Unidas Podemos, en las reuniones celebradas en los últimos días, que la fijación en diez años como periodo referencial de permanencia en un puesto para que la ley dé derecho a un interino a su estabilización automática en la plantilla de la Administración no tenía ninguna base jurídica y que muy probablemente se convertiría en un foco de inseguridad jurídica, que llevaría a demandar a los excluídos y que dejaría en una situación incierta a los beneficiados. 

Por el contrario, reducir el plazo a tres años tiene más base legal. El Tribunal Supremo determinó el pasado mes de junio, reunido en pleno para examinar la incidencia del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos, que la duración máxima del contrato de interinidad no puede exceder el tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica, que establece ese límite máximo en tres años. Para el Alto Tribunal, una duración superior a ese plazo debe considerarse "injustificamente larga" y dar lugar a la adquisición de la condición de indefinido no fijo por parte del interino.

Pero un indefinido no fijo no es un funcionario con plaza permanente en la Administración y tanto el Tribunal Supremo como el TJUE también han dejado sentado, al menos según la interpretación que comparten Gobierno y sindicatos mayoritarios, que la resolución del problema no puede pasar por estabilizar automáticamente a los interinos en esa situación sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier proceso de selección de personal de la Administración en España. 

Y ahí se sitúa el embrollo de la situación. El grupo parlamentario de ERC está decidido a exigir un cauce para que los interinos puedan estabilizar su situación en la Administración por la vía rápida, con el respaldo al menos parcial de Unidas Podemos, según fuentes conocedoras de los contactos entre los interinos y los grupos parlamentarios, pero el Gobierno es consciente de que una solución en ese sentido tendría muchas posibilidades de acabar en un tremendo enredo judicial y en un nuevo foco de enfrentamiento con Bruselas, que ya ha advertido al Gobierno de que seguirá de forma minuciosa la tramitación parlamentaria de esta reforma.

Pese a que el calendario pactado con Bruselas aprieta y el Gobierno ha dado carácter de urgencia a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, el Congreso ha decidido darse quince días más para perfilar las enmiendas que se presentarán al proyecto y de las que el Ministerio de Hacienda está muy pendiente. "Ni unos ni otros tienen muy claro qué hacer ahora. El Gobierno asumió un compromiso para garantizar la tramitación parlamentaria del proyecto que ahora no sabe muy bien cómo cumplir y sus socios se están dando cuenta ahora de que tal vez no sea tan sencillo modificar el acuerdo que firmamos en su día. Es difícil saber qué ocurrirá", resume la situación uno de los negociadores del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. De momento, los grupos parlamentarios se han dado hasta el próximo 15 de septiembre para presentar sus enmiendas.

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