Las consecuencias de la crisis catalana

Foment promueve un paquete fiscal 'a la madrileña' para atraer empresas huidas

"Hay que hacer todo lo posible para que las empresas vuelvan  y eso requiere crear un entorno fiscal más amigable con empresas y directivos", aseguran

Gay de Montellá y Carles Puigdemont
El presidente de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellá,  junto a Carles Puigdemont / EFE

"Hay que hacer todo lo posible para las que empresas vuelvan". Con esta premisa y a la espera de que la situación política en Cataluña se estabilice y permita al territorio sacudirse el aroma de incertidumbre que transmite a los inversores, la patronal catalana, Foment del Treball, ya ha empezado a configurar la hoja de ruta que marcará su actuación a partir de ese momento. Y en ella figurará como prioridad la modificación del actual marco fiscal y su sustitución por un entorno más amigable para la actividad empresarial y más atractivo para los directivos.

Según fuentes del Comité Ejecutivo de la organización empresarial, Foment considera crítico suavizar el actual marco fiscal - uno de los más exigentes para la actividad empresarial y para las rentas altas no sólo de España sino de Europa - si se quiere recuperar al menos en parte el tejido empresarial trasladado a otros territorios tras la Declaración Unilateral de Independencia del Parlament catalán. El último balance ofrecido por el Registro Mercantil ha situado en el entorno de las 3.200 la cifra de compañías que trasladaron su domicilio social desde Cataluña hacia otros territorios tras el referéndum ilegal del 1-O y la DUI.

"Se marcharon por la situación de inestabilidad que se generó en Cataluña, pero también venían sufriendo unas cargas fiscales muy superiores a las de otros territorios", analizan estas fuentes. En Foment se ha llegado a la conclusión de que será difícil que las empresas regresen si no se les ofrece un entorno fiscal más atractivo que el que se han encontrado en los destinos donde se han reinstalado y para conseguirlo tienen claro el modelo fiscal que debería seguir el futuro Govern catalán: el de la Comunidad de Madrid. "Cataluña tiene que trasladar el mensaje de que es un territorio 'friendly' para la actividad empresarial y tomar las medidas necesarias para ello. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid debe ser un ejemplo".

La organización empresarial dejó entrever cuáles son sus intenciones el pasado mes de enero cuando su Junta Directiva emitió un comunicado pidiendo "aumentar el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio hasta su supresión definitiva para cambiar la imagen negativa de Cataluña para la alta tributación". De otro modo, seguir el camino marcado en 2013 por la Comunidad de Madrid, que ahora también está siguiendo La Rioja (este año bonificará el 75% de la cuota del impuesto), y que ha conducido a las Haciendas Forales a replantear esta figura tributaria y reconfigurarla como una suerte de impuesto para las grandes fortunas que sólo abonan los contribuyente que ganan más de 150 millones de euros.

En este contexto, Cataluña ha hecho justamente lo contrario. Ha exprimido el Impuesto de Patrimonio y lo ha modulado para sacarle el mayor partido posible, elevando los tipos respecto al marco estatal y rebajando el mínimo exento en un movimiento que ha convertido en declarantes del impuesto a más de 20.000 catalanes. En 2015, Cataluña ganó 1.500 contribuyentes más y recaudó 464 millones de euros.

Cambios en IRPF, Sucesiones y Donaciones, ITP...

"Cataluña es la comunidad autónoma con más tributos propios y tipos impositivos más altos". Partiendo de este diagnóstico, que es un clásico en los informes de Foment sobre el marco fiscal catalán, la organización empresarial hará campaña a favor de un replanteamiento general de todas las figuras impositivas, empezando por el IRPF, en el que la autonomía mantiene los tipos más elevados de toda España no solo para las rentas más altas sino también para las rentas medias. 

"Cataluña tiene que replantearse su oferta fiscal a los ejecutivos", aseguran desde Foment. A día de hoy las diferentes regulaciones en el IRPF configuran un escenario en el que un alto ejecutivo de una empresa (con un salario estimado superior a los 120.000 euros) tributa por un tipo fiscal de entre el 46% y el 48% (si gana más de 150.000 euros) en Cataluña, mientras que lo hace por un 43,5% en la Comunidad de Madrid. Desde Foment admiten que la fiscalidad en Renta no es la única razón por la que una compañía localiza un centro directivo en un determinado territorio, pero "en las empresas trabajan personas y siempre influye".

El paquete fiscal que defiende Foment también reclamará cambios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La organización empresarial asegura que Cataluña se sitúa en la media nacional en la 'explotación' de este impuesto, pero subraya que su actual configuración sitúa a la comunidad autónoma en peor situación que los territorios con los que compite de forma más directa a la hora de atraer inversiones y rentas: la Comunidad de Madrid y el País Vasco, principalmente. En su nota del pasado mes de enero, Foment ponía de manifiesto que "el importe de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid tiene un carácter testimonial en los supuestos más comunes". Lo que ha hecho la Generalitat en este campo ha sido estrechar la vigilancia sobre los presuntos movimientos simulados de contribuyentes a otros territorios para reducir su factura fiscal por estos impuestos.

El otro ámbito en el que la organización empresarial pedirá actuar al futuro Govern catalán será el de la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias. Las adquisiciones de obra nueva están gravadas de la misma manera en todo el territorio nacional, al 10% que marca el IVA, pero en el segmento que se está comportando de una manera más dinámica, el mercado de segunda mano, la fiscalidad depende del tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados que exista en cada comunidad autónoma y se da la circunstancia de que en Cataluña - el mercado inmobiliario más dinámico del país junto al de la Comunidad de Madrid- las compraventas se gravan entre el 10% y el 11% ( en función de que la transacción se cierra por más o por menos de un millón de euros) mientras que en la Comunidad de Madrid pagan únicamente el 6%.

La patronal catalana entiende que el momento para afrontar este cambio de estrategia es el idóneo con los ingresos fiscales subiendo cerca del 14%  y figuras como, precisamente, el ITP creciendo cerca del 20%.

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