Estabilidad política, certidumbre económica y seguridad jurídica. Es el 'abc' de los empresarios a la hora de tomar decisiones. El objetivo está claro: reducir al mínimo los riesgos y las posibilidades de incurrir en pérdidas futuras. Por eso, Cataluña se ha convertido en territorio hostil para el dinero. El caos político es total, hasta el punto de que, tras la retirada del escaño al president Quim Torra, la legislatura catalana ha quedado vista para sentencia. Una crisis interna en la región que dura ya más de dos años y que ha acarreado importantes consecuencias. La más palpable es la fuga de empresas que, lejos de cesar, no da tregua.
Con los datos de cierre de 2019 facilitados por el Colegio de Registradores, desde el año de celebración del referéndum ilegal de independencia –aquel fatídico 1 de octubre de 2017–, nada menos que 5.843 compañías han decidido trasladar su sede de Cataluña a otra comunidad autónoma. Si bien el goteo de sedes ha ido menguando, el año pasado todavía huyeron de la región 948 empresarios que cambiaron la dirección de sus centros de administración y dirección, frente a los 2.359 que lo hicieron en 2018 y los 2.536 que habían tomado esta decisión el año anterior.
¿Qué implica el traslado de una sede social? En realidad, es algo más simbólico que efectivo. No conlleva obligatoriamente el movimiento de sus centros operativos o de producción, por lo que en teoría no afecta ni a las plantillas ni a la relación con los clientes, sino más bien del 'mando' de la compañía. Por eso, las salidas de gigantes como el Banco Sabadell y Caixabank son vistas más como una cuestión de imagen, de transmitir tranquilidad a sus clientes y minimizar posibles fugas de capitales.
El éxodo forzoso de dos de las firmas más representativas del tejido empresarial catalán, que llevaron sus sedes a tierras valencianas para taponar de manera urgente la fuga de depósitos –la banca registró salidas por más de 31.400 millones de euros–, abrió la veda al exilio de centenares de empresas con origen en Cataluña. De mayor o menor tamaño, cerca de 6.000 compañías han huido de la inestabilidad en la región desde 2017 hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que los datos de los Registradores no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.
Cierto es que en el mismo periodo la comunidad autónoma también ha sido destino de traslados de algunas empresas, pero el saldo es demoledor: mientras se han fugado 5.843 sedes apenas han llegado a Cataluña 1.639. Este balance deja una pérdida neta de 4.204 empresas que contrasta con lo que ha sucedido, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, otro de los epicentros económicos con intenso movimiento de sedes sociales. Entre 2017 y 2019 han abandonado la capital 4.201 sedes, pero en ese tiempo Madrid ha acogido a otras 6.802 compañías, lo que deja una diferencia positiva de 2.601 empresas.
Aun así, los datos de 2019 arrojan un peor resultado para la comunidad madrileña que para Cataluña en términos de fugas. En concreto, los registros de salida de sedes de la capital alcanzaron los 1.659, por encima de las 948 que huyeron del territorio catalán. Sin embargo, en el conjunto del año también eligieron Madrid como destino 1.731 compañías, por lo que se ganaron 72, mientras a la región presidida por Torra acudieron solo 624 sedes, lo que supone una pérdida total neta de 324 firmas.
En parte gracias a este dinamismo empresarial, la comunidad de Madrid ha culminado el 'sorpasso' económico a Cataluña. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la economía de la capital superó en 2.100 millones de euros a la de la región catalana en 2018, el último dato revisado. Así, Madrid se ha convertido en la autonomía con más peso en el PIB nacional, alcanzando el 19,2% y por delante del 19,0% de Cataluña, que pasa al segundo puesto hundida por la deriva del 'procés' independentista.
¿Volverán a 'casa'?
El regreso –si se acaba produciendo– de las casi 6.000 empresas fugadas no se espera a corto plazo. La Generalitat defiende que la decisión de sacar las sedes se ha venido adoptando por parte de los empresarios únicamente por motivaciones políticas y, por tanto, se niegan a facilitar incentivos fiscales que aceleren su vuelta. Además, el Ejecutivo de Quim Torra insiste en recalcar que, pese a llevarse la sede, las fábricas, las oficinas y los centros productivos siguen en Cataluña, de manera que continúan aportando a la economía regional y generando empleo.
Por su parte, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reconocido públicamente su aspiración de que las nuevas relaciones iniciadas entre el Ejecutivo central y la Generalitat logren la estabilidad indispensable para que las empresas vuelvan a Cataluña, previa aprobación de los Presupuestos de 2020. A su juicio la pérdida de los centros de decisión de las compañías supone una involución para la economía catalana y para revertir la diáspora empresarial resulta fundamental que el diálogo político llegue a buen puerto. Después regresará la necesaria seguridad jurídica.
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