El Gobierno de Pedro Sánchez se ha fijado como objetivo que los planes de pensiones de empleo, básicos en la reforma en fases del sistema de pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, favorezcan en 2030 a 13 millones de trabajadores, frente a los menos de dos millones actuales. La apuesta de Escrivá es a una sola carta, ya que tiene previsto eliminar los beneficios fiscales de los fondos individuales, que son los mayoritarios ahora, para cedérselos a los de las empresas. El primer paso ha sido modificar el límite máximo de las aportaciones a los individuales de los 8.000 euros de 2020 a solo 2.000 en 2021 y fijar en 8.000 euros anuales los de empleo.
La contrapartida de la medida, que ha generado incertidumbre entre los partícipes de estos productos que buscan en ellos complementar las futuras pensiones públicas, ha sido una nueva caída en su número, no solo en los planes privados, también en los de las empresas. Además de las dudas razonables, la falta de incentivos por parte de las entidades y el mayor atractivo de los fondos de inversión -más rentables-, que ha echado para atrás a muchos, el efecto Covid en las economías domésticas, con miles de ciudadanos obligados a rescatarlos, han terminado de dar la puntilla a estos productos que pierden clientes desde hace años y que evolucionan vinculados en gran medida a las regulaciones y a su tributación.
Según los datos del segundo trimestre de 2021 que facilita la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) periódicamente, en esa fecha había 7,46 millones de partícipes en planes individuales y hay que remontarse a 2004 para encontrar una cifra similar. Mientras, los clientes de los fondos de empleo alcanzaron 1,95 millones, alejándose de los dos millones que se dieron por primera vez en 2010 y que aguantaron hasta 2017, año en el cual se inició un descenso progresivo. El dato de los planes de empresa es el peor desde 2009.
El reglamento de 2004 hizo más transparentes estos productos y se abrió un Comisionado de quejas y consultas. Eso propició el auge de los planes
A 30 de junio de este año había un total de 9,46 millones de clientes en planes de pensiones -incluidos los asociados-, el menor número en 16 años y 58.830 menos que a 31 de diciembre de 2020. Desde 2010, momento en que estos productos empezaron a perder todo su tirón, en buena medida como consecuencia de la crisis económica, han abandonado más 1,36 millones de partícipes. Antes y desde 1989, primera fecha en la estadística de Inverco de estos productos financieros que nacieron 1987 al amparo de una ley que los regulaba y que fue desarrollada en 1988, se produjo un auténtico 'boom' con años como 2000 y 2004 en los que crecieron el número de clientes en más de un millón. Los individuales empezaron a perder partícipes en 2009 y los de empleo, tres años después.
En todos los ejercicios, desde que se regularon por primera vez estos productos, que surgieron como refuerzo para los pensiones en un escenario de envejecimiento y empleo bajo, se han producido numerosos cambios legislativos y de fiscalidad, lo que explica en gran medida los vaivenes de partícipes. Ante un complejo entramado normativo, en 2002 vio la luz una ley que refundía los anteriores textos sobre planes de pensiones. En 2004 se aprobó mediante Real Decreto el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que actualizaba la normativa española e incorporaba las disposiciones de la Unión Europea sobre este área. La mayor transparencia y un Comisionado para dar respuesta a las reclamaciones y las consultas de los clientes haría que durante unos años estos instrumentos viviesen su mejor momento.
Cae el número de planes y el saldo entre aportaciones y prestaciones vuelve a números rojos. La esperanza está puesta en el nuevo fondo público de pensiones
La estadística también destaca la caída del número de planes y de beneficiarios. Además, las aportaciones en el conjunto de planes de pensiones nacionales fueron menores que las prestaciones, lo que dio un saldo negativo de 275 millones, después de que en el tercer trimestre del año pasado las aportaciones netas supusiesen 146,7 millones, algo que no se producía desde la misma fecha de 2008. Ante esta negativa situación habrá que esperar como reaccionan los ciudadanos ante el articulado el nuevo fondo público de pensiones, que previsiblemente estará listo a mediados del próximo año y que pretende atraer a pequeñas empresas -y sus trabajadores- y conseguir la mayor rentabilidad.
Precisamente, atraer a las pequeñas empresas a este producto es el reto, ya que estas desconocen mayoritariamente como funciona. El Observatorio de Pensiones de Caser destacaba recientemente que una de cada tres sociedades con menos de 50 trabajadores no había oído hablar nunca de los Planes de Pensiones de Empleo y solo el 7% estaba al corriente de los cambios normativos introducidos este año sobre estos. Mientras, Inverco considera que el castigo a los fondos individuales -en los que confían siete millones y medio de partícipes- tendrá consecuencias negativas en el ahorro.
Los empleados públicos, en torno a 2,6 millones -incluidos los funcionarios de carrera, los interinos y los laborales- previsiblemente serán los primeros beneficiados de estos planes, que se ya están bastante implantados en diferentes administraciones, aunque de forma muy heterogénea, una situación que cambiará con una regulación de mínimos. Al éxito de este instrumento de ahorro, que en principio irá dirigido preferentemente a los jóvenes y autónomos, también contribuirá la simplificación de los trámites para darlos de alta y la limitación de los costes de gestión de estos planes.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya han comunicado a Bruselas su intención de extender los PPE a la mayoría de los trabajadores en 2050 -16 millones de los 19,8 millones ocupados actuales- y que los activos, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), pasen del 3% actual al 31%. Pese a que el objetivo está marcado a 20 años vista, no parece fácil que un instrumento de ahorro muy generalizado en Europa, llegue a un tejido empresarial como el español que protagonizan las pymes, que desconocen mayoritariamente como funcionan.
Los PPE son promovidos por empresas y administraciones. Los promotores ingresan las contribuciones, que pueden ir acompañadas por las de los empleados
Los Planes de Pensiones de Empleo son promovidos por empresas, administraciones e instituciones -sindicatos u organizaciones empresariales- para los trabajadores como instrumento de previsión a largo plazo de cara a la jubilación. Los promotores, que son los ingresan las contribuciones, puede ser más de uno y las aportaciones pueden ir acompañadas por las de sus empleados, lo que facilita la adhesión de empresas con pocos trabajadores o con aportaciones pequeñas y los hace menos costosos.
De momento, los planes de empleo son compatibles con los individuales, con un límite máximo de 8.000 euros -6.000 los primeros y 2.000 los segundos-. Hay tres modalidades de PPE, de aportación definida, de prestación definida y el mixto, que contempla las dos. Las decisiones sobre este instrumento de inversión las toma una comisión de control, en la que están los representantes de la empresa, de los trabajadores y de los beneficiarios. El Gobierno pretende que los planes se mantengan aunque el trabajador cambie de empresa, algo que en la actualidad no pasa siempre.
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