La pandemia de la Covid-19 ha trastocado todos los cimientos de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. Por eso, el arranque de este año va a ser, cuando menos, inusual, también en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado (AGE), donde el 20% de la plantilla presta sus servicios en estos momentos en modalidad no presencial. Así lo refleja el último informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que recoge datos efectivos sobre el personal civil de la Administración, sin incluir al personal de las Fuerzas Armadas ni de os Cuerpos de Seguridad del Estado.
El departamento que todavía dirige Carolina Darias -se perfila como ministra de Sanidad en sustitución de Salvador Illa- elabora desde el pasado mes de abril informes de seguimiento sobre las medidas adoptadas con motivo de la Covid-19 en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado. La intención es medir la aplicación del teletrabajo en la AGE, inicialmente establecida con preferencia para colectivos vulnerables, con patologías o personas a cargo. Esto, teniendo en cuenta que no fue hasta finales de septiembre cuando el Gobierno aprobó la regulación básica del trabajo a distancia para 2,5 millones de funcionarios y empleados públicos, uno de los "principales hitos" de 2020, según ha destacado el Ministerio en su balance de fin de año.
Pues bien, un análisis pormenorizado de los informes revela que en el pico de la emergencia sanitaria, en el mes de abril, el personal en activo que prestaba servicios en modalidad no presencial ascendía a 108.796 personas sobre un total de 174.092 efectivos. Es decir, el 62% de la plantilla estaba teletrabajando durante el primer estado de alarma en el que se decretó el confinamiento de la población, con todas las trabas que aquella situación supuso a la hora de realizar trámites con las distintas administraciones. Pero desde entonces, y a pesar del estallido de la nueva ola a finales del verano y de que el Ejecutivo sigue aconsejando a las empresas que apuesten por el teletrabajo para prevenir los contagios, el porcentaje de teletrabajadores en la AGE se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta el 20% actual (ahora mismo prestan servicios a distancia 37.135 efectivos de un total de 179.444).
Brecha de género
Los últimos datos disponibles, del pasado mes de diciembre, reflejan además una importante brecha de género que, de hecho, ha estado presente en los centros de trabajo dependientes de la AGE durante toda la pandemia. Los datos son cristalinos: la Administración cuenta con una plantilla de 91.896 mujeres y 87.548 hombres repartidos entre los distintos ministerios, pero son ellas las que mayoritariamente optan por trabajar desde casa (21.646, frente a 15.489). Además de que el género femenino es más vulnerable al Covid (5.718 teletrabajadoras) que el masculino (4.329), el principal motivo por el que las funcionarias trabajan desde el domicilio es por cuidado de menores de 14 años (4.351, frente a 2.711 hombres que alegan esta circunstancia) o de mayores a cargo (973, frente a 463).
El resto de la plantilla que practica el teletrabajo (18.590 funcionarios y empleados públicos en total, 10.604 mujeres y 7.986 hombres) lo hacen por ser la opción más adecuada para su función o por las características particulares del departamento en el que se encuentran. Aunque el trabajo a distancia ya existía en la Administración antes de la Covid, la implantación más generalizada de esta metodología laboral se vio acelerada en marzo ante la crisis sanitaria, que lo configuró como preferente. Con la desescalada, Función Pública fijó un protocolo para la reincorporación gradual a los puestos presenciales, si bien ante la nueva ola de contagios el Ministerio parece resistirse a volver a apostar por el teletrabajo de manera masiva.
Ante este panorama, y a pesar de la entrada en vigor de la nueva ley que regula el trabajo a distancia y que afecta tanto a los funcionarios como al personal laboral de las administraciones públicas, los sindicatos critican que el teletrabajo se está aplicando sin un criterio fijo, generando desigualdades entre las plantillas de los distintos departamentos, en función de las decisiones concretas que toma cada centro de trabajo u organismo específico. Una falta de homogeneidad que, ante una situación sanitaria que evoluciona a distinta velocidad entre las comunidades autónomas, requiere de un protocolo que impulse la jornada a turnos y continuada en la modalidad presencial en las zonas con restricciones y el teletrabajo con presencialidad exclusiva en servicios esenciales en las zonas confinadas, según reclaman a Función Pública las organizaciones sindicales.
Diferencias entre ministerios
Como ejemplo de esta desigualdad y falta de homogeneidad basta mirar a los ministerios. Y es que el desarrollo del trabajo a distancia entre los empleados públicos de la AGE oscila entre el 3% que lo practican en el Ministerio de Defensa o el 4% en Interior y el 62% en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o el 56% en Universidades. Por ejemplo, en el departamento de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, que no solo ha empujado a las empresas al teletrabajo sino que lo ha regulado por ley, solo trabaja a distancia un 30% de la plantilla. Y en el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que pilota José Luis Escrivá apenas lo hace el 12%. Y otro dato llamativo: en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, donde están teletrabajando 87 personas (el 45% del total) 72 son mujeres y 15 hombres.
El informe de seguimiento de la Secretaría General de Función Pública también aporta otros datos interesantes como, por ejemplo, el número de reuniones por videoconferencia que se han realizado desde el día 10 de marzo: 410.942 en total hasta diciembre, o lo que es lo mismo, unas 1.400 reuniones virtuales al día celebradas en el conjunto de los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado. De nuevo, con diferencias notables entre departamentos ministeriales, pues mientras el Ministerio de Ciencia e Innovación ha acaparado en este periodo 114.771 de todas las 'video call', Defensa ha realizado 48.428 o Exteriores, 31.240, otros como Igualdad o el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón apenas han desarrollado 1.225 y 992 videoconferencias, respectivamente, a pesar de ser un instrumento clave en pandemia para empresas y administraciones.
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