El frenazo de la economía española amenaza con dejar a los funcionarios sin buena parte de la subida salarial que esperaban para el año que viene. Si las previsiones publicadas hace unos días por los analistas del Banco de España se cumplen y el PIB crece un 2% en 2019, los empleados públicos perderán el plus variable del 1% comprometido en el acuerdo firmado por los principales sindicatos del sector con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en marzo de 2018. Si además las Administraciones Públicas no fueran capaces de cumplir el objetivo de déficit de 2020 del 1,1% del PIB, como también apuntan los analistas, perderían el extra del 0,55% que se preveía por ese éxito de política económica. El escenario a día de hoy es inquietante en este sentido para los tres millones de empleados públicos del país. De una subida potencial del 3,85% en 2020, el alza real podría quedarse en el 2,3%, por debajo del 2,75% que han mejorado las nóminas este año 2019.
La circunstancia no ha pasado desapercibida para los sindicatos de funcionarios, que según informan fuentes sindicales ya han trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su voluntad de renegociar las condiciones fijadas en el acuerdo para activar la parte variable de la subida salarial de 2020. "El acuerdo se firmó sobre la base de unas determinadas previsiones de crecimiento de la economía, si el Gobierno cambia esas previsiones, cambia el 'terreno de juego' y lo normal es que también se modifiquen las cifras a partir de las cuales se puede cobrar ese variable", argumentan desde el área de Función Pública de CCOO.
Los sindicatos admiten que el Gobierno ha sido receptivo a la posibilidad de replantearse las condiciones para 'liberar' el pago del variable, pero que también ha dejado bien sentado que no se puede hacer nada en tanto se prolongue la actual situación de interinidad o 'en funciones' y no se constituya un Gobierno estable. El asunto es que los sindicatos no están dispuestos a esperar. Quieren un compromiso formal del Gobierno de Sánchez antes del 10-N y no sólo con la potencial renegociación de las condiciones objetivas para acceder al tramo variable de la subida salarial de 2020, también con la subida de los salarios de los funcionarios según lo pactado (2% fijo) ya desde la nómina de enero y con el cumplimiento de determinados elementos del acuerdo de 2018 con los que entienden que el Gobierno está racaneando, como el pago de los fondos adicionales.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ya ha anunciado movilizaciones en los próximos días "ante la falta de diligencia del Gobierno en el cumplimiento de los acuerdos" que estaría retrasando "de manera injustificada" la aplicación de las mejoras retributivas pactadas para el personal de la Administración. El motivo explícito es la retención del pago de unos 20 millones de euros correspondientes a uno de los componentes de la subida salarial de 2018 -los fondos adicionales- y de la práctica totalidad de esos fondos para 2019, que iban a servir, entre otras cosas, para retribuir con un extra al personal de atención al público de la Administración.
Sin embargo, fuentes sindicales reconocen que la plataforma de reivindicaciones es más amplia y alcanza también a la incertidumbre respecto a la nómina de los primeros meses de 2020 y al cobro del variable de ese año que entienden que les corresponde.
El acuerdo de 2018 alumbró un modelo retributivo sin precedentes en la Administración Pública española. Las subidas del trienio siguiente se estructuraron en torno a una cantidad fija (1,5%-2,25%-2%), un complemento variable en función del cumplimiento de unos objetivos de crecimiento (0,25%-0,25%-1%) y una bolsa de fondos adicionales para dar cobertura a distorsiones específicas dentro de la Administración y cuyo reparto se acordó hace unos meses (0,20%-0,25%-0,30%). Además, fijó un plus adicional del 0,55% en 2020 si se cumplía el objetivo de déficit para el año.
Según se vendió el plan en los días posteriores al acuerdo el esquema permitía una subida global de hasta el 8,79%, que permitiría recuperar hasta una tercera parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. Las previsiones actuales sobre la economía dejarían esa subida global en el 7%. Fuentes sindicales recuerdan que durante esa negociación los sindicatos accedieron a pactar un tramo variable bajo la condición de que fuera fácilmente accesible.
El riesgo de cargar con una 'congelación salarial'
Si hay un concepto que aterra a los responsables del Ministerio de Función Pública y Política Territorial es el de 'congelación salarial'. El asunto ha quedado grabado en el inconsciente colectivo de los empleados públicos españoles como una de las huellas más profundas de la crisis económica y financiera que asoló España en los inicios de la década. Durante cuatro años (2012-2015), tres millones de funcionarios vieron como sus nóminas se estancaban, justo después además de haber sufrido un recorte en sus salarios del 5% en el célebre decreto de recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. CCOO calculó en su día la pérdida de poder adquisitivo acumulada entre 2011 y 2017 en cerca del 15% y otras fuentes hablan de una pérdida media de 140 euros de poder adquisitivo en ese mismo periodo.
En ausencia de medidas el Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre se expone a 'gestionar' la congelación salarial puntual de las nóminas de tres millones de empleados públicos. La ausencia de Presupuestos y la presunta incapacidad de un Gobierno en funciones para dar cauce jurídico a la subida prevista en un acuerdo publicado en el BOE -una imposibilidad jurídica que los sindicatos no comparten- aproximan un escenario en el que las nóminas de los funcionarios no experimentarían variación alguna en el comienzo del año salvo una conformación exprés de Gobierno. UGT, CCOO y CSIF ya han avanzado al Gobierno que no contemplan este escenario y desde Función Pública se les ha trasladado que se ha puesto el asunto en manos de Abogacía del Estado para analizar los cauces jurídicos para resolver este aparente callejón sin salida.
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