El sindicato mayoritario de la función pública, el CSIF ha presentado este lunes una iniciativa legislativa popular (ILP) para poner fin al recorte en las pagas extraordinarias de los empleados públicos. Ese tijeretazo fue aprobado hace casi trece años, en plena crisis financiera, dentro del paquete de urgencia que Bruselas obligó a presentar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente a un déficit público desbocado.
El sindicato calcula que cada año los funcionarios de nivel A1 dejen de cobrar 1.600 euros; los A2, 1.000 euros; y los C1, 500 euros. "Ha llegado el momento de acabar con esta medida extraordinaria", ha indicado el presidente de CSIF, Miguel Borra, que ha hecho hincapié en que dado el tiempo que lleva vigente ha pasado a ser "estructural" y ha supuesto una merma de 30.000 millones de euros para los empleados públicos.
El CSIF ha remitido, además, una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le instan a reabrir la negociación de las condiciones salariales del sector. El propio Borra ha recordado que el Ejecutivo llegó a un acuerdo con CCOO y UGT por el que los salarios de los empleados públicos crecerían hasta un 9,5% entre 2022 y 2024, si bien su sindicato no se adhirió al mismo.
Además, no descartan ninguna medida de presión, incluida la huelga, y han incidido en que no renegociar las condiciones salariales de los empleados públicos traerá más conflictividad. "Exigimos a nuestra patronal, el Gobierno, que no nos trate peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada" ha sentenciado Borra. El presidente del CSIF ha recordado que el acuerdo entre la patronal CEOE, CCOO y UGT apunta a un alza salarial del 4% este año (que se completaría con incrementos del 3% tanto el próximo ejercicio como el siguiente), mientras que para los empleados públicos se habla de un alza del 2,5%.
La falta de efectivos en el sector público se agrava día a día
El sector público lleva ya un tiempo de movilizaciones que se están extendiendo a prácticamente todos los sectores, tanto por sus condiciones laborales, como por la falta de efectivos y sus condiciones salariales. De la huelga en marcha de los funcionarios de Justicia a las de los inspectores de Trabajo (que han convocado mañana una rueda de prensa para anunciar nuevas protestas), pasando por los de Seguridad Social o por los Inspectores de Hacienda, en pie de guerra por las nuevas pruebas de acceso que se proyectan para salvar la escasez de medios humanos.
De hecho, Borra ha recordado que en la Administración hay un déficit de 160.000 trabajadores, por lo que su sindicato hizo llegar al Ministerio de Hacienda y Función Pública un plan para cubrirlos en tres años. En el caso de la Sanidad, para homologarse a las cifras europeas, España necesitaría elevar los empleados en 280.000 en diez años, puesto que solo en Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes.
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