La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó la negociación salarial con los empleados públicos en el marco de las reuniones para acordar la oferta público de empleo (OPE). La intención del Ministerio de Función Pública es la de abordar ese tema en la elaboración de los presupuestos generales del Estado (PGE), un asunto, que según confirmó Montero, ya ha comenzado en el seno del Gobierno. Sin embargo, las organizaciones sindicales todavía no han sido convocadas por el departamento y comienzan a impacientarse. Csif ya ha iniciado las movilizaciones y UGT no las descarta si no se producen avances en los próximos días. Junto a CCOO, los sindicatos buscan lograr un acuerdo plurianual que les permita recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años.
Como publicó este periódico, las cifras que manejan en el Ejecutivo es la de una subida salarial para los funcionarios de alrededor del 2,2%. La cifra es el deflactor del producto interior bruto (PIB) que prevé Moncloa para 2023. No obstante, esta subida no cubriría la diferencia entre los salarios y los precios para este año, ya que el Gobierno calcula un deflactor del PIB -medida más cercana al IPC- de alrededor del 6%. También es insuficiente según los cálculos de CCOO, que estiman una pérdida del poder de compra del 8,7% en los últimos años. Por ello, desde el sindicato trasladan que su propuesta pasar por incrementar las remuneraciones un 3,5% de cara al próximo año, un 2,5% en 2024 y un 2%, en 2025.
La propuesta incluiría una cláusula de revisión que se adaptaría al alza y a la baja, en concordancia con la evolución de la inflación, según explican fuentes de CCOO. Además, consideran que el incremento salarial debe ir acompañado de la estabilización de los puestos de trabajo y de la recuperación de derechos laborales. También UGT opta por "atar un compromiso" que actualice la remuneración de los funcionarios en un periodo más amplio de tiempo, según explica Antonio González, portavoz de UGT en la Administración General del Estado. González critica que durante la negociación de la OPE se instó a Función Pública a abordar la materia salarial, pero la respuesta fue que "no tocaba".
Montero ha abierto la puerta a un acuerdo que garantice una subida salarial durante los próximos años. "Yo creo que lo bueno es poder acordar con las organizaciones sindicales para los próximos tres años una subida que permita, por una parte, ser capaces de acompañar esos salarios y, por otra, no desarrollar ninguna iniciativa que pueda profundizar en la inflación", explicó la titular de Función Pública. Sin embargo, hasta que no haya una reunión, las fuentes consultadas consideran las palabras de la ministra otro "globo sonda". González lo compara con la adaptación del acuerdo de teletrabajo que se ha aprobado en el marco del plan de ahorro y eficiencia energética, para el cuál todavía no hay una definición clara de qué puestos de trabajo pueden adherirse a esta opción.
En UGT ya se están "gestando" movilizaciones si Montero no se sienta a negociar con los empleados públicos. Desde el sindicato critican que siempre son los "funcionarios los que pagan el pato" cuando hay una situación económica complicada. Csif, por su parte, ha convocado concentraciones en toda España el próximo 22 de junio porque creen que aunque Montero se ha mostrado dispuesta a firmar un acuerdo, "todavía no hay una convocatoria formal". De hecho, creen que esta podría retrasarse hasta después del verano, si tiene que coincidir con la negociación de los presupuestos generales del Estado.
La propuesta de Csif pasa también por incrementos salariales durante varios años. No obstante, no ponen porcentajes encima de la mesa y prefieren esperar a que comience la negociación formal con Función Pública y añaden que son "conscientes de las dificultades económicas". Fuentes de la organización critican la "falta de interlocución" con el departamento de Montero. El sindicato cifra la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en un 20%, si se tiene en cuenta la evolución de precios actual con respecto a 2010. Por este motivo, consideran que es necesario un "plan de recuperación" que permita a los salarios de los empleados públicos sobreponerse.
"Las empleadas y empleados públicos han dado sobradas muestras de compromiso y de sacrificio, en los últimos años. Durante la pandemia hemos dado todo y más para que este país saliera adelante y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes dificultades que han tenido que asumir las plantillas del SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuerzas de Seguridad", defienden desde Csif. Por ello, exigen "al Gobierno que esté al mismo nivel de compromiso y de entrega que los y las funcionarios públicos han demostrado en los últimos años, y les conceda los recursos justos y necesarios para que puedan seguir realizando su trabajo al servicio de todos los ciudadanos". Tras el fracaso de las conversaciones para lograr un pacto de rentas, los funcionarios ponen las líneas rojas para sentarse a negociar con el equipo de Montero lo antes posible.
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