El envejecimiento de las plantillas públicas -925.000 empleados se jubilarán durante los próximos diez años-; la entrada masiva de interinos, que han cumplido el papel de los funcionarios en algunos casos durante décadas; y los continuos recortes han dejado las administraciones muy debilitadas y, en algunas áreas, con menos trabajadores que en 2010. Mientras, la pandemia del coronavirus ha hecho más patente que nunca la necesidad de unos servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, de calidad y lo suficientemente numerosos para hacer frente a situaciones inesperadas.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el número de empleados al servicios de las administraciones en el mes de julio -último dato disponible- era de casi 2,6 millones, pero solo 1,5 millones eran funcionarios de carrera. El resto se dividía prácticamente a partes iguales entre personal laboral, con una alta tasa de temporalidad y cuyos derechos laborales dependen del Estatuto de los Trabajadores, e interinos, que llegan a la administración para hacer sustituciones pero que acaban ocupando el puesto durante décadas.
Con una población cada vez más envejecida -España es el país del mundo con más ancianos junto a Japón- y demandante de servicios sanitarios, cuatro autonomía -Cantabria y Comunidad Valenciana- redujeron entre 2010 y 2020 sus empleados en el área de sanidad. El mayor recorte se produjo en la última comunidad y estuvo cerca al 9%, mientras en la primera el descenso rondó el 4%. Destacan los aumentos en esta actividad en Baleares (30%) y Cataluña (26%), pese a que esta comunidad tiene el menor ratio de funcionarios por habitante y por ocupados de España, por cesión de algunos servicios, a través de conciertos y convenios, al sector privado.
Mientras, hasta cinco comunidades redujeron su plantilla de docentes no universitarios. A la cabeza del recorte se encuentra la Región de Murcia, con un 13,6%, seguida de Galicia (9,8%), Castilla y León (3,3%), Andalucía (2,82%) y Principado de Asturias, el 0,57%. Mientras, en Castilla-La Mancha la contratación de profesores y sanitarios subió un 15% en ambos casos. Por su parte, la Comunidad de Madrid aumentó apenas un 1,18% sus docentes y el 3,76% su personal de sanidad.
Donde si metieron la tijera prácticamente todas las comunidades es en la plantilla de las consejerías y organismos autónomos. Solo cuatro autonomías (Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias y, especialmente, País Vasco) incrementaron el personal en este área. Las regiones han pasado de tener 1,1 millones de efectivos en 2002 a algo más de 1,5 millones en 2020, un 38% más, debido al proceso de transferencias de competencias llevado a cabo durante las dos últimas décadas.
La puntilla de la pandemia
La pandemia del coronavirus ha provocado un parón de la convocatorias y ha sacado a la luz la precariedad, carga de trabajo, falta de recursos y el envejecimiento de las plantillas públicas. El aluvión de funcionarios y empleados públicos que entraron en la Administración en los 80, con el desarrollo del Estado de las Autonomías y que dieron un importante impulso al Estado social, se han jubilado -pueden hacerlo desde los 61 años- o lo harán en menos de diez años. En la Administración General del Estado, la mitad de los efectivos se retirarán durante la próxima década.
Los retiros o no se cubren o se hacen con interinos, que poco a poco han tomado el relevo a los funcionarios de carrera, con un protagonismo cada vez menor. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero inició en 2009 los recortes de personal, con la limitación de la tasa de reposición de efectivos a uno de cada tres de los que jubilase, una medida que también impulsó Mariano Rajoy, reduciendo todavía más los reemplazos desde 2012 a 2016.
Las administraciones públicas pasan ahora por un nuevo cambio, que también vive el sector privado, la temporalidad y la precariedad del empleo. Los funcionarios de carrera, aquellos que consiguen una plaza después de años de estudio y dejando de lado parte de su vida personal se han sustituido, fundamentalmente en los últimos cinco años, por personal interino -que también opositó, pero sin lograr plaza-, por efectivos elegidos a dedo y eventuales. Su peso en las administraciones apenas suponía poco más de un 13% en julio de 2010, un 14% en el mismo mes de 2015 y a julio de 2020 -último dato disponible- casi un 22%.
Aluvión de retiros
El otro gran problema de las administraciones es el envejecimiento de la plantilla. En organismos clave y de atención al público como los Servicios de Empleo o la Administración de la Seguridad Social, las edades de sus empleados rebasan, con creces, la media. Según un reciente estudio de Adams Formación a partir de datos del INE, en el área de la Seguridad Social el 76% de sus empleados tiene 50 o más años. En la Administración central, cuatro de cada diez -de más 540.000 efectivo- ya tiene o supera los 50 y en los ministerios el porcentaje llega al 64%.
Junto a esto, sólo el 7,5% de los empleados públicos son menores de 30 años y únicamente 7.000 tienen menos de 20 años, lo que supone el 0,2% del total. De ellos, el 95,77% son temporales. Ante este panorama, harán falta numerosas convocatorias de oposiciones o una profunda transformación en las administraciones públicas. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ya tiene en marcha una drástica reforma, cuyo principal objetivo será acabar con los interinos que lleván décadas en la administración.
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