La avalancha sin precedentes de solicitudes de prestaciones por desempleo que ha provocado la crisis del coronavirus ha llevado al límite a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que amenazan con ir a la huelga si el Gobierno no ofrece soluciones a la situación crítica que atraviesan. Una "brutal" carga de trabajo, confusión e incertidumbre, estrés, presión interna y externa e incluso ataques de ansiedad, son algunas de las denuncias que han trasladado los trabajadores del organismo público a su director general, Gerardo Gutiérrez Ardoy, y hasta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, según varios escritos a los que ha tenido acceso La Información. "Se están fraguando protestas en la plantilla y no se descarta la huelga", advierte un funcionario que prefiere permanecer en el anonimato por las represalias que pudiera suponer esta revelación.
En el escrito que han enviado de manera masiva vía correo electrónico al máximo responsable del organismo, los funcionarios del Sepe denuncian haber tenido que tramitar, "en unas condiciones absolutamente precarias, un incremento en el número y gestión de prestaciones por desempleo, derivadas fundamentalmente de la aprobación de expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor y en menor medida por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, cuya dimensión era desde el primer momento difícilmente asumible en función de los medios técnicos y humanos de los que disponemos". Además, admiten que detrás de la aprobación masiva de prestaciones de la que tanto presume el Gobierno "existe un importantísimo porcentaje de expedientes mal reconocidos".
"La necesidad de aprobar el mayor número de derechos en el menor tiempo posible ha dejado atrás todo un catálogo de errores en los términos del reconocimiento, especialmente en las cuentas bancarias, en el cálculo de las bases reguladoras o en el de las medias ponderadas, generando tanto prestaciones cuyo importe es inferior al que realmente corresponde, como prestaciones con un importe superior al que hubiera sido aprobado si estos derechos hubieran podido tramitarse con la pulcritud, profesionalidad y rigurosidad que todos los profesionales del SEPE hemos aplicado siempre en el reconocimiento de los derechos, virtudes todas incompatibles con el reconocimiento masivo, precipitado y descoordinado que hemos debido afrontar", relatan en la misiva.
En este contexto, los funcionarios reconocen que han tenido que "traicionar, al menos temporalmente, los más elementales principios de actuación administrativa para agilizar los procedimientos", generando "situaciones de estrés". Este esfuerzo está pasando factura: "Son muchísimas horas, más de las ordinarias, con jornadas que se han extendido de lunes a domingos, mañana y tarde. Se resiente la capacidad física (los ojos, las contracturas), y también considerablemente nuestra resistencia emocional. Se resienten las relaciones familiares en nuestros domicilios porque en muchas ocasiones no se comprende esta dedicación, incluso la confunden con obsesión. La presión, interna y externa, empieza a pasar esa factura y son ya demasiado frecuentes ataques de ansiedad en nuestros compañeros y compañeras fruto de la presión a la que estamos sometidos o que nos auto imponemos".
En el escrito también señalan que, en paralelo a la desescalada, las empresas están reincorporando a parte de sus plantillas (unos van alternando periodos de actividad con inactividad, otros se incorporan definitivamente, otros modifican las medidas de suspensión a reducción...) y esto mientras todavía no han sido reconocidas miles de prestaciones. "Este desajuste temporal está obligando a realizar las revisiones y actualizaciones del derecho en muchos casos con posterioridad a la aplicación de estas medidas, o sea, mecanizando bajas, periodos de actividad o revisando derechos en meses posteriores", avisan. "Todos sabemos que esta situación aplicada a un número tan desmesurado de expedientes genera y generará una brutal carga de trabajo en forma de revisiones de oficio, reclamaciones previas, demandas ante el Juzgado de lo Social o reclamación de percepciones indebidas que augura todavía un largo periodo de gestión", advierten negro sobre blanco.
En otra misiva que ha podido consultar este medio, en esta ocasión enviada por una trabajadora de una oficina del SEPE en Madrid directamente a la Ministra de Trabajo el pasado 31 de mayo, se ruega que no se abran las oficinas hasta después del verano porque sería "una temeridad" abrir al público con el ambiente tan caldeado entre las personas que todavía no han cobrado sus prestaciones. Los funcionarios le reprochan a los responsables gubernamentales que son ellos los que tienen que dar la cara a la ciudadanía con escasos medios de seguridad. Además, acusan a Díaz de no haber explicado correctamente a la sociedad la compleja tramitación que suponen los ERTE, de manera que pudieran comprender por qué no iban a cobrar su prestación en abril. En este sentido, le hacen directamente responsable de haber hecho quedar a los funcionarios como "villanos" y del acoso y las amenazas que han recibido por parte de los usuarios en las redes sociales.
Agravio con el INSS
Pero no solo eso. Los funcionarios del Sepe denuncian también las condiciones "radicalmente distintas" en las que sus compañeros del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) van a enfrentarse a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. "Observamos ahora con absoluta indignación y estupor las directrices del plan de intensificación desarrollado en el INSS para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, que, entre otras medidas, y a modo de ejemplo, prevé una compensación económica a los funcionarios participantes por importe bruto de 21 euros la hora completa de trabajo, con una previsión de 1,5 expedientes por hora", reza el escrito dirigido al director general del SEPE. La diferencia entre el reconocimiento de la Dirección del INSS respecto de su plantilla y la gestión realizada en el SEPE es, a su juicio, "ciertamente desoladora".
En otra carta dirigida a Gutiérrez Ardoy, el coordinador nacional de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, hace hincapié en este agravio y habla de un trato "absolutamente desigual y discriminatorio para el personal del SEPE". Tras recordar que el INSS se hace cargo de una sola medida extraordinaria que afectará a 850.000 personas (el IMV) y "el SEPE asumió hasta siete medidas de protección extraordinarias afectando a más de cinco millones de personas y de un día para otro, sin tan siquiera poder organizar a la plantilla y las herramientas que deberían acometer tal avalancha", Galdeano pone de manifiesto que el plan de gratificaciones del INSS, fijado en 21 euros la hora extraordinaria con un límite máximo de 3.600 euros por trabajador, además de disponer toda la plantilla de la jornada de 40 horas, no tiene nada que ver con la Instrucción de compensación dirigida al SEPE y el presupuesto que contempla, lo que ha generado un "profundo malestar".
"Las gratificaciones y compensaciones para los empleados del INSS han sido la puntilla", explica un funcionario del SEPE que asegura que "los ánimos están muy muy caldeados". "De momento, nos hemos organizado unos mil compañeros, con el compromiso de no hacer ni una hora más y sin descartar la huelga", advierte en conversación telefónica con este medio. Fuentes sindicales admiten que ven complicado que las grandes centrales apoyen una eventual huelga y advierten de que "sería malinterpretada por la opinión pública dada la excepcionalidad del momento". En cualquier caso, consideran que este tipo de provocaciones por parte de los funcionarios del SEPE podrían dar sus frutos en la negociación con el Gobierno, que podría intentar calmar los ánimos con alguna oferta de compensación.
En la misiva dirigida al director general del SEPE, fechada a 30 de mayo, el coordinador nacional de CSIF en el organismo solicita a los responsables gubernamentales que se emprendan todas las acciones necesarias para poner en valor el trabajo que están desempeñando los funcionarios. "Las manifestaciones de agradecimiento están muy bien, sin duda animan y apoyan, pero comprenderá que son los hechos los que ponen verdaderamente de manifiesto el reconocimiento al sobreesfuerzo y sacrificio personal que sin duda se está acometiendo", zanja. Esta y otras cuestiones se debatirán en la reunión prevista para este jueves, 4 de junio. Mientras, los funcionarios insisten: "Hasta ahora hemos estado agachados, per nos hemos unido en un movimiento para luchar por nuestros derechos".
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