A finales del verano pasado La Información contó la historia de José Luis Álvarez, parado y perceptor del subsidio para mayores de 52 años. Cinco meses después, este medio se ha preocupado por su situación: sigue en la cola del paro y se reitera en que el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) "no está preparado para encontrar trabajo a nadie". Critica la falta de concordancia entre las ofertas que recibe y sus aptitudes profesionales y llega a hablar de "dejadez" y "desidia" entre el personal de lo que antes se conocía como el Inem. Sus críticas encajan entre quienes cuestionan la eficacia de estas oficinas a la hora de colocar a la gente en el mercado laboral. Pero detrás de la 'ventanilla' se esconde una precaria realidad: "En mi oficina éramos ocho y quedamos cuatro", resume una funcionaria del Sepe en Andalucía que responde a las iniciales M. A.
Un expediente cada doce minutos. Es el ritmo al que debe despachar M. A. si no quiere demorar todas las citas y abarrotar la sala de espera. Doce minutos para atender al ciudadano, estudiar su caso y resolverlo. Con muchísima casuística (prestaciones por desempleo, excedencias, subsidios para mayores de 52 años...), con el añadido del régimen agrario propio de la región, que implica trámites más complejos (debe consultar uno a uno todos los ingresos de la unidad familiar para comprobar que no excede el límite de rentas y calcular la base reguladora a mano) y con la complicación adicional de los cambios de criterio constantes por modificaciones normativas como, por ejemplo, los topes de rentas por la subida del salario mínimo. "Es imposible en 12 minutos", sentencia.
José Luis ha pasado más tiempo del que desearía en las oficinas del Sepe en los últimos meses. Se queja de que los funcionarios "dan información con cuentagotas". Asegura haber tenido problemas con la documentación aportada y con muchos trámites e incompatibilidades administrativas. "Ha sido una lucha constante", dice. Sobre todo, porque las citas en su oficina más cercana (una de las más concurridas de Madrid) las dan a 10 e incluso 15 días vista.
"El problema es que ante el desplome de efectivos se están cubriendo los puestos del Sepe con funcionarios administrativos y auxiliares que se están encargando de gestiones como el reconocimiento de prestaciones que es competencia del personal de categorías superiores", comenta M. A. A su juicio, "las convocatorias de nuevas plazas resultan insuficientes y sigue habiendo un déficit de personal brutal". A esto se añaden las restricciones a la movilidad con las que se encuentran los funcionarios del Sepe respecto al resto de empleados públicos. "Nos vetan en los concursos y esto genera que la gente no quiera trabajar en un lugar donde se siente presa", denuncia.
El Sepe, que según el último Informe Anual de 2018 cuenta con una plantilla de 8.224 personas (7.355 fijas y 869 temporales) distribuidas entre los Servicios Centrales, 52 Direcciones Provinciales y 711 Oficinas de Prestaciones, se incluye en el Sistema Nacional de Empleo junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, que son los que gestionan las transferidas políticas activas de empleo, es decir, la formación y orientación laboral y el apoyo a la contratación para devolver a los desempleados al mercado de trabajo.
Una cuestión de eficacia
El Sepe, junto a sus extensiones autonómicas, tiene dos funciones: gestionar las prestaciones económicas para los parados y aplicar políticas activas de generación de empleo. Pero, ¿cómo se mide la eficiencia del Sistema Nacional de Empleo? Los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son de 2018 y fueron publicados en las variables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según el informe, gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo 344.700 personas encontraron trabajo ese año, solo un 2% del total. En contraste, según la misma encuesta, el número de asalariados contratados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) ascendió a 626.500, el 3,9% del total.
A tenor del porcentaje, el éxito de colocación parece más bien escaso, casi residual. Así lo han criticado incluso desde Bruselas. Y eso que las autoridades europeas cuantifican la tasa en un 3%. Sin embargo, sigue siendo una de las más bajas de la UE y permanece a años luz de las de países del entorno en los que la empleabilidad de sus oficinas públicas de empleo supera el 80%, como Alemania o Países Bajos. Como remate final, la Comisión Europea ha censurado incluso la descoordinación entre las administraciones de las que dependen estos servicios.
En orientación laboral en la Comunidad de Madrid trabaja Sandra. "En las oficinas de empleo siempre estamos en precario", denuncia esta funcionaria con más de dos décadas de experiencia que también atiende al colectivo de víctimas de violencia de género. Pero Sandra no olvida que "hemos tenido épocas muy malas". Se refiere a los años de recesión en los que las oficinas del paro se desbordaron. "Recuerdo la crisis, esa sensación... la recuerdo constantemente y he aprendido a vivir con ella", evoca en un tono de preocupación y firmeza a partes iguales.
El presupuesto, cuestionado
La crisis ya pasó, según las grandes cifras macroeconómicas, pero en la cola del paro sigue habiendo más de tres millones de personas. Para atenderlas, el Sepe cuenta con un presupuesto anual de unos 24.000 millones de euros y el 75% (cerca de 18.000 millones) se dedica a prestaciones por desempleo. A esto se suman otros 6.000 millones de inversión en políticas activas de empleo, de los que el 40% (en torno a 2.500 millones) se distribuyen entre las comunidades autónomas.
Una dotación presupuestaria insuficiente a ojos de la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, para quien "invertir en políticas activas de empleo es una prioridad absoluta, ya que éstas deben ser el motor sobre el que se asiente un cambio de planteamiento sobre nuestro modelo productivo y nuestro mercado laboral, que hoy en día es más urgente y necesario que nunca".
Para Barrera, "los Servicios Públicos de Empleo no tienen recursos suficientes para afrontar una tarea que es vital, la de realizar una evaluación de cada desempleado o desempleada para tener un diagnóstico real de por qué esas personas no pueden acceder al mercado laboral". Entre las propuestas de UGT está la de aumentar a corto plazo los recursos de las políticas activas, reorientando los actuales mediante la supresión de la mayoría de las bonificaciones y reducciones a la contratación (que actualmente ascienden a unos 3.700 millones de euros) y de otros programas "carentes de eficacia". En el sindicato consideran que en el plazo de dos años los recursos actuales de las políticas activas de empleo, sin contar con esas bonificaciones, deberían duplicarse.
Por su parte, la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo independiente fiscalizador de las cuentas públicas que hasta hace menos de un mes presidía el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, considera que el Gobierno hace un reparto "deficiente" del presupuesto destinado cada año a políticas públicas de empleo. "La Airef concluye que existen claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en Políticas Activas de Empleo y considera necesario identificar qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos", recoge la institución en un informe en el que llega incluso a establecer que es imposible saber exactamente cuánto dinero se gasta España en estas políticas.
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