Los funcionarios tendrán tres días para teletrabajar a la semana a partir de 2022

Hacienda ha confirmado que los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar de manera voluntaria hasta tres días a la semana a partir de enero de 2022, mientras que los dos días restantes quedarán restringidos a la actividad presencial, respetando los acuerdos firmados con los sindicatos el pasado mes de abril.

La responsable de la cartera de función Pública y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó ayer en su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados que desde el ministerio siguen trabajando en la elaboración de un real decreto ley que regule el teletrabajo dentro de la AGE, y se marca como objetivo la aprobación de este antes de acabar el año, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2022.

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Este real decreto que según han confirmado fuentes de Hacienda a Europa Press, respetará los acuerdos firmados con los sindicatos, yendo en línea con lo pactado entre el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, y CIG, en el que se remarcó que los funcionarios de la AGE podrían teletrabajar de manera voluntaria tres días. Esta iniciativa nace después de la experiencia con la pandemia, que ha dejado aprendizajes para el buen impulso de este decreto, según Montero, y parte con el objetivo de incentivar que haya empleados públicos en lugares de residencia en riesgo de despoblación sin que repercuta la calidad de la prestación del servicio público. 

A la espera de la aprobación del decreto y pese al acuerdo con sindicatos en abril, el Gobierno adoptó en septiembre una resolución que discurre por una vía contraria al acuerdo con los sindicatos, y a través de la cual se establece que a partir del 1 de octubre, el teletrabajo en la Administración General del Estado se restringiera como máximo a un día a la semana, lo que equivale a un 20% de la jornada.

Líneas del acuerdo firmado en abril

A partir del texto firmado hace siete meses se establece que el teletrabajo en la AGE deberá tener carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. No obstante, se podrá autorizar de forma "forzosa" en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.

En lo que respecta a las jornadas de teletrabajo, estas serán las que correspondan a cada empleado público de acuerdo con el calendario laboral y las instrucciones de jornada y horarios, y se podrá prever la existencia de un horario fijo de disponibilidad y localización dentro de la jornada laboral, así como mecanismos de control para su cumplimiento, como el fichaje, y seguimiento de la gestión y trabajos encomendados en los objetivos previamente fijados.

Esta modalidad no será aplicable a todos los funcionarios públicos, pues se exime de su aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, ni a jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, colectivos que se regirán, en su caso, por la normativa específica en materia de teletrabajo que cada uno posea.

Además, por primera vez en la historia de la AGE, se establecerá un sistema de acceso al teletrabajo mediante convocatorias públicas al menos una vez al año, al que también se podrá acceder mediante sistemas de gestión permanente de solicitudes. En todo caso, los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo y acreditar una antigüedad mínima de un año en el puesto y unidad, sin perjuicio de los requisitos que deban cumplir para el desempeño de las funciones en esta modalidad de trabajo, que habrán de ser públicos.

La autorización para solicitar esta modalidad habrá de requerir del informe previo del superior jerárquico y su denegación habrá de ser motivada, sin que el mero cumplimiento de los requisitos para el acceso a la convocatoria presuponga la concesión automática.