¿Gabinete de crisis? El problema no es la seguridad en carretera... son los precios

 El Gobierno, con el Ministerio del Interior a la cabeza, lleva una semana con reuniones de gabinete de crisis para afrontar las alarmas que se puedan producir por el paro de transportistas convocado desde hace diez días, con más de 23.000 policías y guardias civiles desplegados por las carreteras españolas que, tras el análisis de todos los datos y la comparación de este paro con otras huelgas del transporte más duras que han llegado a paralizar España, llegan a una misma conclusión: por el momento, no hay un problema grave de seguridad, lo que hay es un malestar social y empresarial  muy grande por la subida de precios que hace crecer la sensación de desorden y que irá a más si no se toman medidas cuanto antes.

Es un hecho que la presión que los los transportistas “minoritarios” en paro han generado en el resto de sus compañeros han hecho a muchos de ellos desistir en sus salidas, sobre todo por los elevados costes que tienen que afrontar y que provocan que muchos autónomos  y pequeñas y medianas empresas del sector trabajen a pérdidas, sobre contratos a largo plazo cerrados a precios de otro tiempo. Muchas de esas compañías, que han visto como se les duplican los costes de llenar el depósito de la noche a la mañana, no pueden permitirse más costes por los desperfectos que les puedan provocar en sus vehículos y, mucho menos, arriesgar la seguridad de sus conductores, y prefieren esperar a que las cosas se apacigüen, antes que jugársela en la carretera por los piquetes de unas asociaciones que no son las mayoritarias del sector.

Esa es la explicación más lógica que se maneja entre las fuerzas policiales para un conflicto que, tras una semana y media de presiones, no ha generado grandes problemas de inseguridad o violencia en las carreteras, salvo algunas acciones nocturnas de sabotaje de camiones aparcados que se han atajado con rapidez por las fuerzas de seguridad del Estado, que cuentan con más medios que nunca para controlar esas "patrullas nocturnas que pinchan ruedas", entre las que hay ya medio centenar de detenidos. Complejos petroquímicos o grandes cadenas de distribución lanzaron la voz de alarma los primeros días porque había camiones que no les llegaban con el suministro, pero en los puntos de llegada de las mercancías no había bloqueos para ello. El problema era que algunos de esos transportes ni siquiera habían salido, en muchos casos por el miedo que se extiende en España siempre que se habla de una huelga de camioneros.

Huecos en los lineales

A medida que el paro se hace más largo y lo secundan más asociaciones molestas porque no se ven con claridad las soluciones del Gobierno, más allá de un fondo de 500 millones que nadie sabe cómo lo van a repartir, la situación toma más tintes de ser un problema de Estado, pero no tanto por la falta de seguridad en las carreteras, que están bajo el orden de las Fuerzas de Seguridad, sino porque los días se acumulan sin que nadie abogue por frenar la subida de los carburantes o el precio de la energía. Es ahora cuando han surgido las alarmas en algunas grandes empresas por la falta de suministro y se han generalizado las fotos de lineales vacíos en algunos supermercados, no por falta de mercancía o por las presiones de los piquetes, sino por el acaparamiento de productos básicos como la leche o el aceite que genera el miedo a un caos social en plena crisis energética europea por el conflicto de Ucrania.

Con ese escenario ampliado, cada vez parece más claro que las protestas de los transportistas no son más que la punta de lanza de un problema mucho más amplio, que llegó a paralizar Madrid el domingo pasado y se está extendiendo a todos los niveles de la economía y las empresas, tras más de dos semanas de anuncios de unas medidas que nunca llegan, a la espera de lo que ocurra en el Consejo Europeo de este jueves y viernes. La ministra de Transportes, reunida por fin con las asociaciones que no han convocado el paro, no ha podido concretar las ayudas que podrá dar para frenar la elevación de costes en el sector; de la misma manera que la titular de Transición Ecológica no aclara como se va a frenar el golpe del precio del gas en la electricidad que pagan la industria y los consumidores. 

La única incógnita que queda por resolver en los gabinetes de crisis del Gobierno es el alcance al que puede llegar este paro de transportistas si tenemos en cuenta todo lo que lleva detrás, que ya era un problema antes de que los camioneros mostraran su enfado. Con el timing previsto, para cuando llegue alguna decisión digna de ser tenida en cuenta, habrá pasado prácticamente un mes de facturas disparadas y precios al alza, y tanto los transportistas como el resto de la sociedad tienen una capacidad de aguante limitada. Si todo se demora demasiado, tal vez sigamos sin problemas de seguridad en los piquetes, pero tendremos otros mucho más graves.