La CEOE no tiene intención de negociar con el Gobierno la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023. Así se lo trasladó su presidente, Antonio Garamendi, a la cúpula de la organización empresarial en la misma reunión en la que anunció su intención de presentarse a la reelección para continuar al frente de la patronal durante los próximos cuatro años. Fuentes presentes en el cónclave adelantan a La Información este precipitado posicionamiento, que se produce tres meses antes de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es quien pilota la materia, abra el proceso de consultas formal con los agentes sociales.
Las fuentes consultadas revelan que el pasado miércoles, durante la reunión de los órganos de gobierno de la CEOE, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, insistió durante su intervención en la necesidad de impulsar un pacto de rentas que involucre tanto al Gobierno como a los sindicatos y a los empresarios, así como a los distintos grupos parlamentarios; y que incorpore, además de la referencia para pensionistas y funcionarios, una subida negociada del salario mínimo. El líder de la patronal catalana enfatizó, según estas fuentes, que la prioridad es evitar que el SMI vuelva a incrementarse por una decisión unilateral del Ejecutivo.
Pero Garamendi enmendó la plana a Sánchez Llibre, negando la mayor. Y es que el presidente de la CEOE defiende que el salario mínimo no es una materia que los empresarios tengan que negociar con el Gobierno. Apoyándose en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que "el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional", el jefe de la patronal expresó a los suyos que acudiría al periodo de consultas, pero que no entraría a negociar la cuantía del SMI porque eso es "responsabilidad única" del Ejecutivo.
El choque entre Garamendi y Sánchez Llibre se produce en plena carrera hacia las elecciones que celebrará la organización empresarial el día 23 de noviembre y que tiene al actual presidente de la CEOE y candidato a la reelección ocupado en amarrar bien los apoyos de algunas patronales que le reclaman cambios en la casa. Es el caso de Foment y de otras territoriales, como la madrileña Ceim, que han pedido abiertamente a Garamendi más transparencia, una mayor participación en el proceso de toma de decisiones y, en general, más peso de sus organizaciones en la estructura y en el modelo de gobernanza de la confederación, tal y como se informó en estas páginas.
¿Sin acuerdos hasta final de año?
Aunque Garamendi se está esforzando por trasladar de puertas afuera que el proceso electoral abierto en Diego de León no va a afectar en ningún caso a las negociaciones con el Gobierno, dentro del Ejecutivo -en particular, en los ministerios que mantienen mesas de diálogo abiertas con la patronal- sí empiezan a percibir que el clima interno de CEOE va a marcar, al menos, los próximos dos meses. "Garamendi va a tener que mantener un perfil duro hasta revalidarse en el cargo porque muchos le han criticado, precisamente, por alcanzar acuerdos con el Gobierno y le han exigido que sea más beligerante", auguran fuentes curtidas en las dinámicas del diálogo social.
Ante este panorama en el que Garamendi va a estar, en cierto modo, atado a la hora de tomar decisiones durante los próximos dos meses, en el seno del propio Gobierno se está empezando a manejar un timing en el que ya se asume que no se va a cerrar ningún acuerdo con la CEOE hasta final de año. Es el calendario que dibujan para reformas como, por ejemplo, el segundo bloque en materia de pensiones, en el que el ministro José Luis Escrivá pretende incluir la ampliación del periodo de cómputo o el incremento de las bases máximas de cotización, pero también para asuntos como el ansiado pacto de rentas que está persiguiendo la vicepresidenta Nadia Calviño.
En lo que concierne a Yolanda Díaz, una de las reformas que quiere cerrar antes de que acabe el año tiene que ver con el Estatuto del Becario, que está negociando en comandita con Escrivá. Y ahí los trabajos están bastante avanzados, sobre todo después de que la Seguridad Social incorporase atractivas bonificaciones en las cuotas y Trabajo suavizase los límites al número de becarios en las empresas. Ese acuerdo podría cerrarse "en cuestión de días", según avanzan fuentes del diálogo social que interpretan que esta no es una materia polémica que pueda provocar un cisma en CEOE.
Pero el SMI sí es un asunto sensible, porque la gran mayoría de las organizaciones que forman parte de la CEOE no están de acuerdo en volver a aumentar los costes salariales en un momento de elevada incertidumbre económica. Díaz no tiene previsto abrir el periodo de consultas hasta diciembre, una vez disponga de las referencias actualizadas del 60% del salario medio que está elaborando su comité de expertos y del dato de inflación de noviembre. Para entonces, Garamendi, si nada se tuerce, habrá revalidado su cargo y deberá replantearse si se niega a negociar el SMI con el Gobierno o, por el contrario, se abre a hablar de cifras de cara a 2023.
Mucho va a influir el estado de las negociaciones del pacto de rentas. "En un momento dado, la CEOE podría acceder a una subida moderada del SMI si ese gran acuerdo de Estado incorpora medidas gubernamentales en beneficio de la recuperación del tejido empresarial y los sindicatos renuncian a las cláusulas de indexación al IPC", sugieren fuentes del diálogo social que tampoco descartan que patronal y sindicatos puedan retomar la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en diciembre. Si bien en CEOE defienden que los convenios se siguen firmando aunque no se haya alcanzado un acuerdo orientativo con los sindicatos, no niegan que el AENC podría ser un gesto simbólico, a modo de contribución de los agentes sociales al pacto de rentas, que podría engrasar el acuerdo con el Gobierno.
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