Una de las primeras decisiones de calado que tomó Antonio Garamendi nada más acceder por aclamación a la Presidencia de CEOE fue promover un cambio de los estatutos de la organización para ampliar la nómina de vicepresidentes -de 4 a 10- y también el número de representantes con sillón en el Comité Ejecutivo, principal órgano ejecutivo de la patronal -de 50 a 55-. La propuesta de Garamendi se aprobó en Asamblea General el pasado 4 de julio y ha sustentado la esperada remodelación de los órganos de Gobierno de la organización empresarial, ratificada el pasado miércoles por la Directiva de CEOE y que ha venido a reconfigurar de forma significativa los equilibrios de poder en el seno de la patronal, según explican a La Información fuentes de la Ejecutiva.
El miércoles a mediodía, justo después de finalizar la reunión de la Junta Directiva, nadie en CEOE albergaba ya dudas sobre quién será la mano derecha de Antonio Garamendi en los próximos meses. El nombramiento como vicepresidente del exnúmero dos de Luis de Guindos en el Ministerio de Economía y actual presidente de Rothschild para España, Íñigo Fernández de Mesa, que ya ostentaba la Presidencia de la Comisión de Economía de la organización y del Instituto de Estudios Económicos (IEE) -el think tank de CEOE-, confirmaba lo adelantado el pasado mes de octubre por La Información: la voluntad del presidente de CEOE de convertir a Fernández de Mesa en su 'gurú' en materia económica y su enlace con el mundo de la gran empresa. Ésta última, una cuenta pendiente de la patronal que en su día alentó el nacimiento del Consejo Empresarial para la Competitividad y cuya resolución obsesionó en su día a Juan Rosell e inquietaba también a Garamendi.
La 'promoción' de Fernández de Mesa como 'hombre de confianza' del presidente aclara una cuestión que había constituido un foco de tensión casi desde el momento mismo de su nombramiento. Primero por el pulso soterrado entre los presidentes de las patronales de Madrid y Cataluña, Juan Pablo Lázaro y Josep Sánchez-Llibre, por ocupar el cargo institucional de vicepresidente primero, que otorga potestad para sustituir al presidente en los actos institucionales a los que no pueda acudir y garantiza un lugar junto a éste en las reuniones importantes; después, por la permanente rumorología en torno al aterrizaje en CEOE de la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, cuyo eventual papel en la organización había despertado suspicacias en sectores de la patronal.
Tampoco es que lo de Fernández de Mesa haya suscitado un apoyo unánime. El sector más crítico con la CEOE de Garamendi le imputa los mismos 'pecados' que a Fátima Báñez: el no ser empresario y el hacer visible el supuesto mayor peso específico del Partido Popular en la nueva CEOE de Antonio Garamendi.
La nómina de ex altos cargos del PP ahora en la CEOE incluye al propio Fernández de Mesa; al expresidente del INE, Gregorio Izquierdo, fichado hace unos meses como analista de cabecera de la organización, pero que ya fue en el pasado director general del Instituto de Estudios Económicos; y a Marta Blanco Quesada, exdirectora general de Turismo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ese sector crítico también incluye en ese mismo listado a la nueva responsable de Asuntos Laborales de la casa, Rosa Santos, exsenadora del PAR, pero integrada en el Grupo Parlamentario Popular a causa de los acuerdos políticos de ambas formaciones en la anterior legislatura.
Menos poder del 'lobby catalán'
El mayor peso específico de los ex del PP ha coincidido con un repliegue del poder catalán de los ex de CiU en Diego de León,50. Josep Sánchez-Llibre ha logrado retener la responsabilidad de los contactos con los grupos parlamentarios pese a su elección como nuevo presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, y mantener a parte de su equipo, singularmente a Toni Picó, ex asesor de CiU y principal colaborador de Sánchez Llibre en el área de Relaciones Institucionales.
Sin embargo, fuentes internas de la organización revelan que desde la llegada de Antonio Garamendi a la Presidencia hasta hoy buena parte del trabajo interno realizado en CEOE ha consistido en resolver los contratos de la 'corte de asesores' de la que se había rodeado Juan Rosell, muchos de los cuales venían del entorno de la antigua CiU. El asunto no solo ha supuesto un esfuerzo administrativo sino también económico, ya que según las fuentes consultadas la ruptura de los blindajes que protegían esos contratos explican buena parte de los 651.000 euros que la organización se dejó en indemnizaciones en el ejercicio de 2018.
Una ronda de nombramientos para contentarlos a todos
La ampliación de cuatro a diez de las Vicepresidencias de designación presidencial -la Vicepresidencia de Cepyme es obligatoria según los estatutos de la organización- ha permitido a Antonio Garamendi recomponer, al menos formalmente, las relaciones de poder dentro de la organización. "Ha permitido por ejemplo que se vuelva a ver en la cúpula de la patronal al poderoso sector energético, que era un déficit que teníamos desde hace ya demasiado tiempo", recalca una de las fuentes de la Ejecutiva de CEOE consultadas, en relación al nombramiento de Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aenec, antes conocida como Unesa).
También ha permitido garantizar mayor visibilidad al no menos influyente sector de la construcción, que desde el pasado miércoles tiene una Vicepresidencia en la persona de Julián Núñez, presidente de la patronal de grandes contratistas, Seopan; y al farmacéutico, representado por Inés Juste, del Grupo Juste. El movimiento ha permitido resarcir a Núñez por la pérdida de poder interno derivada de la escisión de la comisión que presidía, la de Infraestructuras y Servicios, tras la creación de la nueva Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas, que a su vez ha permitido a Garamendi implicar en el día a día de la patronal a una de las principales empresarias del país, la presidenta de Eulen, María José Álvarez, que dirigirá esa nueva comisión.
La implicación de María José Álvarez en el día a día interno de CEOE ha sido uno de los escasos avances que Antonio Garamendi ha conseguido en su objetivo de incrementar la presencia femenina en la primera línea de la organización empresarial. Sus promesas de impulsar el equilibrio de género en la cúpula directiva se han quedado en tres vicepresidencias sobre doce -si contamos la estatutaria de Cepyme y la de honor concedida a Arturo Gil, exvicepresidente primero de CEOE en la etapa de José María Cuevas- y en poco más.
La oleada de nombramientos ha servido asimismo para dar visibilidad, como se esperaba, al recién incorporado sector de los autónomos, a través de la Vicepresidencia de Lorenzo Amor, presidente de ATA; para dar entrada al sustituto de Juan Pablo Lázaro en la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido; y para reequilibrar el poder territorial dando entrada de nuevo como vicepresidente al máximo responsable de la patronal andaluza (CEA), Javier González de Lara.
Restituido el poder sectorial en la cúpula de CEOE y reequilibrado el territorial, a Garamendi aún les han quedado huecos disponibles para recuperar a dos figuras emblemáticas de la organización: Juan Pablo Lázaro, expresidente de CEIM y vicepresidente de CEOE hasta el pasado mes de julio; y Joan Gaspart, presidente de la Comisión de Turismo de CEOE hasta el pasado mes de diciembre. Ambos fueron ratificados el pasado miércoles como nuevos patronos de la Fundación CEOE.
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