Sábado, 21.09.2019 - 17:37 h
Primer pulso Gobierno-empresarios

Garamendi envía a Sánchez Llibre a parar la 'mini reforma laboral' en el Congreso

CEOE responderá a los cambios por decreto en la legislación laboral con una ofensiva parlamentaria para bloquear los más lesivos a sus intereses.

Fotografía de Josep Sánchez Llibre en el Congreso / EFE
El nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi, seguirá confiando a Josep Sánchez Llibre (ahora presidente de Foment) las relaciones con el Congreso / EFE

Tras varios meses alentando una negociación estéril entre empresarios y sindicatos en el ámbito diálogo social el Gobierno ha decidido finalmente tirar por la calle de enmedio y utilizar la vía del decreto para introducir los cambios comprometidos con Podemos en la normativa laboral y de Seguridad Social. Lo hará además con el aval de los sindicatos y tras haber 'apartado' a la CEOE de los últimos compases de la negociación, como se reconoce desde la propia organización empresarial.

La patronal no disimula su preocupación. A la difícil digestión de la decisión unilateral del Gobierno de elevar el 22% de una tacada el Salario Mínimo Inteprofesional - hasta los 900 euros - con consecuencias imprevisibles para muchas empresas, se van a unir antes de final de año otras reformas lesivas para los intereses empresariales como la anunciada subida del 7% en la base máxima de cotización del sistema de Seguridad Social, la implantación obligatoria de los registros horarios en las empresas, la más que probable reinstauración de la ultraactividad en los convenios colectivos y una nueva regulación de los ERE y la subcontratación que amenaza con complicar la vida a las empresas.

De todo ello se habló este miércoles en la primera Junta Directiva de Antonio Garamendi como nuevo presidente de CEOE, según confirman fuentes presentes en la reunión. Garamendi se refirió en un tono muy severo a las últimas maniobras del Gobierno y anunció a los asociados que lo eligieron por aclamación hace algo menos de un mes que la patronal hará todo lo posible para que la factura para las empresas sea algo menos gravosa de lo que apunta a día de hoy.

El hombre encargado de detener la acción gubernamental será Josep Sánchez Llibre, que pese a haber sido elegido recientemente presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, mantendrá las atribuciones que tenía antes de esta circunstancia como responsable de las relaciones de CEOE con las Cortes. La Junta Directiva encomendó a Sánchez Llibre trabajar en el Congreso para sino bloquear al menos sí suavizar el paquete de reformas laborales que el Gobierno quiere sacar adelante en los consejos de ministros de los días 21 y 28 de diciembre. 

Golpe a los costes empresariales y a la flexibilidad interna

Sin margen de maniobra alguno para detener la subida del Salario Mínimo - potestad total del Gobierno -, CEOE se centrará en los dos decretos de medidas que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de 2019. Tiene sus razones. Los análisis internos realizados por la organización empresarial estiman la factura extra para las empresas de la subida del 7% en la base máxima de cotización en algo más de 1.000 millones de euros y creen poder reducirla en el trámite parlamentario.

La organización empresarial tampoco está dispuesta a que se consoliden en la legislación otros aspectos como la implantación obligatoria de un registro de control horario en todas las empresas, que no solo pretende establecer la obligación de fichar todos los días sino la de trasladar puntualmente esa información a los representantes de los trabajadores.

CEOE también quiere modular la reimplantación de la ultraactividad de los convenios. La reforma laboral de 2012 acabó con un principio que establecía la prórroga indefinida de las disposiciones incluidas en un convenio colectivo en tanto la representación de los trabajadores y de la empresa no pactaran un nuevo acuerdo laboral. Desde entonces, la ley establece un periodo máximo de un año para negociar antes de que lo dispuesto en el convenio terminé por decaer. El Gobierno pretende volver al esquema anterior a 2012.

Otro de los encargos realizados este miércoles a Sánchez Llibre es impedir la reforma de los ERE que pretende el Gobierno. La reforma laboral del PP facilitó los despidos colectivos al eliminar la autorización administrativa previa de los ERE y establecer un sistema objetivo a partir de las causas económicas que exigía al menos tres trimestres consecutivos con pérdidas antes de poder adoptar una regulación de empleo. El Gobierno no solo pretende acabar con este esquema, de modo que se vuelva a necesitar la autorización administrativa previa, sino que pretende permitir la impugnación individual de estos procedimientos cuando algún despido pueda considerarse "desproporcionado". 

Desde la organización empresarial se considera que esa regulación puede introducir un exceso de garantismo incompatible con un procedimiento de esta naturaleza.

La factura de la subida del SMI en los contratos públicos

Otra batalla que Garamendi ha garantizado a sus asociados que se librará contra el Gobierno es la del reparto de la factura de la subida del SMI en los contratos públicos. Pese a los intentos realizados desde la organización empresarial, el Gobierno ha rechazado hasta el momento dar instrucción alguna para que las administraciones contratantes compensen a las empresas contratistas por la subida de costes laborales que les puede suponer la subida del SMI.

CEOE pretendía que las Administraciones Públicas asumieran el coste extra del cambio de condiciones en los contratos que supone la subida del Salario Mínimo, una medida normativa que impacta sobre la estructura de costes de los contratistas, especialmente en los contratos de servicios intensivos en mano de obra.

La inacción del Gobierno en este campo ha movilizado a la organización empresarial, que exige al Ejecutivo que no impute a las empresas el coste de una decisión unilateral del Gobierno. Según fuentes empresariales, desde CEOE se desea una solución pacífica al conflicto, que pase por la asunción por parte de las Administraciones de ese sobrecoste, pero no se descarta acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Gobierno no adopta ninguna decisión.

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