La última guerra interna que afrontó Juan Rosell al frente de la CEOE fue, quizá, una de las más delicadas: tratar de reforzar la presencia de las grandes empresas del país en los órganos de gobierno de la organización empresarial. Concebida como una patronal de patronales, el asunto fue 'casus belli' en Diego de León, porque las organizaciones territoriales y sectoriales advirtieron en la maniobra riesgo para su representatividad y para su propia existencia por el hecho de que algunos de sus socios pudieran reivindicar sus intereses particulares desde dentro de la cúpula de mando. El asunto quedó aparcado para que fuera el siguiente presidente, Antonio Garamendi, quien gestionase la nueva estructura. Pues bien, según ha podido saber La Información, el empresario vasco acaba de reabrir la batalla.
Distintas fuentes de la CEOE revelan que la propuesta para la reforma de los estatutos se puso sobre la mesa en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada este miércoles y no fue recibida con especial entusiasmo. El temor de algunas organizaciones sectoriales y territoriales gira en torno al peso que pudieran perder ante la presencia directa de empresas en los órganos de dirección. En la actualidad, las compañías pueden incorporarse a la confederación en calidad de miembros asociados, a cambio de una cuota anual, con voz pero sin voto, por lo que el cambio les otorgaría un importante espacio de representatividad dentro de la organización, influyendo en la toma de decisiones como vocales en la Asamblea General, en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva y pudiendo escalar hasta las Vicepresidencias.
En la práctica, la modificación estatutaria supondría que, por ejemplo, Banco Santander o BBVA podrían ocupar su propio asiento en la cadena de mando, en lugar de permanecer representados bajo el paraguas de la Asociación Española de Banca (AEB), pujando por sus propias reivindicaciones de manera particular. Esto, según interpretan fuentes de distintas organizaciones sectoriales, podría derivar en "conflictos de intereses" y en una suerte de "competencia desleal". Lo han observado recientemente con el caso de Glovo, que acabó por abandonar la CEOE tras el apoyo a la ley de riders que sí respaldó la patronal Adigital. Es solo un ejemplo de las tensiones que podrían surgir en el eventual organigrama.
Para que esa competencia desleal no llegara a producirse en ningún caso, Garamendi ha desarrollado una propuesta que impone algunas limitaciones a la incorporación de las empresas a los órganos de gobierno de la patronal. El primer límite es económico: la vocalía le costaría a una empresa el triple que a una patronal, que actualmente paga algo más de 9.000 euros anuales. En cuanto al poder de decisión, las compañías particulares no podrían suponer más de entre el 20% y el 25% de los votos de la Asamblea; y por otro lado, ninguna empresa podría acaparar más vocales que los que tiene cualquiera de las tres grandes patronales presentes en la Asamblea.
Pero aún con estas limitaciones, los más reticentes ven lagunas a la propuesta. Adicionalmente a la cuestión de la pérdida de fuerza y a los choques que pudieran surgir entre empresas y patronales del mismo sector, las fuentes consultadas hacen hincapié en el impacto económico que el nuevo esquema tendría para las sectoriales y territoriales, que verían cómo muchos de sus socios se darían de baja para incorporarse directamente a la CEOE, especialmente las empresas más grandes y poderosas. Este obstáculo podría salvarse, en cualquier caso, con alguna compensación económica por parte de la CEOE a las patronales por las cuotas que llegaran a perder, pero esa es una posibilidad que solo se planteó de refilón en el Comité.
Por otro lado, en algunos sectores de la confederación se interpreta que la nueva configuración daría más poder a Garamendi de cara a la reelección, ya que contaría con ese 20% o 25% de los votos de las empresas, ya que a diferencia de la naturaleza territoriales -no tanto las sectoriales-, no encajaría en la esencia de estos socios una labor de oposición al presidente. Asimismo, el movimiento de Garamendi también iría en la dirección de apuntalar los ingresos de la organización, puesto que actualmente el presupuesto proviene de manera bastante equilibrada de empresas y patronales, pero tiran más estas últimas. En 2019, CEOE ingresó 6,2 millones por las cuotas de las organizaciones asociadas y algo más de 5 millones por las aportaciones de las empresas afiliadas.
La reforma, en cualquier caso, es todavía una propuesta preliminar. Fuentes de la cúpula de la CEOE interpretan que la intención de Garamendi durante el cónclave del pasado miércoles fue la de pulsar el ambiente para comprobar si existía alguna posibilidad de llevar la modificación de los estatutos a la Asamblea General que se celebrará el próximo mes de julio, pero al contrario, se topó con el rechazo generalizado inicial y decidió abordar el debate a medio plazo. Aunque en el seno de la patronal admiten que el asunto ha generado en esta ocasión menos oposición que cuando lo planteó Rosell -a muchos, incluso, les parece lógica la integración de las empresas en la cadena de mando- insisten en que ha vuelto a provocar controversia. Las limitaciones planteadas de inicio, con ese 25% de poder máximo de voto, son, en cualquier caso, "un buen punto de partida", indican estas fuentes.
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