Reunión clave en Diego de León. Antonio Garamendi ha citado esta mañana a su cúpula en la madrileña sede de la patronal para tomar el pulso a la situación política y económica. Es el último cónclave de un año convulso y se espera tenso. Los empresarios tienen varios frentes abiertos ante las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para configurar el primer Gobierno de coalición de la democracia, y muchas dudas sobre los pactos que puedan alcanzar en materia económica y laboral. A pesar de los esfuerzos que está haciendo Pedro Sánchez por trasladar a las empresas mensajes de tranquilidad sobre el futuro rumbo de la gestión económica, en la patronal reina la desconfianza. "Va a ser una Junta calentita", augura un destacado miembro de la CEOE.
Sobre la mesa, asuntos de vital importancia para los empresarios. La anterior reunión de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo se produjo el pasado 20 de noviembre, poco después de conocerse el preacuerdo de Gobierno alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Algunos de los asistentes definieron aquel encuentro como una "balsa de aceite". Entonces reinó la prudencia y la moderación entre los empresarios, a la espera de conocer el desarrollo del programa conjunto. Pero la 'entente cordiale' se ha ido rompiendo a medida que ha ido trascendiendo parte del contenido de la agenda económica de la eventual coalición.
La cuestión más acuciante, la que va a acaparar todas las conversaciones este miércoles es el salario mínimo y la posibilidad de que escale hasta los 1.000 euros en 2020, tal y como han fijado Sánchez e Iglesias, según confirmaron recientemente a La Información fuentes cercanas a las negociaciones del programa económico que ultiman la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Acción de Gobierno de la formación morada, Pablo Echenique.
Los empresarios se niegan a ser convidados de piedra. Quieren participar activamente en las negociaciones del SMI y rechazan de plano quedar al margen como sucedió hace un año, cuando Sánchez e Iglesias pactaron la mayor subida del salario mínimo de la democracia (22,3%) para situarlo en 900 euros, saltándose no solo el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy con la patronal y los sindicatos para fijar el SMI en 850 euros en 2020, sino la propia ronda de consultas con los agentes sociales. Los interlocutores tanto del ámbito empresarial como del sindical lo recuerdan como una "traición". Y ni la perdonan ni la olvidan.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha asegurado en varias ocasiones que llamará a los agentes sociales para abordar la subida del SMI, pero esos contactos oficiales todavía no se han producido y el calendario apremia. Por eso, Garamendi empieza a preparar el terreno por su cuenta y planteará este miércoles la cuestión ante la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. El dirigente empresarial busca el respaldo de los suyos para rechazar formalmente la cifra de los 1.000 euros cuando el Gobierno le haga la consulta preceptiva. Será el primer encontronazo de los empresarios con una medida pactada por la coalición progresista.
Los motivos de Garamendi –compartidos por una amplia mayoría de la patronal– para rechazar una subida del SMI de más del 11% son varios. Por un lado, tal y como ha trasladado ya a sus socios en notas internas a las que tuvo acceso este medio, una subida excesiva de los salarios puede ser peligrosa en una fase de enfriamiento de la economía. Por otro, intoxicaría la negociación de los convenios y complicaría la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La CEOE defiende lo que pactó con los sindicatos: que el sueldo mínimo en convenio alcance los 1.000 euros en los sectores que puedan asumirlo.
Otro de los temas candentes es el posible cambio de titularidad del Ministerio de Trabajo. Fuentes de la patronal ya dan por descontado que el departamento que ahora dirige Valerio ha sido objeto de pugna en las negociaciones para el diseño de la estructura del eventual Ejecutivo conjunto y que Podemos ha ganado esa batalla. Muy a su pesar, asumen ya que de salir adelante la investidura de Sánchez tendrán que empezar a tratar con Yolanda Díaz, la ministrable morada, y presentan muchas dudas en torno al que pueda ser su número dos y en cuanto al destino departamental de las pensiones públicas, si finalmente se desgaja la Seguridad Social para que siga bajo la batuta socialista.
Con un ojo en Madrid... y otro en Cataluña
Los empresarios también están pendientes del otro flanco de las negociaciones, las que se están produciendo entre el PSOE y ERC para la investidura de Sánchez. A la espera de que los independentistas revelen su posicionamiento –hay quien piensa que su 'sí' está garantizado, pero van a esperar a la decisión sobre la inmunidad de Junqueras y al Congreso del partido para hacerlo más digerible entre los suyos– miran de reojo a Cataluña. Allí el Govern (JxCat y ERC) y los 'comuns' han alcanzado un acuerdo para subir el IRPF a las rentas de más de 90.000 euros, y los empresarios sostienen que no es el momento de subir los impuestos.
En un contexto de desaceleración, para la patronal es fundamental el rigor presupuestario y la ortodoxia económica. Por eso apuestan por un Gobierno estable y moderado, rechazan subidas de impuestos a las empresas como las que planean PSOE, UP y ERC e insisten en la necesidad de avanzar en las reformas estructurales pendientes. En este sentido, temen las intenciones de Iglesias de derogar la totalidad de la reforma laboral del PP, si bien están abiertos a negociar ciertos aspectos, tal y como trasladaron a Sánchez y Valerio desde un primer momento.
Lo cierto es que la relación con el actual Ejecutivo ha sido fluida desde que Garamendi llegó a la presidencia de la CEOE en noviembre de 2018. Hay que recordar que nada más ser elegido acompañó a Sánchez en un viaje a Cuba. La travesía le valió las críticas de un sector de la patronal que consideró inadecuada la sintonía entre ambos. Garamendi prometió lealtad al líder socialista y, desde entonces, ha llevado a cabo una política de "no agresión" y de intentar acotar los daños económicos que pudieran causar medidas como la subida del SMI a 900 euros. Ahora, fuentes de su entorno aseguran que la relación con un eventual Gobierno de coalición PSOE-UP se avecina tensa, sobre todo si mantienen una agenda económica de subidas de impuestos y de costes laborales.
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