"Las empresas son las primeras y principales perjudicadas de la economía sumergida. De ahí la necesidad de concienciar o penalizar para erradicarla". El informe 'La Tributación Empresarial' con el que CEOE trató de contrarrestar hace ahora un año la por aquel entonces recién inaugurada ofensiva del Gobierno socialista para subir los impuestos y las cotizaciones sociales que pagan las empresas ya apuntaba hacia la lucha contra la economía sumergida como una alternativa plausible para conseguir nuevos ingresos sin necesidad de apretar aún más las tuercas a las empresas españolas.
Un puñado de meses después y tras la llegada de Antonio Garamendi a la presidencia de CEOE, la lucha contra la economía sumergida ha pasado de ser una simple propuesta en un documento técnico a convertirse en una de las principales líneas argumentales del renovado discurso público de la principal organización empresarial del país, que ha incorporado asuntos como la igualdad en los órganos directivos de las empresas o los 'objetivos de desarrollo sostenible' al relato empresarial.
No hay discurso público en el que el presidente de CEOE no se refiera a este asunto y la necesidad de situar la batalla contra la economía en negro en el centro del debate de política económica ha sido uno de los asuntos en los que más ha incidido el nuevo equipo económico de la organización empresarial, con el ex secretario de Estado de Economía y presidente de Rothschild España, Íñigo Fernández de Mesa, al frente, en las reuniones que al margen de los focos ha mantenido en las últimas semanas con organismos como la Agencia Tributaria y el Banco de España, según confirman a La Información fuentes conocedoras de estos contactos.
Fuentes presentes en estas reuniones aseguran que los emisarios de CEOE han trasladado que entienden como básico que se plantee una reflexión en los ámbitos de decisión sobre el tipo de estrategias a abordar para aflorar parte de la economía sumergida que arrastra el país y también que se establezcan objetivos concretos de reducción de la misma, al objeto de chequear su impacto sobre la recaudación fiscal y los ingresos por cotizaciones sociales. "No es el único asunto que se trata, lógicamente, son reuniones de carácter institucional", asegura una fuente de CEOE, "pero sí creemos que es necesario que se abra un debate público sobre la economía sumergida y el impacto que tiene sobre la recaudación de impuestos o la situación en la que se encuentra la Seguridad Social, porque da la impresión de que no se tiene en cuenta".
"Hay que ir contra la economía sumergida", claman desde CEOE, donde no se entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya puesto en su punto de mira a las grandes empresas -"que pagan un tipo nominal de Impuesto de Sociedades y un tipo de cotización más elevado que la media de los países europeos", recalcan- cuando es el tamaño de la 'economía B' el que más distancia a España de Europa (20% del PIB frente a un 12% de media en el resto de la UE) y la veta de la que se podrían obtener más recursos fiscales. "Solo con reducir en cinco puntos el peso de la economía sumergida se obtendrían 4.000 millones de euros en nuevos ingresos a través del IVA",
La organización interpreta, y así lo ha trasladado su presidente en alguna intervención pública, que se está culpando a las empresas de la menor recaudación fiscal que obtiene España frente a otros países comparables cuando la causa principal hay que buscarla en los no pagan impuestos o esquivan sus obligaciones sociales con los empleados. "Hay que ir contra esa gente, que hace 'dumping' a los que yo defiendo", señaló hace unas semanas Antonio Garamendi en los Cursos de Verano de El Escorial.
Las empresas, y no sólo en el ámbito CEOE sino en el entorno de las grandes del Ibex, albergan desde hace tiempo una sensación de agravio por el trato que reciben de Hacienda, que se ha visto agudizado en los últimos meses por la insistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en señalar a las grandes empresas como malas pagadoras de impuestos y por las medidas anunciadas para hacerles pagar más. Entienden que el Fisco se empeña con un celo excesivo sobre las empresas que presentan puntualmente sus declaraciones fiscales cuando aparece algún punto de conflicto y que, sin embargo, no hace lo suficiente por aflorar los impagos sistemáticos que se producen en determinados sectores.
El informe lanzado hace un año por CEOE lo resumía así: "Lo cierto es que la economía sumergida es, sin duda alguna, el elemento fundamental del fraude fiscal en nuestro país, y no corresponde a las grandes empresas que, por lo general, declaran la totalidad de los ingresos, sino que se concentra en los volúmenes de negocio más pequeños y la razón es, en la mayoría de los casos, que la carga tributaria conllevaría seguramente el cierre del negocio". De esto quiere que se hable CEOE.
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