Cuando solo han pasado algo más de tres meses de la primera gran foto del diálogo social (y de la legislatura) en el Palacio de la Moncloa, que escenificó el pacto para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado volver a encajar en un mismo encuadre a los líderes de la patronal y los sindicatos y a una amplia representación ministerial, en esta ocasión para sellar la firma del bautizado como 'Acuerdo Social en Defensa del Empleo', que regula la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma, en principio, hasta el 30 de junio.
En la foto aparecen, además de Sánchez, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Por parte de los sindicatos, están los representantes de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez; y del lado de la patronal, los líderes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva.
Todo un despliegue para sellar el acuerdo alcanzado a última hora del pasado jueves y anunciado por Yolanda Díaz el viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario que prorrogó el estado de alarma pero no pudo oficializar el pacto con los agentes sociales, porque en paralelo se estaba celebrando un tenso cónclave en CEOE que no acabó en fumata blanca hasta pasadas las 13 horas. Finalmente, Garamendi logró recabar el apoyo de los suyos, no sin presión para introducir mejoras para las empresas a partir del 30 de junio, fecha inicialmente marcada por el Ejecutivo para la finalización de las condiciones favorables en los ERTE, si bien se reserva la posibilidad de prolongarlas en función de las restricciones a la actividad que persistan por razones sanitarias a partir de ese día.
Hay que recordar que Garamendi ya consiguió introducir mejoras para los empresarios respecto a la cláusula de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al ERTE y logró cierta flexibilidad para despedir, pero ahora un amplio sector de su cúpula le pide que arranque condiciones favorables para los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, como el turismo, la hostelería o el automóvil. En este sentido, los empresarios buscan presionar en la comisión tripartita que determinará en qué sectores, por cuánto tiempo y en qué condiciones se alargaran esos ERTE.
En el comunicado remitido a los medios de comunicación el pasado viernes la CEOE ya admitía que "hubiese deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad". Sin embargo, explicaban que "dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno, los miembros del Comité entienden que este acuerdo, aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica".
En cualquier caso, los empresarios instaron al Gobierno a reunirse con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos. Sus posiciones quedaron patentes durante el Comité del viernes. Los representantes de la patronal catalana Foment del Treball, de la madrileña CEIM, así como los de sectores relacionados con el motor, el turismo, el comercio o la hostelería, manifestaron su oposición al acuerdo alcanzado y exigieron a Garamendi que negociara mejoras más allá del 30 de junio, cuando muchos de ellos todavía enfrentarán serias dificultades para retomar su actividad.
En principio, está previsto que el Consejo de Ministros de mañana dé el visto bueno al acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales, que mantiene hasta junio las exoneraciones de cuotas empresariales previstas hasta ahora en los ERTE por fuerza mayor total. Para las empresas que recuperen la actividad parcialmente, el Gobierno va a facilitar reducciones de cotizaciones del 85% en mayo y del 70% en junio en empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% y el 45%, respectivamente, en las compañías más grandes. Al mismo tiempo, para los trabajadores que permanezcan en el ERTE se habilitará una exención del 60% en mayo y del 45% en junio en las empresas de menor tamaño y del 45% y el 30% en las que tienen plantillas de más de 50 personas.
También se facilita la conversión de ERTE por fuerza mayor en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y se mantienen las prestaciones para los trabajadores en las condiciones actuales hasta el 30 de junio y en el caso de los fijos discontinuos, hasta el 31 de diciembre. A la espera de la publicación de la norma en el BOE, el borrador establece que las empresas con domicilio en paraísos fiscales no pueden acogerse a los ERTE por fuerza mayor y, por otro lado, que las compañías que se acojan no pueden repartir dividendo, a no ser que devuelvan las cotizaciones exoneradas.
También se obliga a las empresas que se acojan a ERTE por fuerza mayor a mantener en plantilla a los trabajadores afectados por esos expedientes durante seis meses tras retomar la actividad. Este compromiso, sin embargo, admite excepciones, como en los casos de despidos disciplinarios, dimisiones o jubilaciones, entre otros. Además, no se aplica en los casos de empresas con riesgo de entrar en concurso de acreedores. Son algunos de los matices que ha logrado introducir CEOE en el real decreto ley que se publicará en el BOE, tras rebajar las intenciones iniciales del Gobierno de prohibir tácitamente los despidos hasta el 31 de diciembre.
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