La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo que pilota Alberto Garzón, ha firmado un convenio con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para formar a estudiantes de grado y máster sin contrato laboral ni retribución económica. Se trata de un acuerdo de colaboración para un programa de prácticas externas en materia de cooperación educativa por el que la AESAN, dentro del marco legal vigente, recibirá a estudiantes de la UCM durante un periodo mínimo de tres meses y máximo de nueve meses. El convenio estará vigente por cuatro años, prorrogables por otros cuatro, según consta en la resolución de la Secretaría General de Consumo y Juego firmada el pasado 4 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.
La AESAN, que desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable, ha firmado un convenio con la UCM para la realización de prácticas externas curriculares (forman parte del plan de estudios y son necesarias para obtener el título) con objeto de que los estudiantes "completen sus conocimientos y experiencias de manera que puedan alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su educación universitaria de cara al mejor desempeño de su trabajo profesional".
En este contexto, la Agencia se responsabilizará de la formación de estos universitarios de grado y máster durante un período mínimo de tres meses, prorrogable de mutuo acuerdo hasta un máximo total de nueve meses, designando un tutor responsable de los mismos, pero "no adquirirá otras obligaciones ni compromisos". En particular, "no derivará obligación alguna de contrato laboral, al carecer de esta condición la relación que se establece", de acuerdo con la resolución del convenio, que deja claro que "la AESAN no estará obligada a retribuir en modo alguno el trabajo de los alumnos en prácticas, puesto que se entiende éste como una prolongación de la enseñanza de los alumnos de la UCM".
Hay que aclarar que las empresas no están obligadas a remunerar las prácticas no laborales y establecer una ayuda económica durante el periodo de prácticas es opcional, a no ser que esta condición se incluya dentro del convenio de cooperación educativa. Si bien hay que matizar que el Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a desarrollar una normativa que evite abusos en las prácticas no laborales y un reglamento específico que obligue a los becarios a cotizar a la Seguridad Social. "El Gobierno debe sentarse a abordar este tema, porque lo tiene comprometido y no avanza", critica el secretario de Juventud de CCOO, Carlos Gutiérrez, que insiste en que el problema está en que en muchos casos estas prácticas sustituyen empleos".
En este caso, los universitarios no serán contratados, de modo que no se les dará de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, ni cobrarán un salario por el desempeño de las labores que se les asignen en la Agencia. Solo obtendrán un certificado acreditativo de la Complutense. Además, "deberán aceptar el cumplimiento de los horarios pactados en el proyecto formativo y los horarios y normas de la AESAN, aplicarse con toda diligencia a las tareas que se les encomienden, mantener contacto con sus tutores académicos y de prácticas en la forma que éstos indiquen y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez finalizada ésta", tal y como figura en el BOE.
Dentro del marco legal
Desde el Ministerio de Consumo aclaran a La Información que se trata de prácticas curriculares por las que la Agencia nunca ha retribuido salario alguno a los alumnos universitarios y que el convenio se ajusta a la normativa vigente. En la misma línea, la doctora Montaña Cámara, codirectora del Máster en Seguridad Alimentaria de la UCM, matiza que "no deben confundirse con contratos laborales en prácticas". "Son prácticas formativas en las que están perfectamente delimitadas las funciones, el horario y los derechos y deberes de los alumnos y tutores" y añade que "este convenio es de gran valor, pues los alumnos tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas curriculares en la institución responsable del análisis, gestión y comunicación del riesgo en España".
En cualquier caso, el BOE deja claro que la suscripción del convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes y que, "si como consecuencia del desarrollo reglamentario de lo previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 28/18, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, o por cualquier otra causa sobrevenida, se produjeran obligaciones de contenido económico para alguna de las partes, estas darán por extinguido el convenio, debiendo proceder, en su caso, a la negociación y firma de un nuevo convenio".
Los becarios tendrán que cotizar
Se trata de un desarrollo reglamentario que está pendiente desde el año pasado y por el que se estableció la obligación de cotización a la Seguridad Social para las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas, remuneradas o no. Por iniciativa de la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se estableció que esta normativa debía ponerse en marcha antes del 1 de abril de 2019, pero la convocatoria electoral del 28-A y la repetición de los comicios después, en noviembre, provocaron una inestabilidad institucional que, tras la formación del Gobierno de coalición, se vio superada por la crisis sanitaria. De modo que, a día de hoy, el reglamento no ha sido desarrollado.
Hay que recordar que, con la normativa actual, las becas no remuneradas no cotizan a la Seguridad Social. Las prácticas pagadas sí, pero no todas por igual. Las curriculares, que son obligatorias para acceder al título, están bonificadas al 100%, mientras las voluntarias no. Con esta medida el Ejecutivo socialista pretendía que todos los becarios se den de alta como trabajadores por cuenta ajena, dejando por definir quién paga la cuota, si la universidad o la empresa. Aquel decreto también introducía planes específicos para que los becarios que trabajaron gratis en algún momento de su vida pudieran suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para comprar años de cotización y así mejorar sus pensiones, pero ese proyecto también está paralizado en estos momentos.
El antecedente de Valerio
Con todo, el convenio ahora suscrito por la AESAN y la UCM y firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero Alday, no es el primero que se realiza en estas circunstancias en el ámbito de las administraciones públicas y, de hecho, son bastante habituales. El propio Ministerio de Trabajo, en tiempos de Valerio, protagonizó una polémica cuando salió a la luz en diciembre de 2018 que buscaba becarios universitarios expertos en estadística para hacer prácticas gratis en el Ministerio. El convenio se hizo público apenas dos semanas después de que se comprometiera con los sindicatos a regular las prácticas no laborales en un Plan de Empleo Joven. Fue entonces cuando se introdujo en el decreto por el que se subieron las pensiones en 2019 ese plan para hacer cotizar a los becarios que aún no se ha desarrollado.
La actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene entre manos una reforma de profundo calado para dignificar las condiciones de la figura del becario, impulsando por ley la mejora de sus retribuciones, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas, entre otras cuestiones. El bautizado como 'Estatuto del Becario' empezó a desarrollarse en el Servicio Público de Empleo Estatal ya a principios de este año, pero los trabajos se vieron interrumpidos por la crisis sanitaria y en los próximos meses, una vez superado el segundo pico de la pandemia, se pretende impulsar esta iniciativa a través del diálogo social. Es un tema prioritario para las organizaciones sindicales, que exigen se ponga sobre la mesa cuanto antes.
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