Magdalena Valerio tenía un plan cuando desembarcó en el Ministerio de Trabajo: darle la vuelta a las estadísticas y revertir la dinámica de crecimiento de las copiosas cantidades de dinero que destina la Seguridad Social a pagar a los afiliados durante el tiempo que están de baja laboral. Durante la crisis, el miedo a perder el puesto de trabajo redujo este gasto a mínimos, pero al compás de la recuperación el desembolso en incapacidad temporal no ha hecho más que crecer. Tanto es así que, lejos de lograr su objetivo, la ministra en funciones ha visto repuntar esta factura más de un 12% en la primera mitad del año, según los últimos datos de ejecución presupuestaria facilitados por su departamento.
El repunte no es baladí. Esa tasa prácticamente quintuplica el ritmo de crecimiento anual del empleo (2,5%) y es muy similar a la que se registraba en el dato acumulado a junio de 2018, cuando Valerio llegó al Ministerio. El Gobierno socialista pretendía aumentar el control sobre los trabajadores de baja, ampliando las inspecciones e incluso vigilando las colas que retrasan la atención médica en los centros de salud públicos, para verificar así que las situaciones de incapacidad temporal y el correspondiente pago de prestaciones están médicamente justificados. Pero que el gasto en bajas siga creciendo más de un 12% significa que las actuaciones en este sentido han tenido escaso éxito.
Preguntados al respecto de esta escalada incesante del gasto, el Ministerio de Trabajo, tras consultar a la Intervención, se limita a indicar que "en el presupuesto de 2019 se han imputado 1.324 millones de euros gastados en 2018" y que, de esa cantidad, el 90% corresponde al gasto de incapacidad temporal por enfermedad común de las mutuas.
Efectivamente, la factura total de la incapacidad temporal, incluidas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, alcanzó hasta junio los 4.283,27 millones de euros, un 45,6% más que en el mismo periodo de 2018, si bien hay que tener en cuenta que este crecimiento está afectado por la imputación en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 del pago delegado de la incapacidad temporal de noviembre y diciembre de 2018, como consecuencia del cambio de criterio de imputación presupuestaria. Sin tener en cuenta este cambio, el gasto de la incapacidad temporal fue de 3.304,69 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un incremento del 12,32% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.
De cualquier manera, el aumento del gasto en incapacidad temporal no pasa desapercibido. Los Presupuestos Generales del Estado que diseñó el Gobierno de Pedro Sánchez para este año ya contemplaban una partida de más de 8.600 millones de euros, cantidad un 8% superior a la destinada en 2018. Sin embargo, el proyecto pactado entre el PSOE y Unidas Podemos fracasó y, con las cuentas públicas del año pasado prorrogadas, la Seguridad Social cuenta para este fin con unos cerca de 7.980 millones de euros en 2019.
Ampliación de la plantilla de médicos inspectores
Hay que recordar que a finales del año pasado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desplegó un conjunto de acciones dentro del 'Plan de Intensificación de Actuaciones de control médico de las situaciones de incapacidad temporal'. La estrategia estaba dirigida a vigilar las bajas de menos de 345 días de duración con el objetivo de verificar que las situaciones de incapacidad temporal, y el correspondiente pago de prestaciones, estén médicamente justificadas, teniendo en cuenta la concreta actividad laboral del trabajador.
En este sentido, se anunciaron 64.000 controles médicos de procesos de incapacidad temporal que se sumaron a los que ya se venían realizando. Así, se pusieron en marcha acciones que implicaron un crecimiento de hasta el 25% sobre el plan de actuaciones de control ordinario. Para ello, los 267 inspectores médicos que participaron voluntariamente llegaron a ampliar durante cuatro horas su jornada laboral, según aseguró el propio Ministerio. Se estimó un coste total del plan de 312.142,56 euros y un ahorro en prestaciones de más de 33 millones de euros.
Impacto en la economía nacional
Consultados al respecto, en el Ministerio no hacen valoraciones sobre los resultados de este plan. Sin embargo, a la vista de los datos, por el momento el impacto ha sido nulo. El gasto que afronta la Seguridad Social por las bajas laborales sigue creciendo a tasas superiores al 12% y roza ya los 8.000 millones de euros anuales, un 60% más que en 2013, en plena crisis, y también por encima de los 7.200 millones de 2007, el último año de crecimiento robusto antes de la recesión.
Los sindicatos defienden que este incremento del gasto responde a una normalización de la situación tras años de miedo a pedir la baja. Mientras, la patronal advierte de la pérdida de competitividad que sufren las empresas por el absentismo. Según el informe 'El absentismo derivado de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes' –bajas no relacionadas con accidentes laborales– elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) las empresas españolas destinaron 6.900 millones de euros a los gastos por incapacidades temporales en 2018, un 10% más que en 2017 y la mayor cifra en cuatro años. Pero el sector empresarial no fue el único afectado. De las incapacidades temporales se deriva que se dejaran de producir bienes y servicios por valor de 70.741 millones de euros, casi el 6% del PIB.
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