Se aprobará a finales de julio

El gasto en defensa y el IPC empujan a Montero a otro techo de gasto histórico

El Ministerio de Hacienda aprobará a finales de este mes la cifra que limita el gasto no financiero del Estado y previsiblemente superará la del pasado año. Es el paso previo a la aprobación de los presupuestos.

María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Europa Press

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobará a finales de este mes el techo de gasto, es decir, el límite presupuestario con el que cuenta el Estado para elaborar las cuentas de 2023. Tras batir el récord histórico el pasado año, la inflación provocará que el gasto en pensiones se multiplique y esa partida, junto con el anunciado incremento de la inversión en defensa, obligarán a Montero a subir todavía más el techo de gasto. La titular de Hacienda ha explicado que el aumento de la recaudación tributaria con respecto al año pasado ha facilitado que el Ejecutivo ponga en marcha las medidas del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Este incremento de los ingresos por impuestos y la buena evolución del empleo y, por ende, de las cotizaciones sociales, también impulsarán el techo de gasto.

Para este 2022, Hacienda dio luz verde a un límite de gasto no financiero de 196.142 millones de euros, por encima del aprobado para 2021 y que incluía la absorción de una parte de los fondos europeos. Fuentes de Hacienda apuntan que esta partida es la que podría hacer bajar el techo de gasto. El límite que se contemplaba para este ejercicio incluía 26.355 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo React-EU. No obstante, dentro de los desembolsos previstos del Plan de Recuperación se prevén 17.000 millones de euros en dos pagos. Además, está previsto que España reciba 7.700 millones de euros 'extra' tras la revisión de la asignación por parte de la Comisión Europea y tras la presentación por parte del Gobierno de una adenda al Plan. Es decir, la diferencia con respecto al pasado ejercicio será mínima.

Solo en pensiones, y dependiendo de la evolución de los precios en la segunda mitad del año, diferentes organismos económicos calculan un incremento del gasto en entre 13.000 y 15.000 millones de euros. Esta cifra, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apenas dejaría margen al Gobierno para incrementar el gasto, si el Ejecutivo se alinea con la recomendación de la Comisión Europea sobre no aumentar el gasto por encima del crecimiento económico, algo que el organismo que preside Herrero sitúa en unos 15.000 millones de euros.

Pero la intención del Ejecutivo no pasa por ahí. El presidente del Gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa para que este sea del 2% del PIB en un plazo de ocho años, lo que implica un incremento ya en 2023. También está sobre la mesa una medida propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales: una renta universal de 100 euros mensuales para la crianza de cada niño de cada familia. En la misma línea, el departamento de Belarra también contempla un permiso retribuido de siete días para cuidados. En este sentido, y aunque el Gobierno prevé aumentar la recaudación tributaria con la creación de un impuesto sobre las empresas energéticas, lo cierto es que la lista de tareas pendientes obliga a Montero a inflar el techo de gasto.

Con las reglas fiscales europeas suspendidas un año más, el Ejecutivo gana margen. Montero no tiene que lograr la aprobación del Congreso de los Diputados de la senda de déficit fiscal. Sin embargo, su intención es la de "llevar el techo de gasto al Consejo de Ministros este mismo mes", según explicó la ministra el pasado jueves. Se trata de la siguiente tarea pendiente del Ministerio de Hacienda, tras la publicación de la orden ministerial de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y un asunto clave para la negociación con el resto de grupos de los que serían -si se logra su aprobación- los últimos presupuestos de esta legislatura.

Pese a no contar con unos límites de deuda y déficit por parte de Bruselas, el Gobierno tiene un compromiso de reducción de estos dos indicadores en los próximos tres años. En el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas, Montero se ha comprometido a que el déficit público cierre este año en el 5% del PIB. En cuanto al crecimiento, el Gobierno prevé que la economía española avance este año un 4,3%. En este sentido, el crecimiento económico también justifica un incremento del gasto previsto para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), para los que el Ejecutivo deberá buscar apoyos entre el resto de grupos políticos.

No obstante, tal como publicó este periódico, está previsto que Moncloa actualice su cuadro macroeconómico en octubre, cuando envíe el Plan Presupuestario a Bruselas, con las líneas maestras de las cuentas públicas de 2023. La inflación desbocada, en el 10,2% en junio, las perspectivas internacionales sobre los cuellos de botella y la amenaza de cortes de suministro para algunos países de la Unión Europea por parte de Rusia tendrán un impacto en la actualización de los indicadores que el Ejecutivo comunique a la Comisión Europea en otoño.

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