Fedea, el 'think tank' que ha diseñado para el Ministerio de Empleo la herramienta de perfilado estadístico de parados que se utilizará como referencia para que los Servicios Públicos de Empleo de toda España elaboren un itinerario personalizado para mejorar la inserción de desempleados y cuyo presidente, Ángel de la Fuente, fue elegido por Cristóbal Montoro para arbitrar los debates del Comité de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, se encargará también de coordinar los trabajos técnicos para la elaboración del informe de evaluación del gasto público en España encomendado por el Gobierno, a instancias de la Comisión Europea, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Esta evaluación, o 'spending review' como la ha dado en denominar Airef, supone el mayor trabajo de análisis del gasto público realizado jamás en España y sus resultados aspiran a redefinir la política presupuestaria tal y como la conocemos para incidir en aquellos programas presupuestarios que resulten más eficaces, por cumplir los objetivos para los que fueron concebidos, o más eficientes, porque permitan cumplir objetivo de política económica con el menor esfuerzo presupuestario posible.
El trabajo es de tal envergadura que pese a movilizar buena parte de los recursos disponibles en el seno de Airef y contar, además, con la colaboración de las unidades de evaluación del Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (la antigua Aeval) y del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) a la institución que preside José Luis Escrivá no le ha quedado más remedio que buscar consultores externos para manejar toda la información necesaria para evaluar los más de 20.000 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas que le corresponde analizar.
Pedro Comín, el inspector del Banco de España que ya coordinara la valoración de los activos de las entidades financieras españolas en los controvertidos 'stress test' a la banca y que ahora se encarga de coordinar los grupos de trabajo constituidos para realizar este informe de evaluación del gasto público, detallaba hace un par de días en una jornada organizada por Funcas y la Comisión Europea las dificultades el trabajo en que se ha embarcado Airef. "Es cierto que hay un importante volumen de datos disponibles, pero también que tenemos que chequear información de 17 fuentes distintas, cuando no también de entidades locales. En algunos casos ésta información es homogénea, pero en otros casos estamos pidiendo información 'fuera de catálogo' y necesitaremos apoyo externo para realizar los trabajos de campo".
En los próximos días Airef resolverá el contrato licitado por 1.650.000 euros para la contratación de consultores externos que ejecuten el trabajo de campo necesario para procesar los cientos de millones de datos presupuestarios y de otra naturaleza que la institución deberá filtrar para sacar adelante su informe.
Lo que ya ha resuelto es la contratación del asesor científico para el diseño y seguimiento de las evaluaciones de eficiencia y eficacia del estudio de revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las Administraciones Públicas, que se ha adjudicado Fedea por 54.000 euros y una de cuya atribuciones será coordinar los trabajos de campo que lleven a cabo los consultores externos.
Una decena de analistas al servicio de la Airef
Fedea pondrá a disposición de Airef un equipo de una decena de profesionales bajo la coordinación del propio Ángel de la Fuente, que contribuirán a coordinar los trabajos de captación y procesamiento de datos en cada una de las áreas que se han definido como prioritarias para este primer informe de evaluación del gasto público (Ver gráfico).
En principio, el informe de evaluación de la calidad del gasto público en España encargado por el Gobierno a Airef se elaborará en tres tomas, de las que ésta primera debería presentarse antes de la finalización de 2018, ofreciendo un panorama de situación detallado en los siguientes campos: Planes Estratégicos y Sectoriales, y Coordinación entre administraciones públicas, medicamentos dispensados a través de receta médica, políticas activas de empleo, becas de educación universitaria, ayudas a contratos 'predoctorales' y contratación de doctores, subvenciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial y gasto por la prestación del Servicio Postal Universal de la sociedad estatal Correos.
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