Barcelona, 29 mar.- La Generalitat ha decidido rebajar un 21,7 % el precio de trece de los edificios que tiene a la venta y agruparlos en un solo lote con el fin de ingresar 162,6 millones de euros y aliviar sus maltrechas finanzas.
Fuentes del Govern han explicado a Efe que el gobierno catalán ha rebajado el precio para adaptar la tasación de estos inmuebles, que correspondía a marzo del año pasado, a la nueva caída de precios del mercado inmobiliario.
La Generalitat, que había intentado negociar la venta de estos edificios de Barcelona uno a uno, ha recuperado ahora el modelo inicial de venta en lote para estos trece después de ver el interés de inversores internacionales por el paquete de inmuebles.
En concreto, fuentes del Departamento de Economía han asegurado que en la feria inmobiliaria Mipim de Cannes (Francia) inversores de países como Ucrania, Rusia, Israel, Alemania, Suiza, el Reino Unido o Francia se interesaron por estos activos, por lo que el Govern ha abierto ahora un plazo de veinte días naturales para que puedan presentar ofertas vinculantes.
Entre estos edificios, destaca la sede del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, situada en el número 202 de la Via Augusta, cuyo precio de salida se ha recortado desde los 52,14 millones a los 40,37 millones; y la del Departamento de Agricultura, ubicada en el número 612 de la Gran Via de les Corts Catalanes, que ha pasado de valer 26,9 millones a 20,6.
Estos trece edificios se ponen a la venta con la Generalitat como inquilina durante un período de veinte años, una modalidad conocida como "sale & lease back" o compra con arrendamiento posterior.
El Govern ha dado a conocer este acuerdo al publicarlo en la edición de ayer del Diario Oficial de la Generalitat, a pesar de que el acuerdo se adoptó en la reunión de Govern del martes.
Otra novedad en este proceso de venta de patrimonio es que el Govern ha aplicado un descuento del 5 % al alquiler que tendrá que pagar anualmente al comprador y calcula que, si cierra la venta de todos estos inmuebles, se podría ahorrar en alquileres un total de 21,8 millones de euros en este período.
Pese a que el Govern arrancó el proceso de venta de inmuebles en 2011, entre el año pasado y este primer trimestre de año solo ha logrado cerrar cuatro ventas, por las que ha ingresado casi 94 millones, la última de ellas la de la sede de la Agencia Tributaria Catalana.
Pero en un intento de obtener ingresos como sea para aliviar sus problemas de tesorería, la Generalitat tiene a la venta en principio otros tres edificios más con ella como inquilina y prevé subastar otros tres inmuebles que están desocupados, con lo que actualmente la Generalitat aspira a dar salida a un total de diecinueve edificios.
De entre los tres primeros, destaca la venta del edificio que acoge la Bolsa de Barcelona, situado en el paseo de Gràcia, que es la 'joya de la corona' de todos los inmuebles en venta.
La Generalitat negocia con diversos fondos de inversión su venta por un precio de salida que estaba fijado en 57,4 millones de euros, y estaría dispuesta incluso, según fuentes del sector, a flexibilizar las condiciones de la venta, de forma que no hubiera inquilino.
El problema es que ello obligaría a trasladar a otra parte las instalaciones de La Bolsa para que el comprador pudiera disponer del edificio y convertirlo, por ejemplo, en un hotel.
Además, el Govern tenía previsto vender también otros dos edificios: uno situado en el número 523-525 de la Diagonal y el otro en el número 148-150 de la calle Sepúlveda, el Departamento de Trabajo.
A estos tres hay que sumar los otros tres que se subastarán este año: un edificio en el paseo Pujades 11-13 de Barcelona; la Casa Burés y la antigua sede del Memorial Democràtic, situada en la Via Laietana,
La Generalitat está inmersa en un proceso de elaboración de los presupuestos de 2013 y, a falta de conocer cuál será el margen extra que obtendrá de déficit público para este año, necesita impulsar la venta de inmuebles de su propiedad para conseguir ingresos extraordinarios.
Después de cerrar dos privatizaciones de calado el año pasado, como la de la empresa Aigües Ter Llobregat -ahora en cuestión, tras los autos del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) conocidos esta semana- y la de los túneles del Cadí y Vallvidrera, por las que obtuvo unos 1.343 millones, al gobierno catalán apenas le queda otra opción que vender patrimonio para contar con ingresos extraordinarios.
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