La consellera de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha acusado al Estado de ahogar económicamente a Cataluña, y le ha reclamado unos 1.300 millones de euros en concepto de los anticipos del modelo de financiación pendientes de pago (más de 800 millones) y de liquidación del IVA (480).
En una entrevista con Europa Press, la consellera ha afirmado: "Desde el Govern no queremos quedarnos de brazos cruzados y queremos denunciar y pedir que nos paguen aquello que nos toca, que son estos 1.300 millones". De lo contrario, "ni las universidades ni la sanidad ni el despliegue de más cuerpos de seguridad y emergencias ni esas políticas que nos deben hacer avanzar serán posibles", ha advertido la portavoz de la Generalitat.
"Nos obligan a no poder generar más déficit que el permitido, a cumplir la regla del gasto, y cumplir con el tema de la deuda, de forma que si el Govern no cumple no se podrán devolver las pagas dobles que se restaron en 2012 y 2013 y abonar los incrementos salariales que corresponden" a trabajadores de la Generalitat, ha observado.
Amenaza de intervención
Budó ha criticado la existencia de una "amenaza de intervención del Gobierno sobre las cuentas de la Generalitat cuando en 2018, por primera vez, se ha cumplido todos los objetivos que marca la ley". Tras constatar la demanda de otras comunidades sobre los anticipos, poco después de que el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ordenara un 'cierre de caja' y ajustes en consellerias y empresas públicas, Budó ha destacado que "el ahogo económico sucede sobre todo en Catalunya".
"Aunque la cuestión de los anticipos también sucede en el resto de comunidades autónomas, este ahogo económico que estamos sufriendo es evidente que Catalunya lo vive en primera persona, teniendo en cuenta que es uno de los territorios que más recursos genera y más aporta al PIB", ha asegurado la portavoz.
Liquidación del IVA
Sobre el IVA, ha urgido al Gobierno central a modificar la ley para impedir que la liquidación de este impuesto durante 2019 genere una pérdida de 480 millones al cerrar la anualidad, fruto de la implantación del nuevo sistema de recaudación este año.
"Nos ha empezado a afectar este año porque el sistema retrasa un mes los pagos, y todo aquello que has pagado durante un año, de enero a diciembre, hasta el año que viene no te llega", y ha subrayado que existía un compromiso para modificar la norma y evitar este problema.
Budó ha confiado en que el Govern podrá sacar los Presupuestos para 2020, y dialogará con las diferentes formaciones que se han ofrecido a dialogar -CUP, comuns y PSC- para buscar consensos y apoyos que desencallen unas cuentas en la que las diferentes fuerzas se puedan "sentir cómodas". Preguntada por si descarta que se convoquen elecciones de no salir adelante las cuentas de la Generalitat, ha dicho: "En estos momentos yo no contemplo que no se aprueben los Presupuestos".
Ha confiado en que el vicepresidente Aragonès liderará las negociaciones, con las que podrá contar con la colaboración conjunta de los diferentes departamentos, y ha llamado a la "responsabilidad política" del Govern y de las fuerzas de la oposición.
"Tenemos que ser capaces de decirle a la ciudadanía que para todo aquello que nos permite avanzar como país nos ponemos de acuerdo", ha subrayado la consellera de la Presidencia.
Ha cuestionado que se pueda "desvincular" el mandato soberanista del Govern de los Presupuestos, como planteaba Marta Vilalta (ERC) en una entrevista reciente, argumentando que el Gobierno catalán es fruto de los compromisos del 1-O y del 21-D.
Sobre las demandas de ayudas directas y a fondo perdido que reclaman agricultores y ganaderos tras el incendio de La Ribera d'Ebre (Tarragona), la consellera ha resaltado que la normativa les impide subvencionar de forma directa algo que se puede asegurar.
Igualmente, ha dicho que estarán al lado de las personas afectadas por el fuego, a las que el Govern ha ofrecido un crédito blando a través del Institut Català de Finances (ICF) y en septiembre tiene prevista una reunión con alcaldes y representantes de las zonas afectadas.
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