Cerca de 15.000 contribuyentes catalanes - 14.498, para ser exactos - cumplimentaron y/o presentaron el pasado año su Declaración de Renta de 2017 a través de alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) según acaba de revelar el propio organismo. El dato supone todo un espaldarazo para la Hacienda catalana que desde el año 2014 lleva intentando sin mucho éxito canalizar a través de sus servicios de atención al público la presentación de las declaraciones de IRPF de los contribuyentes catalanes con el objetivo simbólico y no disimulado de proyectar la imagen de que podrían asumir perfectamente la gestión del principal impuesto del sistema tributario estatal.
Sin embargo, el éxito de la Campaña de Renta del pasado ejercicio para la ATC viene envuelto en la polémica después de que trascendiera en los medios de comunicación un informe de la Guardia Civil que acusaba al Govern de Artur Mas de desarrollar, allá por el año 2014, una aplicación informática para extraer de forma irregular información de las declaraciones de renta presentadas por los contribuyentes en las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana y alimentar así la base de datos fiscales de una futura Hacienda catalana independiente de la española.
La sombra de sospecha extendida sobre las prácticas de la Agencia Tributaria Catalana a raíz de este informe no impide que la presentación de la Declaración de la Renta en las oficinas del organismo tributario de la Generalitat de Cataluña sea una práctica complemente legal.
De hecho, está avalada por un convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria Catalana hace más de una década, en julio de 2005, siendo secretario de Estado de Hacienda y presidente de la AEAT el que luego sería gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El documento, rubricado en el arranque de la era Zapatero y en un contexto marcado por los primeros compases del proceso político que desembocaría en la aprobación del nuevo Estatut de Autonomía de Cataluña, preveía la posibilidad - habilitada legalmente apenas tres meses antes - de que las haciendas autonómicas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla pudieran conveniar con la Agencia Tributaria estatal la colaboración a la hora de tramitar la presentación telemática del Impuesto sobre la Renta.
Pieza clave para el despliegue de la Hacienda catalana
La habilitación legal permaneció casi inédita hasta 2014 cuando el Govern de Artur Mas amparó la campaña 'Declárate en Cataluña', lanzada por la Asamblea Nacional Catalana (la controvertida ANC), para promover la presentación de la declaración de la renta a través de las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana y también, al parecer, con otros objetivos más oscuros y menos acordes con la legalidad como se ha referido antes.
La respuesta ciudadana a la campaña fue más que tibia y apenas unas decenas de contribuyentes optaron por utilizar ese canal. Ha sido ahora, con el despliegue territorial de la Agencia Tributaria Catalana por la apertura de una veintena de nuevas oficinas y la ampliación de la red hasta 32 establecimientos, cuando el 'canal catalán' ha conseguido una respuesta más masiva por parte de los contribuyentes.
El despliegue de oficinas físicas realizado justo antes del referéndum ilegal del 1-O para alentar lo que se dio en llamar 'desconexión fiscal' se acompañó este año de una intensa campaña publicitaria para difundir que "por primera vez" la Agencia Tributaria Catalana participaría en la campaña de asistencia a contribuyentes con medios propios, con sus propias oficinas y su propio personal.
Con los datos difundidos por la ATC en la mano, la red de oficinas de la Hacienda catalana habría logrado captar a 15.000 de los 25.000 contribuyentes que presentaron su declaración de renta de manera presencial en 2017 en las oficinas de la AEAT.
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