Las gestoras presionan a Escrivá y piden más incentivos en el fondo de pensiones

Las gestoras de fondos esperan más incentivos para participar en el fondo de pensiones público en el que trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque ya se han intercambiado varios documentos y el anteproyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo se quiere aprobar antes del final de febrero, fuentes del sector creen que todavía "hay margen" para incorporar beneficios fiscales "no solo más interesantes para las empresas, sino también para los ciudadanos".

Las mismas fuentes consideran que el fondo público es una muy buena iniciativa y esperan que tenga muy buena acogida, pero creen que el principal beneficio fiscal no puede venir de "menoscabar el ahorro privado". Desde los Presupuestos Generales del Estado del pasado año, el Gobierno modificó las deducciones por las aportaciones realizadas a los fondos de pensiones privados. En dos años la parte que se puede desgravar ha pasado de los 8.000 euros en 2020 a los 2.000 en 2021 y a 1.500 euros en 2022. Esos 500 euros que se ha reducido la desgravación se han trasladado a los planes de empresa, cuyo máximo deducible asciende a 8.000 euros. Además creen que se está castigando al ahorro privado sin haber desarrollado el segundo pilar de la previsión social, los planes de empresa.

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Desde Inverco, consideran que el anteproyecto debería incluir mayores bonificaciones similares a las que disfrutaban estos productos en 2006, algo que aseguran "está muy lejos de lo que se incluye en el borrador". En este sentido, abogan por deducciones del impuesto de Sociedades para las empresas que tengan este tipo de planes y más ventajas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los contribuyentes que apuesten por ellos.

En el último borrador que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó a los agentes sociales, el Gobierno daba pasos para facilitar la aceptación de las empresas del sector. En primer lugar, desaparecían los requisitos de patrimonio gestionado que debían cumplir las gestoras para optar al fondo público de pensiones. Además, tampoco se hacía mención a las comisiones que tendrían los productos ofertados bajo el paraguas del fondo. No obstante, fuentes del sector señalan que prestarán "atención al detalle que es donde estará la clave" y es que el Ejecutivo ha dejado para ordenamientos posteriores esas dos cuestiones, tal como explicó este periódico.

Otra fuente apunta a que los objetivos fijados por el Ministerio son muy ambiciosos. En el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el departamento que dirige José Luis Escrivá establece que con el impulso de los planes de empleo pretende que "la población cubierta aumente desde los dos millones de trabajadores actuales a trece millones en 2030 y hasta alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta en el largo plazo; y que los activos bajo gestión, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% al final de esta década y un 18% en 2040 y un 31% en 2050". En este sentido, incide en que si "en una década se espera un 9% (en patrimonio gestionado) y en 30 años hemos conseguido el 3%" habría que analizar "qué ha fallado para no repetir los errores".

Calendario

Varias fuentes del sector coinciden en que el calendario es ajustado porque contaban con que el anteproyecto estuviera aprobado en enero. Sin embargo, el compromiso del Gobierno con Bruselas es que se haya llevado a cabo durante el primer semestre de 2022. Desde Inverco creen que puede llegar a coincidir el debate en el Congreso con el desarrollo del reglamento posterior para agilizar los tiempos, pero entienden que junto con las licitaciones que fijarán qué gestoras ofertan los fondos públicos de pensiones el proceso podría prolongarse hasta final de año.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no aseguran que el anteproyecto se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes. Las voces más pesimistas del sector financiero creen que el fondo público tardará años en entrar en funcionamiento y lo justifican por la plataforma digital única en la que tanto los beneficiarios como los promotores de planes de pensiones de empleo y la administración pública intercambien información.